La propuesta de reglamento para impedir la propaganda de los servidores públicos que elaboró el IFE es más restrictiva que las reformas constitucionales, ya que sanciona incluso que se tenga la intención de llevar a cabo publicidad electoral
personalizada.
En su artículo segundo deja a los servidores públicos tan maniatados que les prohíbe la utilización de todos los medios de comunicación, incluso correos electrónicos y teléfono celular, cuando contengan su “nombre, fotografía, imagen, silueta o su voz”.
Pero no sólo estarán legalmente imposibilitados a hablar por teléfono o enviar correos electrónicos con su nombre, sino que también tienen prohibido mencionar “cualquier fecha de proceso electoral, sea de organización, precampaña, campaña, jornadas de elección o de cómputo y calificación, u otras similares”.
Y deberán tener cuidado extremo, ya que de acuerdo en el inciso G del artículo segundo está prohibida “la referencia a propuestas de gobierno de carácter político vinculadas con futuros cargos de elección popular”, osea será imposible hablar de programas multianuales.
Los incisos B y E dejan absoluta facultad de interpretación a la autoridad electoral, ya que en el primero se señala como contrario a la ley lo que “conlleve a concluir, por las condiciones de modo, tiempo y lugar, que se tuvo como propósito llevar a cabo propaganda personalizada”.
Y en el inciso I se prohíben “otros símbolos que conlleven a concluir, por las condiciones de modo, tiempo y lugar, que se tuvo como propósito llevar a cabo propaganda personalizada”.
En la propuesta que se aprobará mañana, los consejeros del IFE restringieron la posibilidad de los servidores públicos de figurar de alguna manera en la propaganda institucional, ya que se considera contrario a la ley, el sólo hecho de que se escuche la voz del funcionario o bien se vea su silueta.
En el artículo segundo del reglamento se establece que se considerará propaganda electoral contraria a la ley, la que sea difundida por “cualquier ente público de los tres órdenes de gobierno”, pero también se incluye la que sea contratada “por terceros a nombre de ellos; o convenida con los medios de comunicación y difundida en radio, televisión, prensa, mantas, bardas, anuncios espectaculares, volantes, vía telefónica, correo electrónico u otros medios similares”.
Con nueve incisos en los que se dejan claras todas las limitaciones. En el inciso A se enumeran todas las características que se consideran ilegales en un mensaje “el nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, la voz de un servidor público o la alusión en la propaganda de símbolos, lemas o frases que en forma sistemática y repetitiva conduzcan a relacionarlo directamente con la misma”.
Pero además se evitan los destapes por parte de los gobernadores y se obliga a los servidores públicos a dejar su cargo antes de siquiera hacer mención a su deseo de ser precandidatos.
El inciso D del artículo segundo señala como prohibida “la mención de que se aspira a ser precandidato”; y el E “la mención de que se aspira a algún cargo de elección popular o al que aspira un tercero”.
De acuerdo con la legislación, es servidor público toda persona que trabaje en los gobiernos federal, estatal o municipal, pero también los legisladores y quienes trabajen en los Congresos.
Los representantes de los partidos consideran excesivo este reglamento que se discutirá hoy en una sesión privada, ya que da un amplio margen de interpretación a la autoridad electoral, y puede llevar a trampas, como el hecho de que alguien cree páginas de internet a nombre de un posible precandidato para impedirle el registro.
- Claves
Mañana
• Por actos adelantados de campaña que se consideren ilegales, un servidor público puede perder la posibilidad de registrarse.
• Se dan facultades a todas las autoridades para proceder cuando se viole este reglamento, a excepción de quienes ostenten un cargo de elección popular y tengan fuero.
• La propuesta de reglamento que se aprobará en la sesión del próximo miércoles consta de nueve artículos
personalizada.
En su artículo segundo deja a los servidores públicos tan maniatados que les prohíbe la utilización de todos los medios de comunicación, incluso correos electrónicos y teléfono celular, cuando contengan su “nombre, fotografía, imagen, silueta o su voz”.
Pero no sólo estarán legalmente imposibilitados a hablar por teléfono o enviar correos electrónicos con su nombre, sino que también tienen prohibido mencionar “cualquier fecha de proceso electoral, sea de organización, precampaña, campaña, jornadas de elección o de cómputo y calificación, u otras similares”.
Y deberán tener cuidado extremo, ya que de acuerdo en el inciso G del artículo segundo está prohibida “la referencia a propuestas de gobierno de carácter político vinculadas con futuros cargos de elección popular”, osea será imposible hablar de programas multianuales.
Los incisos B y E dejan absoluta facultad de interpretación a la autoridad electoral, ya que en el primero se señala como contrario a la ley lo que “conlleve a concluir, por las condiciones de modo, tiempo y lugar, que se tuvo como propósito llevar a cabo propaganda personalizada”.
Y en el inciso I se prohíben “otros símbolos que conlleven a concluir, por las condiciones de modo, tiempo y lugar, que se tuvo como propósito llevar a cabo propaganda personalizada”.
En la propuesta que se aprobará mañana, los consejeros del IFE restringieron la posibilidad de los servidores públicos de figurar de alguna manera en la propaganda institucional, ya que se considera contrario a la ley, el sólo hecho de que se escuche la voz del funcionario o bien se vea su silueta.
En el artículo segundo del reglamento se establece que se considerará propaganda electoral contraria a la ley, la que sea difundida por “cualquier ente público de los tres órdenes de gobierno”, pero también se incluye la que sea contratada “por terceros a nombre de ellos; o convenida con los medios de comunicación y difundida en radio, televisión, prensa, mantas, bardas, anuncios espectaculares, volantes, vía telefónica, correo electrónico u otros medios similares”.
Con nueve incisos en los que se dejan claras todas las limitaciones. En el inciso A se enumeran todas las características que se consideran ilegales en un mensaje “el nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, la voz de un servidor público o la alusión en la propaganda de símbolos, lemas o frases que en forma sistemática y repetitiva conduzcan a relacionarlo directamente con la misma”.
Pero además se evitan los destapes por parte de los gobernadores y se obliga a los servidores públicos a dejar su cargo antes de siquiera hacer mención a su deseo de ser precandidatos.
El inciso D del artículo segundo señala como prohibida “la mención de que se aspira a ser precandidato”; y el E “la mención de que se aspira a algún cargo de elección popular o al que aspira un tercero”.
De acuerdo con la legislación, es servidor público toda persona que trabaje en los gobiernos federal, estatal o municipal, pero también los legisladores y quienes trabajen en los Congresos.
Los representantes de los partidos consideran excesivo este reglamento que se discutirá hoy en una sesión privada, ya que da un amplio margen de interpretación a la autoridad electoral, y puede llevar a trampas, como el hecho de que alguien cree páginas de internet a nombre de un posible precandidato para impedirle el registro.
- Claves
Mañana
• Por actos adelantados de campaña que se consideren ilegales, un servidor público puede perder la posibilidad de registrarse.
• Se dan facultades a todas las autoridades para proceder cuando se viole este reglamento, a excepción de quienes ostenten un cargo de elección popular y tengan fuero.
• La propuesta de reglamento que se aprobará en la sesión del próximo miércoles consta de nueve artículos
Nota de Georgina Morett, Milenio, 11 de marzo.
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