Caracas, 3 de marzo. El gobierno de Venezuela acusó hoy al director de la Policía Nacional de Colombia, Óscar Naranjo Trujillo, de tener vínculos familiares con narcotraficantes, ordenó la “expulsión inmediata” del embajador de Colombia en Caracas, Fernando Marín, y señaló que la incursión militar colombiana en el territorio norte de Ecuador –el sábado pasado– es evidencia de que “el conflicto colombiano se ha convertido en una amenaza para todos los gobiernos del área”.
El narcotraficante Wilmer Varela, alias Jabón, tiene lazos consanguíneos y de negocios con Naranjo, aseguró el ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, al responder a las afirmaciones del jefe policial sobre presuntos nexos entre Venezuela y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Resaltó que los únicos contactos con esa insurgencia han sido con fines humanitarios, en referencia a las gestiones que llevaron a la liberación en los últimos dos meses de seis políticos colombianos secuestrados por los rebeldes.
La coyuntura actual impone la necesidad de conformar un grupo internacional que busque la paz en Colombia y que “obligue al gobierno del presidente Álvaro Uribe a abandonar la doctrina de guerra de Estados Unidos”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, al explicar ante el Parlamento la respuesta de Caracas a la crisis.
Por la mañana, Maduro declaró a la televisión estatal que Washington ha convertido al territorio colombiano en una “base para organizar la agresión, la guerra y la violencia en toda la región”.
Asimismo, dijo que las afirmaciones del gobierno colombiano en el sentido de que miembros del gobierno de Ecuador tienen vínculos con las FARC “es la justificación política pública mediática, el montaje de olla que necesitan para justificar con la mentira ante Colombia y el mundo, la aberrante política de violación de la soberanía, de la integridad territorial de nuestro hermano pueblo de Ecuador y la internacionalización de un conflicto que quieren convertir en un problema de toda América Latina”.
Al anunciar la expulsión del personal diplomático colombiano, la cancillería en un comunicado señaló que la decisión fue tomada “en defensa de la soberanía de la patria y de la dignidad del pueblo venezolano”, pero no hubo referencias a los señalamientos de la policía colombiana –hechas hoy en Bogotá– en el sentido de que el presidente Hugo Chávez entregó 300 millones de dólares a las FARC para financiar sus actividades.
Sobre este punto, Rodríguez Chacín afirmó que la intención de la policía colombiana es “engañar, mentir y tratar de desviar la atención” sobre la violación a la soberanía ecuatoriana el sábado anterior.
Reportes de medios de información venezolanos e internacionales, en tanto, destacaron que las actividades en la línea fronteriza se desarrollaban con normalidad a lo largo de dos mil 200 kilómetros, un día después de que Chávez ordenó el despliegue “preventivo” de batallones hacia la frontera con Colombia.
Por lo pronto, comenzó la movilización dispuesta por Chávez de tropas y tanques venezolanos en la región donde, del otro lado, las fuerzas militares colombianas mantienen regularmente a unos 25 mil uniformados, distribuidos en cuatro grupos mecanizados, uno blindado, 25 batallones y una brigada móvil.
El narcotraficante Wilmer Varela, alias Jabón, tiene lazos consanguíneos y de negocios con Naranjo, aseguró el ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, al responder a las afirmaciones del jefe policial sobre presuntos nexos entre Venezuela y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Resaltó que los únicos contactos con esa insurgencia han sido con fines humanitarios, en referencia a las gestiones que llevaron a la liberación en los últimos dos meses de seis políticos colombianos secuestrados por los rebeldes.
La coyuntura actual impone la necesidad de conformar un grupo internacional que busque la paz en Colombia y que “obligue al gobierno del presidente Álvaro Uribe a abandonar la doctrina de guerra de Estados Unidos”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, al explicar ante el Parlamento la respuesta de Caracas a la crisis.
Por la mañana, Maduro declaró a la televisión estatal que Washington ha convertido al territorio colombiano en una “base para organizar la agresión, la guerra y la violencia en toda la región”.
Asimismo, dijo que las afirmaciones del gobierno colombiano en el sentido de que miembros del gobierno de Ecuador tienen vínculos con las FARC “es la justificación política pública mediática, el montaje de olla que necesitan para justificar con la mentira ante Colombia y el mundo, la aberrante política de violación de la soberanía, de la integridad territorial de nuestro hermano pueblo de Ecuador y la internacionalización de un conflicto que quieren convertir en un problema de toda América Latina”.
Al anunciar la expulsión del personal diplomático colombiano, la cancillería en un comunicado señaló que la decisión fue tomada “en defensa de la soberanía de la patria y de la dignidad del pueblo venezolano”, pero no hubo referencias a los señalamientos de la policía colombiana –hechas hoy en Bogotá– en el sentido de que el presidente Hugo Chávez entregó 300 millones de dólares a las FARC para financiar sus actividades.
Sobre este punto, Rodríguez Chacín afirmó que la intención de la policía colombiana es “engañar, mentir y tratar de desviar la atención” sobre la violación a la soberanía ecuatoriana el sábado anterior.
Reportes de medios de información venezolanos e internacionales, en tanto, destacaron que las actividades en la línea fronteriza se desarrollaban con normalidad a lo largo de dos mil 200 kilómetros, un día después de que Chávez ordenó el despliegue “preventivo” de batallones hacia la frontera con Colombia.
Por lo pronto, comenzó la movilización dispuesta por Chávez de tropas y tanques venezolanos en la región donde, del otro lado, las fuerzas militares colombianas mantienen regularmente a unos 25 mil uniformados, distribuidos en cuatro grupos mecanizados, uno blindado, 25 batallones y una brigada móvil.
Nota de AFP, DPA y Reuters, La Jornada, 4 de marzo.
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