El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentó ayer una iniciativa de reforma constitucional para constituir un nuevo marco legal en materia de telecomunicaciones, radio y televisión, con el propósito de corregir las deficiencias de la reforma de 2006, que afecta la soberanía del Estado en este sector y debilita los derechos ciudadanos.
El proyecto plantea fortalecer la rectoría del Estado en telecomunicaciones, específicamente en el control del espectro radioeléctrico; evitar la concentración monopólica de las frecuencias; crear un órgano público y autónomo en la materia, así como asegurar la participación de las comunidades y pueblos indígenas en la adquisición, operación y administración de medios de comunicación, entre otros.
En el proyecto presentado por los diputados José Alfonso Suárez del Real, Raymundo Cárdenas, Ramón Pacheco y Mónica Fernández se asegura que la reforma de 2006 afectó el interés nacional, debido a que mantiene las bases estructurales de la concentración de los espacios de comunicación social y margina a la ciudadanía del desarrollo de un modelo de comunicación acorde a las condiciones y necesidades del país.
La iniciativa del grupo parlamentario del PRD considera reformas a los artículos 2, 3, 4, 6, 28 y 73 de la Constitución, y propone la creación de una nueva ley que regule la prestación de las estaciones de radio y televisión y defina los criterios con los cuales se manejarán las estaciones que operen los concesionarios.
Los legisladores plantean que, aun cuando el gobierno federal se ha pronunciado por evitar la concentración de concesiones del espectro radioeléctrico y el peligro de que el duopolio televisivo domine un área prioritaria para el país, aún no se adoptan medidas jurídicas y políticas para salvaguardar este sector.
Entre los propósitos de la reforma también se señala que el Estado debe estar obligado a otorgar facilidades y condiciones materiales para la operación de medios no comerciales, así como garantizar el acceso equitativo y universal de los mexicanos a las tecnologías de la información y comunicación.
Se propone constituir un órgano público y autónomo que regule el espacio radioeléctrico y dictamine sobre la procedencia de las concesiones y permisos para operar estaciones de radio y televisión, mediante procesos transparentes y condiciones equitativas.
También plantea dejar claro el ejercicio de la libertad de expresión, por lo que se propone agregar un párrafo al artículo sexto constitucional para prohibir que se restrinja ese derecho por vías o medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares en el suministro de papel a medios impresos, el otorgamiento de permisos de frecuencias o por cualquier otro medio encaminado a impedir o coartar la comunicación y la libre circulación de ideas y opiniones.
El proyecto plantea fortalecer la rectoría del Estado en telecomunicaciones, específicamente en el control del espectro radioeléctrico; evitar la concentración monopólica de las frecuencias; crear un órgano público y autónomo en la materia, así como asegurar la participación de las comunidades y pueblos indígenas en la adquisición, operación y administración de medios de comunicación, entre otros.
En el proyecto presentado por los diputados José Alfonso Suárez del Real, Raymundo Cárdenas, Ramón Pacheco y Mónica Fernández se asegura que la reforma de 2006 afectó el interés nacional, debido a que mantiene las bases estructurales de la concentración de los espacios de comunicación social y margina a la ciudadanía del desarrollo de un modelo de comunicación acorde a las condiciones y necesidades del país.
La iniciativa del grupo parlamentario del PRD considera reformas a los artículos 2, 3, 4, 6, 28 y 73 de la Constitución, y propone la creación de una nueva ley que regule la prestación de las estaciones de radio y televisión y defina los criterios con los cuales se manejarán las estaciones que operen los concesionarios.
Los legisladores plantean que, aun cuando el gobierno federal se ha pronunciado por evitar la concentración de concesiones del espectro radioeléctrico y el peligro de que el duopolio televisivo domine un área prioritaria para el país, aún no se adoptan medidas jurídicas y políticas para salvaguardar este sector.
Entre los propósitos de la reforma también se señala que el Estado debe estar obligado a otorgar facilidades y condiciones materiales para la operación de medios no comerciales, así como garantizar el acceso equitativo y universal de los mexicanos a las tecnologías de la información y comunicación.
Se propone constituir un órgano público y autónomo que regule el espacio radioeléctrico y dictamine sobre la procedencia de las concesiones y permisos para operar estaciones de radio y televisión, mediante procesos transparentes y condiciones equitativas.
También plantea dejar claro el ejercicio de la libertad de expresión, por lo que se propone agregar un párrafo al artículo sexto constitucional para prohibir que se restrinja ese derecho por vías o medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares en el suministro de papel a medios impresos, el otorgamiento de permisos de frecuencias o por cualquier otro medio encaminado a impedir o coartar la comunicación y la libre circulación de ideas y opiniones.
Nota de Enrique Méndez y Roberto Garduño, La Jornada, 12 de octubre.
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