El relator de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, Jorge Bustamante, alertó sobre el incremento de los secuestros de indocumentados centroamericanos, en los que participan desde taxistas hasta comandantes de la policía mexicana, y que constituyen un negocio con ganancias similares a las del narcotráfico.
El relator reiteró su preocupación por los malos tratos que reciben los migrantes a lo largo del territorio nacional, situación que se compara, incluso, con los abusos que se cometen contra este sector de la población en otros continentes, como el africano, y que es ignorado por el Estado mexicano.
Bustamante, designado relator en agosto de 2005, recorrió el Distrito Federal; Tijuana, Baja California, y Tapachula, Chiapas.
Del 9 al 15 de marzo se entrevistó en esas ciudades con representantes del gobierno, organizaciones no gubernamentales y académicos.
Ayer, en conferencia de prensa, Bustamante dijo que en cuanto a los secuestros de migrantes hay “una gran impunidad y ha resultado ser un gran negocio que rivaliza con el narcotráfico”.
Indicó que esos hechos ocurren, por lo regular, en terminales de aeropuertos y autobuses, donde son abordados los migrantes y se les detiene hasta que se extorsiona a sus familiares y se les pide una cantidad de dinero para liberarlos.
Destacó que México incumple con sus compromisos internacionales al no acatar lo dispuesto en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
La convención establece, entre otros preceptos, que ningún trabajador migrante o familiar suyo será sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y que los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la protección efectiva del Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por parte de funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones.
El relator, mexicano, dijo que los abusos documentados han sido un problema ignorado por el Estado, porque deben realizarse, por ejemplo, reformas a la Ley General de Población, dado que ésta los criminaliza y “tiene muchos defectos, porque es una ley muy vieja que data de la década de los 30.
“Cuando fui al Senado para decirles que era necesaria (una reforma), les dije: póngale fecha; un legislador de Chiapas se comprometió a impulsarla este año”, explicó.
El relator reiteró su preocupación por los malos tratos que reciben los migrantes a lo largo del territorio nacional, situación que se compara, incluso, con los abusos que se cometen contra este sector de la población en otros continentes, como el africano, y que es ignorado por el Estado mexicano.
Bustamante, designado relator en agosto de 2005, recorrió el Distrito Federal; Tijuana, Baja California, y Tapachula, Chiapas.
Del 9 al 15 de marzo se entrevistó en esas ciudades con representantes del gobierno, organizaciones no gubernamentales y académicos.
Ayer, en conferencia de prensa, Bustamante dijo que en cuanto a los secuestros de migrantes hay “una gran impunidad y ha resultado ser un gran negocio que rivaliza con el narcotráfico”.
Indicó que esos hechos ocurren, por lo regular, en terminales de aeropuertos y autobuses, donde son abordados los migrantes y se les detiene hasta que se extorsiona a sus familiares y se les pide una cantidad de dinero para liberarlos.
Destacó que México incumple con sus compromisos internacionales al no acatar lo dispuesto en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
La convención establece, entre otros preceptos, que ningún trabajador migrante o familiar suyo será sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y que los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la protección efectiva del Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por parte de funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones.
El relator, mexicano, dijo que los abusos documentados han sido un problema ignorado por el Estado, porque deben realizarse, por ejemplo, reformas a la Ley General de Población, dado que ésta los criminaliza y “tiene muchos defectos, porque es una ley muy vieja que data de la década de los 30.
“Cuando fui al Senado para decirles que era necesaria (una reforma), les dije: póngale fecha; un legislador de Chiapas se comprometió a impulsarla este año”, explicó.
Nota de Liliana Alcántara, El Universal, 16 de marzo.
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