Acapulco, Gro., 9 de marzo. El Frente Guerrerense contra la Represión e Impunidad (FGRI) se constituyó en Aguacaliente, municipio de Acapulco, donde decenas de organizaciones sociales acordaron luchar por una ley estatal y nacional de amnistía, para obligar al Congreso local, dominado por perredistas, a rechazar la reforma judicial y realizar el próximo primero de mayo una movilización en la capital del estado.
Unas 500 personas, la mayoría representantes de organizaciones sociales, entre ellas el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (Cecop), anfitrión del encuentro, condenaron a los gobiernos de “los empresarios” Felipe Calderón y Zeferino Torreblanca, rechazaron la privatización de Pemex, criticaron al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y la persecución a los familiares de los universitarios mexicanos que se encontraban en un campamento guerrillero en Ecuador.
La senadora Rosario Ibarra se refirió a la joven herida en el ataque a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Lucía Andrea Morett Álvarez:
“Es una grosería que se quiera enviar a la compañera mexicana herida a Colombia para que la interroguen. Es un abuso del gobierno colombiano.”
Sin mencionarlo, aludió a Felipe Calderón, a quien “no le importa la vida de los mexicanos caídos (...) y está sirviendo a los intereses del presidente de Colombia”.
En Aguacaliente, corazón del movimiento contra la construcción de la hidroeléctrica La Parota, también se realizó la cuarta asamblea del Frente Nacional Contra la Represión, en la que participaron 32 organizaciones de ocho entidades.
En sus resolutivos señalaron que la aprobación de la reforma judicial es un triunfo para el gobierno “ilegitimo” de Calderón, y exigieron castigo para los autores materiales e intelectuales de las masacres de Acteal, Aguas Blancas y El Charco.
En tanto, la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío Mesino, denunció la persecución que padecen luego de denunciar la detención ilegal y la tortura de un miembro de su agrupación.
Unas 500 personas, la mayoría representantes de organizaciones sociales, entre ellas el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (Cecop), anfitrión del encuentro, condenaron a los gobiernos de “los empresarios” Felipe Calderón y Zeferino Torreblanca, rechazaron la privatización de Pemex, criticaron al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y la persecución a los familiares de los universitarios mexicanos que se encontraban en un campamento guerrillero en Ecuador.
La senadora Rosario Ibarra se refirió a la joven herida en el ataque a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Lucía Andrea Morett Álvarez:
“Es una grosería que se quiera enviar a la compañera mexicana herida a Colombia para que la interroguen. Es un abuso del gobierno colombiano.”
Sin mencionarlo, aludió a Felipe Calderón, a quien “no le importa la vida de los mexicanos caídos (...) y está sirviendo a los intereses del presidente de Colombia”.
En Aguacaliente, corazón del movimiento contra la construcción de la hidroeléctrica La Parota, también se realizó la cuarta asamblea del Frente Nacional Contra la Represión, en la que participaron 32 organizaciones de ocho entidades.
En sus resolutivos señalaron que la aprobación de la reforma judicial es un triunfo para el gobierno “ilegitimo” de Calderón, y exigieron castigo para los autores materiales e intelectuales de las masacres de Acteal, Aguas Blancas y El Charco.
En tanto, la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío Mesino, denunció la persecución que padecen luego de denunciar la detención ilegal y la tortura de un miembro de su agrupación.
Nota de Misael Habana de Los Santos, La Jornada, 10 de marzo.
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