La comisión designada por la Suprema Corte de Justicia para investigar los enfrentamientos en San Salvador Atenco y Texcoco, registrados en mayo de 2006, afirmó ayer que policías "sin control alguno" agredieron violentamente a manifestantes que "aparentemente" no oponían resistencia.
Los magistrados de circuito Jorge Pardo y Alejandro González hicieron ante el pleno de ministros una síntesis de casi 13 meses de trabajo, que resultaron en un informe preliminar de 837 páginas y un expediente total con más de 205 mil fojas.
Mencionaron que el operativo masivo del 4 de mayo de 2006, a cargo de 2 mil 500 policías, fue planeado la noche anterior por mandos federales y estatales "del más alto nivel", y narraron hechos que parecen llevar a la conclusión de que hubo violación grave de garantías individuales.
Informaron que fueron interrogados el Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y el actual titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, quien en 2006 era titular de Seguridad Pública y siempre rechazó los señalamientos de la CNDH sobre actos ilegales de la PFP.
Los magistrados -que fueron asistidos por un equipo de 14 personas- no expusieron públicamente las conclusiones de su informe, pues por ahora son confidenciales, de acuerdo con reglas de la Corte para estas investigaciones.
"Varios elementos policiales, sin control alguno, agredieron violentamente a muchos manifestantes, que aparentemente no oponían resistencia alguna", dijo González, quien resumió las múltiples denuncias sobre allanamientos, detenciones ilegales y agresiones contra los detenidos.
"Una vez detenidas, las personas eran trasladadas en camionetas pickup, unas encima de otras, sobre charcos de sangre, mientras eran objeto de otras agresiones; pues a pesar de encontrarse totalmente sometidas, eran golpeadas con toletes, con los pies e incluso los policías caminaban sobre ellas.
"Al llegar a los autobuses que finalmente los conducirían al referido Centro de Readaptación Social de Santiaguito, los llevaron durante todo el trayecto con la cabeza agachada y cubierta con su propia ropa; denunciándose diversas violaciones en esos traslados, también de índole sexual", narró el magistrado.
El expediente fue turnado al ministro José de Jesús Gudiño, quien notificará a las autoridades que son mencionadas como involucradas en probables violaciones de garantías, para que presenten sus alegatos.
Cumplido ese trámite, Gudiño presentará al pleno de la Corte un proyecto de dictamen para resolver si la investigación fue suficiente, si existió violación grave de garantías, y quiénes fueron los funcionarios responsables. El dictamen final no tendrá efectos jurídicos.
La comisión entrevistó a otros ocho altos funcionarios federales y estatales, 228 policías municipales, de la PFP y de la Agencia de Seguridad Estatal mexiquense, y nueve agentes del Instituto Nacional de Migración.
Fueron citados, además, militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, la organización de Atenco cuyo historial de protestas y manifestaciones fue analizado por la comisión.
Comparecieron 45 personas de ese grupo, 26 de ellas en la cárcel.
González recordó que en total hubo 207 detenidos, de los que sólo nueve fueron reportados sin lesiones, 27 requirieron atención hospitalaria y cinco tuvieron fracturas, amén de 31 denuncias por abusos sexuales y dos muertos.
Asimismo, 71 policías resultaron lesionados, mientras que 18 fueron retenidos ilegalmente.
Los magistrados de circuito Jorge Pardo y Alejandro González hicieron ante el pleno de ministros una síntesis de casi 13 meses de trabajo, que resultaron en un informe preliminar de 837 páginas y un expediente total con más de 205 mil fojas.
Mencionaron que el operativo masivo del 4 de mayo de 2006, a cargo de 2 mil 500 policías, fue planeado la noche anterior por mandos federales y estatales "del más alto nivel", y narraron hechos que parecen llevar a la conclusión de que hubo violación grave de garantías individuales.
Informaron que fueron interrogados el Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y el actual titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, quien en 2006 era titular de Seguridad Pública y siempre rechazó los señalamientos de la CNDH sobre actos ilegales de la PFP.
Los magistrados -que fueron asistidos por un equipo de 14 personas- no expusieron públicamente las conclusiones de su informe, pues por ahora son confidenciales, de acuerdo con reglas de la Corte para estas investigaciones.
"Varios elementos policiales, sin control alguno, agredieron violentamente a muchos manifestantes, que aparentemente no oponían resistencia alguna", dijo González, quien resumió las múltiples denuncias sobre allanamientos, detenciones ilegales y agresiones contra los detenidos.
"Una vez detenidas, las personas eran trasladadas en camionetas pickup, unas encima de otras, sobre charcos de sangre, mientras eran objeto de otras agresiones; pues a pesar de encontrarse totalmente sometidas, eran golpeadas con toletes, con los pies e incluso los policías caminaban sobre ellas.
"Al llegar a los autobuses que finalmente los conducirían al referido Centro de Readaptación Social de Santiaguito, los llevaron durante todo el trayecto con la cabeza agachada y cubierta con su propia ropa; denunciándose diversas violaciones en esos traslados, también de índole sexual", narró el magistrado.
El expediente fue turnado al ministro José de Jesús Gudiño, quien notificará a las autoridades que son mencionadas como involucradas en probables violaciones de garantías, para que presenten sus alegatos.
Cumplido ese trámite, Gudiño presentará al pleno de la Corte un proyecto de dictamen para resolver si la investigación fue suficiente, si existió violación grave de garantías, y quiénes fueron los funcionarios responsables. El dictamen final no tendrá efectos jurídicos.
La comisión entrevistó a otros ocho altos funcionarios federales y estatales, 228 policías municipales, de la PFP y de la Agencia de Seguridad Estatal mexiquense, y nueve agentes del Instituto Nacional de Migración.
Fueron citados, además, militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, la organización de Atenco cuyo historial de protestas y manifestaciones fue analizado por la comisión.
Comparecieron 45 personas de ese grupo, 26 de ellas en la cárcel.
González recordó que en total hubo 207 detenidos, de los que sólo nueve fueron reportados sin lesiones, 27 requirieron atención hospitalaria y cinco tuvieron fracturas, amén de 31 denuncias por abusos sexuales y dos muertos.
Asimismo, 71 policías resultaron lesionados, mientras que 18 fueron retenidos ilegalmente.
Nota de Víctor Fuentes, Reforma, 14 de marzo.
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