La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que el Congreso de la Unión cuente con facultades para realizar leyes que reglamenten el actuar de las empresas de seguridad privada que operan en el país sin que se invada el ámbito local.
La creación de la Ley Federal de Seguridad Privada, vigente desde el 2006, provocó que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal interpusiera una controversia constitucional contra la norma, argumentando que es esta instancia legislativa a quien le competía legislar en la materia y que se estaba dando una invasión de esferas.
Incluso, la ALDF manifestó que la ley no contemplaba estándares mínimos de control que previnieran irregularidades en las empresas dedicadas a la seguridad privada e iba en contra de lo establecido en la ley local, por lo que demandaba anular la ley de ámbito federal.
La norma local establece como obligaciones la inscripción de las empresas a un padrón, el establecimiento de filtros para la contratación de personal y capacitación constante a trabajadores.
La ley federal detalla que regulará la prestación de servicios de seguridad privada, cuando éstos se presten en dos o más estados, y otorgará el permiso federal para operar; y, cuando se presten sólo dentro del territorio de una entidad federativa, entonces estarán regulados como lo establezcan las leyes locales correspondientes.
Una mayoría de seis ministros validó la creación y permanencia de la Ley Federal se Seguridad. Declararon que cuando empresas del ramo presten sus servicios a diferentes estados es cuando aplicaría la ley; de lo contrario, surgiría un problema porque quedaría un vacío legal por saber quién regularía esas situaciones.
El ministro Mariano Azuela reprodujo datos que dio la Secretaría de Seguridad Pública Federal respecto al tema, donde detalló que "existen alrededor de 9,000 empresas dedicadas a vender servicios de seguridad, de las cuales sólo se encuentran registradas 260 aproximadamente, lo cual nos da una idea de la falta de control que actualmente existe en este sector; si damos carácter rígido a los números, 260 registradas dejan 8, 740 fuera de control".
La creación de la Ley Federal de Seguridad Privada, vigente desde el 2006, provocó que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal interpusiera una controversia constitucional contra la norma, argumentando que es esta instancia legislativa a quien le competía legislar en la materia y que se estaba dando una invasión de esferas.
Incluso, la ALDF manifestó que la ley no contemplaba estándares mínimos de control que previnieran irregularidades en las empresas dedicadas a la seguridad privada e iba en contra de lo establecido en la ley local, por lo que demandaba anular la ley de ámbito federal.
La norma local establece como obligaciones la inscripción de las empresas a un padrón, el establecimiento de filtros para la contratación de personal y capacitación constante a trabajadores.
La ley federal detalla que regulará la prestación de servicios de seguridad privada, cuando éstos se presten en dos o más estados, y otorgará el permiso federal para operar; y, cuando se presten sólo dentro del territorio de una entidad federativa, entonces estarán regulados como lo establezcan las leyes locales correspondientes.
Una mayoría de seis ministros validó la creación y permanencia de la Ley Federal se Seguridad. Declararon que cuando empresas del ramo presten sus servicios a diferentes estados es cuando aplicaría la ley; de lo contrario, surgiría un problema porque quedaría un vacío legal por saber quién regularía esas situaciones.
El ministro Mariano Azuela reprodujo datos que dio la Secretaría de Seguridad Pública Federal respecto al tema, donde detalló que "existen alrededor de 9,000 empresas dedicadas a vender servicios de seguridad, de las cuales sólo se encuentran registradas 260 aproximadamente, lo cual nos da una idea de la falta de control que actualmente existe en este sector; si damos carácter rígido a los números, 260 registradas dejan 8, 740 fuera de control".
Nota de Paloma Alcántara, El Economista, 11 de marzo.
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