ONU: desde hace décadas legisladores de México tienen una deuda con migrantes

Durante una reunión con senadores, el relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Emigrantes, Jorge Bustamante, acusó a los legisladores de no cumplir con su responsabilidad. “Desde hace 20 años están en deuda, no han modificado la Ley de Población, que considera criminales a quienes ingresan sin documentos al país”.

En el Senado, ante comisiones unidas de Derechos Humanos, de Asuntos Fronterizos Zona Norte, Zona Sur, y de Población y Desarrollo, el experto de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en temas migratorios reprochó a los senadores: “¿Cuándo terminará esa deuda?, pónganse un plazo públicamente. Comprométanse a que en este periodo aprobarán la nueva ley que despenalice el internamiento al país sin documentos”.

Y ahí, ante senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), el relator aseveró que “después del gobierno de (Lázaro) Cárdenas ningún otro presidente ha logrado generar políticas que correspondan a las lecciones que dejó el michoacano”.

Fue particularmente crítico con las legisladoras panistas. Primero, cuando la senadora blanquiazul Adriana González le preguntó “si México podría lograr, cumpliendo con todos sus compromisos internacionales, tener un modelo exportable de protección a los derechos humanos de los migrantes y ser un ejemplo para el vecino del norte, de cómo atender un problema del siglo XXI ”.

Bustamante fue tajante en su respuesta: “Deberíamos empezar por un acto de humildad respecto de la capacidad que tenemos de ser ejemplo de lo que debe hacerse para mejorar el respeto de los derechos humanos de los migrantes.

“No somos un país, ni una sociedad ni un gobierno que pueda ser ejemplo de ese cumplimiento cuando hay una distancia tan grande entre la realidad y los compromisos internacionales que hemos firmado y ratificado. No estamos cumpliendo.”

Experto en el tema migratorio y estudioso del mismo desde hace más de 30 años, Bustamante dijo a la senadora González: “Lo que hacemos a los centroamericanos que ingresan al territorio nacional sin papeles tampoco nos coloca como un país ejemplar. Hay violaciones a sus derechos peores de las que padecen nuestros compatriotas en Estados Unidos.

“Esto está ligado a problemas de corrupción, a la ausencia de rendición de cuentas de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Estas violaciones incluyen muertes. No es casual que llamen Tren de la muerte al ferrocarril que los saca de la frontera con Guatemala, donde son dominados por delincuentes como los mara salvatrucha, que en ocasiones los avientan del tren. La cantidad de amputados centroamericanos por esta causa tampoco es ejemplo”.

La también senadora panista Leticia Sosa Govea manifestó al relator de la ONU que “esta legislatura, usted lo ha escuchado aquí con la expresión tan vehemente, está muy preocupada por los derechos humanos en general, pero muy especialmente por lo que sucede en las fronteras norte y sur. Esta legislatura está muy preocupada, hay varias iniciativas, algunas ya son leyes. Ahí está la ley de reforma constitucional en materia de derechos humanos que pronto será realidad, y la Ley de Población, que no es nada más despenalizar la migración ilegal: es penalizar más a quienes trafican con las personas”.

Bustamante le respondió: “hace más de 20 años que me mantengo oyendo, ahora sí, ya merito, ya va a salir el proyecto… y no pasa nada. Perdóneme, senadora, en la reforma a la Ley de Población ustedes tienen una responsabilidad que no han cumplido”.

–Estamos en eso –replicó la panista.

–Están en deuda desde hace 20 años. ¿Cuándo va a terminar esa deuda? Pónganse un plazo públicamente. Comprométanse a que en este periodo aprobarán la nueva Ley de Población –reviró molesto el relator.

Al inicio de la reunión, el relator dijo a los senadores que las violaciones que los mexicanos –autoridades, policías y sociedad civil– cometen contra los derechos de los migrantes centroamericanos “reducen la eficacia de los reclamos que hacemos los mexicanos por los abusos contra nuestros connacionales que reclamamos al gobierno de Estados Unidos”.

Nota de Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 12 de marzo.


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