Buscan evitar el control oficial de medios públicos

Los partidos del Frente Amplio presentaron en el Senado una iniciativa de Ley de Medios Públicos de Radiodifusión, con el fin de evitar que el Ejecutivo “controle a su antojo” esos espacios.

En la iniciativa presentada por el perredista David Jiménez se recuerda que los directores de Canal 11 y de Canal 22, Fernando Sariñana y Jorge Volpi, respectivamente, fueron colaboradores de Felipe Calderón en campaña, lo que demuestra el control político de facto y de derecho por parte de la Presidencia de la República.

La iniciativa, turnada a comisiones, propone revisar el marco legal con que operan los medios públicos, para que se conviertan en espacios plurales con posibilidad de abrirse a la comercialización y solventar sus necesidades económicas y de desarrollo.

En la exposición de motivos se destaca que, bajo ninguna circunstancia, la radiodifusión pública debe convertirse en una herramienta gubernamental o en distractor para que la sociedad se mantenga ajena al conocimiento de los grandes temas nacionales.

“Deben ser auténticos instrumentos de Estado, a través de los cuales realice los fines que le son propios; no puede admitirse la existencia de medios al servicio del gobierno en turno. Es indispensable que los medios públicos sean entes de Estado, no de gobierno”.

Las bancadas de PRD, PT y Convergencia reconocieron la aportación que han hecho el Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación, Canal 11 y Canal 22, así como las estaciones locales en las entidades.

Sin embargo, destacaron que dichos medios pueden verse influenciados por directrices o políticas gubernamentales, con lo que se alejan de sus propósitos.

Se propone la creación de una ley, cuyo objeto sea regular la instalación, operación y funcionamiento de los medios públicos de radiodifusión, fomentando el desarrollo de su cobertura y servicios mediante la mejora en la calidad de sus contenidos y sus posibilidades de financiamiento.

Contiene dos capítulos, en los cuales se impulsa la transparencia en su manejo y administración, además de procurar la generación de instrumentos favorables y las condiciones para el desarrollo pleno de su potencial educativo, cultural, científico, informativo y de servicio social, de conformidad con los fines y principios establecidos en la citada ley.
Nota de Angélica Mercado, Milenio, 29 de febrero.

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