Las Fuerzas Amadas Revoluconarias de Colombia dinamitaron en el sureño departamento colombiano de Putumayo al menos siete tramos del oleoducto que sirve a Colombia y Ecuador, en lo que podría ser una respuesta por la muerte del jefe rebelde Raúl Reyes en territorio ecuatoriano el pasado sábado en un ataque del Ejército colombiano, informaron autoridades colombianas. El hecho ocurrió el martes en Orito (Putumayo) y se espera que tan pronto ingrese el ejército al lugar y los técnicos especializados puedan reparar el oleoducto transandino en un lapso de tres días, informó el ministro encargado de Minas y Energía, Manuel Maiguashca.
El funcionario agregó que el hecho no afecta la producción y que los planes de contingencia permitirán manejar la situación, mientras se reparan los daños y se intentaba precisar los sitios donde se estaban registrando tres incendios.
Mientras, el nombramiento de una comisión que presentaría la demanda ante la Corte Penal Internacional, el presidente colombiano Álvaro Uribe dio el primer paso a lo que sería la denuncia contra el mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, por “patrocinio y financiación de genocidas”. El grupo está integrado por Jaime Lombana, abogado penalista; Eduardo Montealegre, abogado experto en derecho constitucional; y los analistas políticos Vicente Torrijos y Rafael Guarín.
Para ellos es evidente que la corte tiene competencia para investigar los nexos de Chávez con la guerrilla de las FARC que se confirmarían con los documentos encontrados en los computadores de Raúl Reyes. La comisión considera que existen suficientes pruebas de que Chávez no solo ha financiado las actividades de las FARC (las cartas de Reyes hablan de la entrega de 300 millones de dólares) sino que ha facilitado su territorio para que el grupo ilegal delinca desde allí.
Para que las pruebas encontradas en los computadores no sean puestas en duda, Colombia no solo ofreció a la OEA entregar los computadores para que se realice un peritaje de su autenticidad, sino que la comisión nombrada ayer sugirió entregar los documentos a la Interpol o la Europol. Sin embargo, la conveniencia de la demanda de Chávez ante la corte no termina de convencer en algunos círculos políticos y académicos del país. La duda radica en si es el mecanismo adecuado para presentar el reclamo y si el delito de genocidio sería aplicable a las FARC. Mientras, Chávez advirtió ayer con nacionalizar algunas empresas colombianas que operan en su país.
El funcionario agregó que el hecho no afecta la producción y que los planes de contingencia permitirán manejar la situación, mientras se reparan los daños y se intentaba precisar los sitios donde se estaban registrando tres incendios.
Mientras, el nombramiento de una comisión que presentaría la demanda ante la Corte Penal Internacional, el presidente colombiano Álvaro Uribe dio el primer paso a lo que sería la denuncia contra el mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, por “patrocinio y financiación de genocidas”. El grupo está integrado por Jaime Lombana, abogado penalista; Eduardo Montealegre, abogado experto en derecho constitucional; y los analistas políticos Vicente Torrijos y Rafael Guarín.
Para ellos es evidente que la corte tiene competencia para investigar los nexos de Chávez con la guerrilla de las FARC que se confirmarían con los documentos encontrados en los computadores de Raúl Reyes. La comisión considera que existen suficientes pruebas de que Chávez no solo ha financiado las actividades de las FARC (las cartas de Reyes hablan de la entrega de 300 millones de dólares) sino que ha facilitado su territorio para que el grupo ilegal delinca desde allí.
Para que las pruebas encontradas en los computadores no sean puestas en duda, Colombia no solo ofreció a la OEA entregar los computadores para que se realice un peritaje de su autenticidad, sino que la comisión nombrada ayer sugirió entregar los documentos a la Interpol o la Europol. Sin embargo, la conveniencia de la demanda de Chávez ante la corte no termina de convencer en algunos círculos políticos y académicos del país. La duda radica en si es el mecanismo adecuado para presentar el reclamo y si el delito de genocidio sería aplicable a las FARC. Mientras, Chávez advirtió ayer con nacionalizar algunas empresas colombianas que operan en su país.
Nota de Clara Vélez y AFP, Milenio, 6 de marzo.
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