Afianzan reglas contra promoción de servidores

La resistencia de algunos partidos no evitará que el IFE apruebe hoy el reglamento sobre la prohibición a los funcionarios públicos de promover su imagen personal mediante los mensajes institucionales.

Con el reglamento, que se votará en la sesión de Consejo General de esta tarde, el IFE pretende, por lo menos, armar expedientes sobre la promoción personalizada de servidores públicos, que podrán revisarse antes de registrarlos como candidatos, para analizar si procede declarar inelegible a un personaje que se adelantó y promovió su imagen antes de que iniciaran siquiera las precampañas.

Aunque al cierre de esta edición seis consejeros continuaban en el análisis del reglamento y escuchaban las objeciones de los partidos, los cambios que se hacían eran mínimos, todo encaminado a construir un consenso que evite que el reglamento sea impugnado ante el Tribunal Electoral.

Los más reacios a la aprobación del reglamento fueron el PRI y el Partido Verde. Mientras que por el lado de los consejeros, Marco Gómez se manifestó en contra.

En contraste, el PRD consideró que el documento elaborado por los consejeros se quedaba corto en la regulación de la promoción de los servidores públicos.

A propuesta del PAN se modificó la redacción de un artículo para aclarar que el IFE giraría vistas a congresos o contralorías para revisar si un funcionario cumplió la ley, de manera que el reglamento no incluyera ninguna expresión que pudiera entenderse como instrucción del instituto a esos órganos, para lo que no tiene facultad.

Otra de sus inquietudes radicaba en el margen de discrecionalidad otorgado al instituto para calificar si un personaje buscó promover su imagen, y se pidió retirar ese inciso, toda vez que se desplegó todo un catálogo de conductas prohibidas en la publicidad institucional, como la aparición de nombre, fotografía, silueta, imagen, voz y hasta lemas o frases de un servidor público.

Para que los partidos expresaran sus objeciones se necesitaron dos horas; entre otras observaciones, el PAN hizo ver la inconsistencia del reglamento al pretender sancionar a los partidos por supuestas infracciones de sus servidores públicos, ya que la reforma electoral otorgó facultades expresas para castigar a particulares.

También los consejeros expresaron algunas dudas sobre la forma de procesar quejas por mensajes enviados por correo electrónico o teléfono, y Benito Nacif pidió aclarar cómo se valorarían las pruebas. El consejero Andrés Albo señaló que, en lo general, la mayoría de sus compañeros se manifestó a favor del documento.
Nota de Lorena López y Georgina Morett, Milenio, 12 de marzo.

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