El Senado aprobó la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia con la modificación que le hicieron los diputados, quienes eliminaron los allanamientos sin orden judicial.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra, del Partido del Trabajo (PT), presentó una moción suspensiva para que la minuta no se discutiera porque, argumentó, “el proceso que se siguió en la Cámara de Diputados está viciado de inconstitucionalidad por su deficiente tramitación”.
Insistió ante el pleno que en San Lázaro sólo se debió haber discutido sobre los cambios que se hizo al dictamen en Xicoténcatl; es decir, sobre la modificación del párrafo séptimo del artículo 16, pero “suprimió la totalidad del párrafo séptimo de dicho numeral. Con ello se viola lo dispuesto en el artículo 72 constitucional”.
Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México rechazaron la moción.
“Crítica en serio”
El perredista Pablo Gómez advirtió en tribuna que con la aprobación de esas reformas “nos colocamos en contra del mundo en materia de inviolabilidad de los derechos fundamentales.
“Esto es un asunto muy grave, y nos va a llover la crítica muy en serio. Lo que está a punto de consumar esta reforma no es un asunto secundario.
“Este país va a penar como Estado, y la comunidad internacional va a preguntar dónde está la sociedad mexicana, que permite a su Parlamento ofender de esa manera derechos fundamentales, que ya se consideran inviolables en el mundo.”
Lo que se votaba, detalló, “no es una reforma producto de un proyecto general de seguridad pública y justicia, sino de algo que yo pudiera calificar como pliegos petitorios de las autoridades. La autoridad necesita aprehender sin orden de un juez, lo pide, y se le ha dado.
“El Ministerio Público, la autoridad policiaca, quiere meterse en cualquier parte sin orden judicial, y ese fue el punto que no se le concedió. La autoridad quiere poner en la Constitución el arraigo, que es el secuestro de posibles delincuentes para mantenerlos hasta por 80 días bajo interrogación e incomunicación, y se le concede.”
Con esa reforma, abundó el perredista, “el Ministerio Público, puesto de acuerdo con un juez, le puede suspender a cualquiera sus garantías, acusándolo de delincuencia organizada, y asociándolo con otras dos personas. Los derechos fundamentales que se establecen en la Constitución, y que son negados en la misma, de acuerdo con el arbitrio de la autoridad, constituyen una regresión, un paso atrás en la lucha en favor de los derechos fundamentales, de los derechos humanos”.
El también senador perredista Ricardo Monreal aseveró: “estos cambios son una regresión en materia de derechos humanos, es una reforma incompleta, totalmente persecutoria de los derechos ciudadanos y de los individuos”.
Otro tema delicado es el de la extradición, “porque renunciamos a nuestra soberanía. Con la aprobación de esta reforma, los países con los que hemos suscrito convenios de extradición podrán solicitar a personas vinculadas con el crimen organizado para que sean juzgadas antes que en este país”, expresó.
La senadora del PT Rosario Ibarra denunció en tribuna que “aun cuando todavía no se aprueba esta ley, hoy jueves por la mañana me hablaron de Monterrey, de la colonia San Bernabé, en el municipio de San Nicolás de los Garza, adonde llegó el Ejército, la Policía Judicial en un operativo antinarco, y a un jovencito que, dijo su madre, salió a comprar tortillas y en el camino se puso a platicar con dos jóvenes, se los llevó la policía, como delincuencia organizada.
“Y se llevaron a 154 menores después, y también a adultos sin orden de aprehensión. Y cuando iba la familia a buscarlos, la policía les decía: ‘sí se los lleva, si paga 500 pesos de multas’”.
Por Acción Nacional, el senador Ulises Ramírez subió a la tribuna para justificar la reforma.
Expuso: “¿por qué en el PAN estamos en favor? Primero, porque señalamos que estábamos dispuestos a ir a una reforma constitucional que diera mayores facultades al Ejecutivo en la lucha contra la delincuencia organizada, a los cuerpos policiacos, al Ministerio Público, y lo hicimos, pero siempre bajo la premisa de no violentar las garantías individuales de los mexicanos”.
