La propuesta de reglamento sobre propaganda institucional, que hoy discutirán consejeros del IFE y representantes de partidos, plantea sancionar la promoción con propósitos personales de funcionarios públicos de los tres niveles de Gobierno en los medios de comunicación.
Señala el proyecto que se considerará propaganda político-electoral contraria a la ley, aquella que difundan instituciones y poderes públicos federales, locales, municipales o del Distrito Federal, órganos autónomos o cualquier ente público de los tres órdenes de gobierno y/o sus servidores públicos en radio, televisión, prensa, mantas, bardas, espectaculares, volantes, vía telefónica, correo electrónico u otros medios similares, que contenga alguna referencia personal.
Considera ilegal la aparición de elementos "que conlleven a concluir, por las condiciones de modo, tiempo y lugar, que se tuvo como propósito llevar a cabo propaganda personalizada".
El reglamento del IFE señala la difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a favor de un servidor público, de algún tercero o de algún partido político, aspirantes, precandidato o candidato.
Podría haber sanción cuando en la propaganda gubernamental se mencione a algún funcionario que aspire a cargos de elección popular.
En el apartado de internet se enlistan actos ilegales como la aparición de "nombre, fotografía o silueta, la voz de un servidor público o la alusión en la propaganda de símbolos, lemas o frases que en forma sistemática y repetitiva conduzcan a relacionarlo directamente con la misma".
Sin embargo, la propuesta autoriza enviar propaganda por internet, siempre que sea a través de portales oficiales de los poderes públicos, aun cuando contenga imágenes y nombres de los servidores públicos.
El reglamento también señala las sanciones que competen al IFE y las que deben determinar otras instancias como el Congreso de la Unión, los Congresos estatales o las autoridades penales a las que el organismo deberá dar vista, cuando lo considere necesario.
Precisa el IFE también podrá dar vista al partido político que cometa conductas irregulares, "para que, en su caso, deslinde las responsabilidades partidarias que procedan".
Señala el proyecto que se considerará propaganda político-electoral contraria a la ley, aquella que difundan instituciones y poderes públicos federales, locales, municipales o del Distrito Federal, órganos autónomos o cualquier ente público de los tres órdenes de gobierno y/o sus servidores públicos en radio, televisión, prensa, mantas, bardas, espectaculares, volantes, vía telefónica, correo electrónico u otros medios similares, que contenga alguna referencia personal.
Considera ilegal la aparición de elementos "que conlleven a concluir, por las condiciones de modo, tiempo y lugar, que se tuvo como propósito llevar a cabo propaganda personalizada".
El reglamento del IFE señala la difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a favor de un servidor público, de algún tercero o de algún partido político, aspirantes, precandidato o candidato.
Podría haber sanción cuando en la propaganda gubernamental se mencione a algún funcionario que aspire a cargos de elección popular.
En el apartado de internet se enlistan actos ilegales como la aparición de "nombre, fotografía o silueta, la voz de un servidor público o la alusión en la propaganda de símbolos, lemas o frases que en forma sistemática y repetitiva conduzcan a relacionarlo directamente con la misma".
Sin embargo, la propuesta autoriza enviar propaganda por internet, siempre que sea a través de portales oficiales de los poderes públicos, aun cuando contenga imágenes y nombres de los servidores públicos.
El reglamento también señala las sanciones que competen al IFE y las que deben determinar otras instancias como el Congreso de la Unión, los Congresos estatales o las autoridades penales a las que el organismo deberá dar vista, cuando lo considere necesario.
Precisa el IFE también podrá dar vista al partido político que cometa conductas irregulares, "para que, en su caso, deslinde las responsabilidades partidarias que procedan".
Nota de Guadalupe Irízar, Reforma, 11 de marzo.
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