La reunión entre consejeros electorales y partidos para destrabar la aprobación de criterios que regulen la publicidad institucional, sólo evidenció la división que existe entre los primeros sobre los alcances de la actividad del Instituto Federal Electoral (IFE). Del documento original, presuntamente consensuado por unanimidad, ahora existen tres versiones, incluida una de la Dirección Jurídica, encargada por el consejero presidente, Leonardo Valdés.
La única coincidencia es que es urgente que se apruebe un esquema para prevenir y sancionar el activismo de algunos funcionarios públicos que podrían estar violentando el artículo 134 constitucional. En este contexto, el consejero Benito Nacif consideró que en el caso del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, se podría iniciar una investigación en una junta distrital y eventualmente podría ser atraído a las instancias centrales para proceder a su indagatoria.
Nacif consideró que, en ese caso, como en el de algunos otros mandatarios estatales, cabe la posibilidad de que el instituto concluya sus investigaciones dando vista a autoridades locales competentes –las auditorías superiores en los congresos– y que en su momento el IFE actúe adjudicándole la realización de actos anticipados de campaña, con la consiguiente sanción, que en un caso extremo podría llegar a la cancelación del registro como candidatos.
Al término de la reunión, el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar, uno de los promotores del documento original, lamentó que no se percibiera en estos encuentros un ánimo real de lograr avances en la aprobación de dichos criterios. Sin embargo, confió en que los consejeros –en reunión interna– puedan redactar un documento de consenso.
El encuentro de ayer fue precedido por la distribución, sin remitente, según informaron en las oficinas partidistas, del documento de la Dirección Jurídica encargado por Valdés. Esto motivó que en el arranque de la reunión, Gómez Alcántar solicitara volver a su proyecto original, aunque casi de inmediato se comenzó a discutir sobre los dos acuerdos, e inclusive sobre un tercero presentado por el consejero Virgilio Andrade.
Todo ello mientras algunos partidos como PAN y Alternativa ratificaban sus dudas sobre los alcances del IFE en esta materia, tanto en el ámbito territorial como en el temporal. Se insistió en que el lugar en donde debería regularse todo lo relacionado con el 134 constitucional debería ser el Congreso y no el IFE. Ante la evidente disputa por la paternidad del documento, el representante del PRD, Héctor Romero, consideró que en el fondo no había posturas contrapuestas en el contenido de los tres textos que se han hecho circular, por lo que planteó que los consejeros hicieran esfuerzos por consensuar uno solo.
Lo cierto es que entre los consejeros hay diferentes interpretaciones y ahora las diferencias se mantienen, pues para algunos –los promotores originales del acuerdo– al instituto le urge su aprobación para comenzar a actuar frente a los funcionarios; para otros, existen otras vías para que el organismo pueda acotarlos, como el ar-tículo 211, que regula los actos anticipados de campaña.
La única coincidencia es que es urgente que se apruebe un esquema para prevenir y sancionar el activismo de algunos funcionarios públicos que podrían estar violentando el artículo 134 constitucional. En este contexto, el consejero Benito Nacif consideró que en el caso del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, se podría iniciar una investigación en una junta distrital y eventualmente podría ser atraído a las instancias centrales para proceder a su indagatoria.
Nacif consideró que, en ese caso, como en el de algunos otros mandatarios estatales, cabe la posibilidad de que el instituto concluya sus investigaciones dando vista a autoridades locales competentes –las auditorías superiores en los congresos– y que en su momento el IFE actúe adjudicándole la realización de actos anticipados de campaña, con la consiguiente sanción, que en un caso extremo podría llegar a la cancelación del registro como candidatos.
Al término de la reunión, el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar, uno de los promotores del documento original, lamentó que no se percibiera en estos encuentros un ánimo real de lograr avances en la aprobación de dichos criterios. Sin embargo, confió en que los consejeros –en reunión interna– puedan redactar un documento de consenso.
El encuentro de ayer fue precedido por la distribución, sin remitente, según informaron en las oficinas partidistas, del documento de la Dirección Jurídica encargado por Valdés. Esto motivó que en el arranque de la reunión, Gómez Alcántar solicitara volver a su proyecto original, aunque casi de inmediato se comenzó a discutir sobre los dos acuerdos, e inclusive sobre un tercero presentado por el consejero Virgilio Andrade.
Todo ello mientras algunos partidos como PAN y Alternativa ratificaban sus dudas sobre los alcances del IFE en esta materia, tanto en el ámbito territorial como en el temporal. Se insistió en que el lugar en donde debería regularse todo lo relacionado con el 134 constitucional debería ser el Congreso y no el IFE. Ante la evidente disputa por la paternidad del documento, el representante del PRD, Héctor Romero, consideró que en el fondo no había posturas contrapuestas en el contenido de los tres textos que se han hecho circular, por lo que planteó que los consejeros hicieran esfuerzos por consensuar uno solo.
Lo cierto es que entre los consejeros hay diferentes interpretaciones y ahora las diferencias se mantienen, pues para algunos –los promotores originales del acuerdo– al instituto le urge su aprobación para comenzar a actuar frente a los funcionarios; para otros, existen otras vías para que el organismo pueda acotarlos, como el ar-tículo 211, que regula los actos anticipados de campaña.
Nota de Alonso Urrutia, La Jornada, 4 de marzo.
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