San Cristóbal de las Casas, Chis. 17 de marzo. Para los presos en huelga de hambre de tres penales de la entidad, el anuncio gubernamental de que revisará unas “360 solicitudes de liberación de ‘presos políticos’ que realizaron organizaciones” ha generado nuevas suspicacias, por lo cual no lo consideran una respuesta a sus demandas.
Según transmiten sus representantes legales, los miembros de la Voz del Amate se preguntan cuáles son esas 360 solicitudes, y dudan que sus casos se cuenten entre ellas, toda vez que no “solicitaron” esa revisión, enmarcada en un programa de liberación por sentencia anticipada que ofrecieron las autoridades tiempo atrás a diversas organizaciones.
En cambio, resulta probable que en ese elevado número de solicitudes se encuentren las de paramilitares presos por la masacre de Acteal, cuya defensa apeló de sus condenas y desplegó una campaña mediático-legal en su favor en meses recientes; éstos, también recluidos en el Cereso 14, El Amate. En todo caso, se desconoce cuáles son los 360 expedientes que una flamante “mesa de reconciliación” deberá considerar en los próximos 26 días (pues han pasado cuatro desde que el gobierno anunció su plazo de 30 días).
Otras causas penales que podrían estar en esa lista de “solicitudes” son las de los dirigentes presos de Paz y Justicia. Al respecto, desde diciembre pasado se espera que el Tribunal Superior del Estado emita resolución dentro del recurso de apelación interpuesto por los principales líderes de Paz y Justicia de la zona norte: Samuel Sánchez, Marcos Albino Torres, Sabelino Torres y Diego Vázquez, quienes fueron condenados por crímenes graves.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas manifestaba a finales de 2007 su preocupación porque la resolución “echará por tierra la poca justicia que se ha hecho por los desplazamientos forzosos, las desapariciones y las múltiples ejecuciones que cometieron los integrantes de ese grupo paramilitar entre 1995 y 2000”.
Por su parte, la Voz de los Llanos denunció intimidaciones y presiones del director del Cereso 5, Alejandro Galicia Morales, así como de médicos y sicólogos. Los reclusos que ayunan en respaldo a la huelga de hambre fueron desalojados por el alcaide Sergio Alfaro Vicente, y este fin de semana, en “represalia”, se restringió la visita a los presos.
Cerca de 30 organizaciones y colectivos de la otra campaña, entre ellas el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, manifestaron solidaridad con la protesta indígena en los Ceresos 5, 14 y 17 de Chiapas: “sabemos que se encuentran en huelga de hambre. Que Zacario Hernández Hernández la inició desde el 12 de febrero. Que todos demandan procesos justos, que no les inventen cargos, que respeten sus derechos humanos y los liberen. Queremos manifestarles nuestro apoyo a la demanda de justicia y de respeto a sus derechos. No pueden permanecer en la cárcel quienes han sido juzgados por cargos inventados y confesiones obtenidas bajo tortura”.
Según transmiten sus representantes legales, los miembros de la Voz del Amate se preguntan cuáles son esas 360 solicitudes, y dudan que sus casos se cuenten entre ellas, toda vez que no “solicitaron” esa revisión, enmarcada en un programa de liberación por sentencia anticipada que ofrecieron las autoridades tiempo atrás a diversas organizaciones.
En cambio, resulta probable que en ese elevado número de solicitudes se encuentren las de paramilitares presos por la masacre de Acteal, cuya defensa apeló de sus condenas y desplegó una campaña mediático-legal en su favor en meses recientes; éstos, también recluidos en el Cereso 14, El Amate. En todo caso, se desconoce cuáles son los 360 expedientes que una flamante “mesa de reconciliación” deberá considerar en los próximos 26 días (pues han pasado cuatro desde que el gobierno anunció su plazo de 30 días).
Otras causas penales que podrían estar en esa lista de “solicitudes” son las de los dirigentes presos de Paz y Justicia. Al respecto, desde diciembre pasado se espera que el Tribunal Superior del Estado emita resolución dentro del recurso de apelación interpuesto por los principales líderes de Paz y Justicia de la zona norte: Samuel Sánchez, Marcos Albino Torres, Sabelino Torres y Diego Vázquez, quienes fueron condenados por crímenes graves.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas manifestaba a finales de 2007 su preocupación porque la resolución “echará por tierra la poca justicia que se ha hecho por los desplazamientos forzosos, las desapariciones y las múltiples ejecuciones que cometieron los integrantes de ese grupo paramilitar entre 1995 y 2000”.
Por su parte, la Voz de los Llanos denunció intimidaciones y presiones del director del Cereso 5, Alejandro Galicia Morales, así como de médicos y sicólogos. Los reclusos que ayunan en respaldo a la huelga de hambre fueron desalojados por el alcaide Sergio Alfaro Vicente, y este fin de semana, en “represalia”, se restringió la visita a los presos.
Cerca de 30 organizaciones y colectivos de la otra campaña, entre ellas el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, manifestaron solidaridad con la protesta indígena en los Ceresos 5, 14 y 17 de Chiapas: “sabemos que se encuentran en huelga de hambre. Que Zacario Hernández Hernández la inició desde el 12 de febrero. Que todos demandan procesos justos, que no les inventen cargos, que respeten sus derechos humanos y los liberen. Queremos manifestarles nuestro apoyo a la demanda de justicia y de respeto a sus derechos. No pueden permanecer en la cárcel quienes han sido juzgados por cargos inventados y confesiones obtenidas bajo tortura”.
Nota de Hermann Bellinghausen, enviado, La Jornada, 18 de marzo.
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