El PRI no se atrevió a ir a la tribuna, sólo votó en favor.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra, del Partido del Trabajo (PT), presentó una moción suspensiva para que la minuta no se discutiera porque, argumentó, “el proceso que se siguió en la Cámara de Diputados está viciado de inconstitucionalidad por su deficiente tramitación”.
Insistió ante el pleno que en San Lázaro sólo se debió haber discutido sobre los cambios que se hizo al dictamen en Xicoténcatl; es decir, sobre la modificación del párrafo séptimo del artículo 16, pero “suprimió la totalidad del párrafo séptimo de dicho numeral. Con ello se viola lo dispuesto en el artículo 72 constitucional”.
Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México rechazaron la moción.
“Crítica en serio”
El perredista Pablo Gómez advirtió en tribuna que con la aprobación de esas reformas “nos colocamos en contra del mundo en materia de inviolabilidad de los derechos fundamentales.
“Esto es un asunto muy grave, y nos va a llover la crítica muy en serio. Lo que está a punto de consumar esta reforma no es un asunto secundario.
“Este país va a penar como Estado, y la comunidad internacional va a preguntar dónde está la sociedad mexicana, que permite a su Parlamento ofender de esa manera derechos fundamentales, que ya se consideran inviolables en el mundo.”
Lo que se votaba, detalló, “no es una reforma producto de un proyecto general de seguridad pública y justicia, sino de algo que yo pudiera calificar como pliegos petitorios de las autoridades. La autoridad necesita aprehender sin orden de un juez, lo pide, y se le ha dado.
“El Ministerio Público, la autoridad policiaca, quiere meterse en cualquier parte sin orden judicial, y ese fue el punto que no se le concedió. La autoridad quiere poner en la Constitución el arraigo, que es el secuestro de posibles delincuentes para mantenerlos hasta por 80 días bajo interrogación e incomunicación, y se le concede.”
Con esa reforma, abundó el perredista, “el Ministerio Público, puesto de acuerdo con un juez, le puede suspender a cualquiera sus garantías, acusándolo de delincuencia organizada, y asociándolo con otras dos personas. Los derechos fundamentales que se establecen en la Constitución, y que son negados en la misma, de acuerdo con el arbitrio de la autoridad, constituyen una regresión, un paso atrás en la lucha en favor de los derechos fundamentales, de los derechos humanos”.
El también senador perredista Ricardo Monreal aseveró: “estos cambios son una regresión en materia de derechos humanos, es una reforma incompleta, totalmente persecutoria de los derechos ciudadanos y de los individuos”.
Otro tema delicado es el de la extradición, “porque renunciamos a nuestra soberanía. Con la aprobación de esta reforma, los países con los que hemos suscrito convenios de extradición podrán solicitar a personas vinculadas con el crimen organizado para que sean juzgadas antes que en este país”, expresó.
La senadora del PT Rosario Ibarra denunció en tribuna que “aun cuando todavía no se aprueba esta ley, hoy jueves por la mañana me hablaron de Monterrey, de la colonia San Bernabé, en el municipio de San Nicolás de los Garza, adonde llegó el Ejército, la Policía Judicial en un operativo antinarco, y a un jovencito que, dijo su madre, salió a comprar tortillas y en el camino se puso a platicar con dos jóvenes, se los llevó la policía, como delincuencia organizada.
“Y se llevaron a 154 menores después, y también a adultos sin orden de aprehensión. Y cuando iba la familia a buscarlos, la policía les decía: ‘sí se los lleva, si paga 500 pesos de multas’”.
Por Acción Nacional, el senador Ulises Ramírez subió a la tribuna para justificar la reforma.
Expuso: “¿por qué en el PAN estamos en favor? Primero, porque señalamos que estábamos dispuestos a ir a una reforma constitucional que diera mayores facultades al Ejecutivo en la lucha contra la delincuencia organizada, a los cuerpos policiacos, al Ministerio Público, y lo hicimos, pero siempre bajo la premisa de no violentar las garantías individuales de los mexicanos”.
El PRI no se atrevió a ir a la tribuna, sólo votó en favor.
Nota de Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, 7 de marzo.
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