La determinación de Televisa, Tv Azteca y Grupo Imagen de negarse a transmitir mensajes de los partidos políticos en tiempos oficiales “es una muestra más de la prepotencia e impunidad con que se mueven los poderes fácticos”, denunciaron diputados de PRD, PT y Convergencia.
En el Senado, los legisladores perredistas señalaron que los concesionarios de radio y televisión deben transmitir los anuncios políticos que les envió el Instituto Federal Electoral (IFE), porque de lo contrario pueden ser sancionados; mientras, miembros de las fracciones del PVEM y del PAN confiaron en que el incidente se resuelva mediante el diálogo.
Humberto Zazueta, legislador del partido del sol azteca, advirtió en entrevista que la decisión de las televisoras denota la “debilidad” del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, porque “nos habla del acuerdo que ya establecieron los dueños de esos medios de comunicación con el gobierno federal a cambio de defender, a toda costa la privatización de Pemex y salvar el pellejo de Juan Camilo Mouriño”.
Para José Manuel del Río, representante de Convergencia, la negativa a transmitir los mensajes conlleva violaciones a las leyes fundamentales del país.
“Nos han demostrado con estos hechos que el control mediático ya no lo tiene el Estado y mucho menos sus instituciones; quienes dictan los lineamientos y premisas de la comunicación en México son los medios electrónicos. Estamos obligados a resolver, de una vez por todas, la disparidad que se manifiesta entre la realidad y las leyes, porque se sigue imponiendo la aplicación autoritaria de las decisiones emanadas en los despachos de los propietarios de televisoras y radiodifusoras”.
Para Silvano Garay, diputado del Partido del Trabajo, la supuesta independencia entre el poder político y el económico se ha roto. “Nadie con plena conciencia cree en la buena voluntad de los medios de comunicación; actúan como gángsters que defienden sus más oscuros intereses, sin importar el perjuicio a la nación.
“Descubrimos también que los partidos políticos somos rehenes de los medios y en cualquier momento, en el estado de indefensión en que vivimos, seremos presas fáciles de chantajes.”
Según el senador perredista Pablo Gómez, los empresarios de los medios electrónicos de comunicación tienen que aceptar lo que dice la ley “y se acabó”. Confió en que regularizarán su pauta y harán las transmisiones que acordó el órgano electoral.
Por su lado, el senador del PVEM Arturo Escobar dijo que los partidos políticos están a la espera de que las televisoras les informen las razones por las cuales no salieron al aire los promocionales programados.
El perredista Ricardo Monreal manifestó que la actuación de los empresarios constituye una prueba para saber si realmente el IFE “tiene carácter y lo que todos los mexicanos deseamos: voluntad para hacer cumplir la Constitución y las leyes”.
Por último, el panista Santiago Creel hizo votos por que el diferendo se resuelva no en un litigio, sino mediante el diálogo.
En el Senado, los legisladores perredistas señalaron que los concesionarios de radio y televisión deben transmitir los anuncios políticos que les envió el Instituto Federal Electoral (IFE), porque de lo contrario pueden ser sancionados; mientras, miembros de las fracciones del PVEM y del PAN confiaron en que el incidente se resuelva mediante el diálogo.
Humberto Zazueta, legislador del partido del sol azteca, advirtió en entrevista que la decisión de las televisoras denota la “debilidad” del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, porque “nos habla del acuerdo que ya establecieron los dueños de esos medios de comunicación con el gobierno federal a cambio de defender, a toda costa la privatización de Pemex y salvar el pellejo de Juan Camilo Mouriño”.
Para José Manuel del Río, representante de Convergencia, la negativa a transmitir los mensajes conlleva violaciones a las leyes fundamentales del país.
“Nos han demostrado con estos hechos que el control mediático ya no lo tiene el Estado y mucho menos sus instituciones; quienes dictan los lineamientos y premisas de la comunicación en México son los medios electrónicos. Estamos obligados a resolver, de una vez por todas, la disparidad que se manifiesta entre la realidad y las leyes, porque se sigue imponiendo la aplicación autoritaria de las decisiones emanadas en los despachos de los propietarios de televisoras y radiodifusoras”.
Para Silvano Garay, diputado del Partido del Trabajo, la supuesta independencia entre el poder político y el económico se ha roto. “Nadie con plena conciencia cree en la buena voluntad de los medios de comunicación; actúan como gángsters que defienden sus más oscuros intereses, sin importar el perjuicio a la nación.
“Descubrimos también que los partidos políticos somos rehenes de los medios y en cualquier momento, en el estado de indefensión en que vivimos, seremos presas fáciles de chantajes.”
Según el senador perredista Pablo Gómez, los empresarios de los medios electrónicos de comunicación tienen que aceptar lo que dice la ley “y se acabó”. Confió en que regularizarán su pauta y harán las transmisiones que acordó el órgano electoral.
Por su lado, el senador del PVEM Arturo Escobar dijo que los partidos políticos están a la espera de que las televisoras les informen las razones por las cuales no salieron al aire los promocionales programados.
El perredista Ricardo Monreal manifestó que la actuación de los empresarios constituye una prueba para saber si realmente el IFE “tiene carácter y lo que todos los mexicanos deseamos: voluntad para hacer cumplir la Constitución y las leyes”.
Por último, el panista Santiago Creel hizo votos por que el diferendo se resuelva no en un litigio, sino mediante el diálogo.
Nota con información de Enrique Méndez, Roberto Garduño, Georgina Saldierna y Víctor Ballinas, La Jornada, 14 de marzo.
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