“No estoy de acuerdo” en que la defensa en favor de los derechos indígenas haya empezado con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), porque “estaríamos pisando terreno falso”, afirmó el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, y consideró a los zapatistas un grupo “ideológico, y parte del folclor nacional, cuyos líderes se dedican a pasear como Pedro por su casa por toda la República”.
En la sesión pública de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro agregó que el EZLN “hace 13 años que le declaró la guerra al Ejército Mexicano y no han disparado ningún tiro”. Aguirre respondió así a los argumentos de Genaro Góngora Pimentel, quien dijo que la lucha en pro de las etnias comenzó con el levantamiento armado de los zapatistas y la reivindicación de los derechos de los indígenas; el cese al fuego y un posterior esfuerzo entre el gobierno federal y el EZLN, que culminó con los acuerdos de San Andrés.
Lo anterior formó parte del debate que inició el pleno de la SCJN acerca de 44 controversias constitucionales que interpusieron municipios de San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Oaxaca y Chiapas contra las leyes federales de telecomunicaciones, radio y televisión en artículos relacionados con estaciones de radio comunitarias.
A pesar de sus diferencias, Góngora y Aguirre hablaron en contra del proyecto elaborado por Juan N. Silva Meza, en el que éste propuso desechar las controversias con el argumento de que los municipios no están facultados para defender los derechos de las comunidades indígenas o para que éstas cuenten con radios comunitarias.
Góngora dijo que los municipios sí tienen interés legítimo para impugnar normas que afectan a los pueblos asentados en su territorio. Señaló que la reforma constitucional en materia indígena determinó la obligación de la Federación, estados y municipios de promover la igualdad de oportunidades, eliminar prácticas discriminatorias y diseñar instituciones y políticas públicas para garantizar la vigencia de los derechos y el desarrollo integral de las etnias.
Planteó que el Poder Legislativo no ha cumplido con la obligación de “establecer condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación”. Y llamó a los otros ministros a tomar con mucho cuidado la resolución de las controversias, porque la Corte “es la única que puede hacer efectivos los derechos consagrados en el artículo segundo constitucional”. Por eso, subrayó, me parece indispensable reconocer el interés legítimo de los municipios para defender los derechos de pueblos y comunidades indígenas.
En la sesión pública de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro agregó que el EZLN “hace 13 años que le declaró la guerra al Ejército Mexicano y no han disparado ningún tiro”. Aguirre respondió así a los argumentos de Genaro Góngora Pimentel, quien dijo que la lucha en pro de las etnias comenzó con el levantamiento armado de los zapatistas y la reivindicación de los derechos de los indígenas; el cese al fuego y un posterior esfuerzo entre el gobierno federal y el EZLN, que culminó con los acuerdos de San Andrés.
Lo anterior formó parte del debate que inició el pleno de la SCJN acerca de 44 controversias constitucionales que interpusieron municipios de San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Oaxaca y Chiapas contra las leyes federales de telecomunicaciones, radio y televisión en artículos relacionados con estaciones de radio comunitarias.
A pesar de sus diferencias, Góngora y Aguirre hablaron en contra del proyecto elaborado por Juan N. Silva Meza, en el que éste propuso desechar las controversias con el argumento de que los municipios no están facultados para defender los derechos de las comunidades indígenas o para que éstas cuenten con radios comunitarias.
Góngora dijo que los municipios sí tienen interés legítimo para impugnar normas que afectan a los pueblos asentados en su territorio. Señaló que la reforma constitucional en materia indígena determinó la obligación de la Federación, estados y municipios de promover la igualdad de oportunidades, eliminar prácticas discriminatorias y diseñar instituciones y políticas públicas para garantizar la vigencia de los derechos y el desarrollo integral de las etnias.
Planteó que el Poder Legislativo no ha cumplido con la obligación de “establecer condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación”. Y llamó a los otros ministros a tomar con mucho cuidado la resolución de las controversias, porque la Corte “es la única que puede hacer efectivos los derechos consagrados en el artículo segundo constitucional”. Por eso, subrayó, me parece indispensable reconocer el interés legítimo de los municipios para defender los derechos de pueblos y comunidades indígenas.
Nota de Jesús Aranda, La Jornada, 10 de octubre.
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