El área Pastoral de Migrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) denunció ante el relator especial de Naciones Unidas para los Migrantes, Jorge Bustamante, la violación de los derechos de extranjeros que atraviesan el país en busca de llegar a Estados Unidos.
“Vemos con preocupación las violaciones y vejaciones que sufren los migrantes, en su mayor parte centroamericanos, en su travesía por México hacia Estados Unidos: son secuestrados, se les detiene de manera arbitraria y los agentes pastorales de movilidad humana son agredidos por policías de todas las corporaciones”, aseveró.
Durante la reunión con organizaciones civiles defensoras de los derechos de los migrantes, Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana de la CEM, en voz de Leticia Gutiérrez, expuso a Bustamante que en Tierra Blanca, Veracruz, es frecuente y creciente el secuestro contra migrantes en las rutas que utilizan los centroamericanos.
“Esta situación es del conocimiento de las autoridades, y a pesar de las quejas interpuestas de manera reiterada ante las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y la estatal de Derechos Humanos de Veracruz, así como ante el Ministerio Público, los migrantes que transitan por Tierra Blanca siguen siendo víctimas del secuestro en su modalidad de delincuencia organizada”.
La CEM expuso ante el relator que agentes de la pastoral, personas afectadas y periódicos de circulación nacional han dado cuenta de diversos plagios, y testigos de los hechos “argumentan que los autores del delito pertenecen a un grupo llamado Los Zetas, al que se ubica como brazo armado del cártel del Golfo. Y en información periodística se habla de complicidad de la policía auxiliar del estado y de la ausencia de las autoridades.
“Un sinnúmero de extranjeros son objeto de detenciones arbitrarias por policías municipales en diversas ciudades del país, con el pretexto de que los migrantes se encuentran cometiendo una falta administrativa o han mostrado alguna actitud sospechosa.”
Leticia Gutiérrez denunció que sistemáticamente intervienen en las detenciones y los abusos “miembros del Ejército, las policías estatales, judiciales, sectoriales y los guardias de seguridad privada que trabajan en los ferrocarriles; estos últimos, al interceptar a los migrantes para extorsionarlos y robarlos les han ocasionado daños irreparables, como la mutilación de brazos y piernas”.
También ante el relator, la organización civil Sin Fronteras expuso el caso de los menores de edad no acompañados.
Destacó que en los dos años anterios se ha observado un aumento considerable en el número de migrantes adolescentes no acompañados “que han sido detenidos en las estaciones migratorias de la ciudad de México y Tapachula. Se les detuvo mientras migraban hacia Estados Unidos y/o a Canadá.
“Durante su viaje son sujetos de actos de discriminación, violencia y extorsión por bandas delictivas, traficantes, tratantes y autoridades, y son además objeto de violaciones a sus derechos humanos durante su detención, deportación y recepción.”
Sin Fronteras refirió que en el monitoreo realizado durante 2006 y 2007 “los abusos y las violaciones manifestados por los migrantes de nacionalidad centroamericana son robo de pertenencias, abusos físicos y verbales, intimidación, extorsión y engaño, entre otros. La mayoría de estos actos se efectuó durante el viaje y en el momento de la verificación” de la identidad.
Añadió que los adolescentes detenidos en las estaciones migratoria de Iztapalapa y de Tapachula manifestaron no tener información sobre el proceso al que eran sujetos.
Las organizaciones sociales propusieron al relator que en el caso de los secuestros de migrantes “realice una visita a la región de Tierra Blanca para conocer más a fondo la problemática que se vive en el Golfo de México, solicitar al Instituto Nacional de Migración una presencia más constante de los grupos Beta donde se cometen los secuestros y que solicite a la Procuraduría General de la República su intervención para detener estas agresiones contra migrantes”.
Encuentros con funcionarios
Por otra parte, Bustamante se reunió ayer con la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación, Ana Teresa Aranda, y en los próximos días lo hará con altos funcionarios de las secretarías de Seguridad Pública y del Trabajo y Previsión Social.
También tendrá encuentros con funcionarios del Instituto Nacional de Migración y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. De igual forma, se entrevistará con representantes de gobiernos estatales, organismos autónomos y organizaciones de la sociedad civil.
“Vemos con preocupación las violaciones y vejaciones que sufren los migrantes, en su mayor parte centroamericanos, en su travesía por México hacia Estados Unidos: son secuestrados, se les detiene de manera arbitraria y los agentes pastorales de movilidad humana son agredidos por policías de todas las corporaciones”, aseveró.
Durante la reunión con organizaciones civiles defensoras de los derechos de los migrantes, Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana de la CEM, en voz de Leticia Gutiérrez, expuso a Bustamante que en Tierra Blanca, Veracruz, es frecuente y creciente el secuestro contra migrantes en las rutas que utilizan los centroamericanos.
“Esta situación es del conocimiento de las autoridades, y a pesar de las quejas interpuestas de manera reiterada ante las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y la estatal de Derechos Humanos de Veracruz, así como ante el Ministerio Público, los migrantes que transitan por Tierra Blanca siguen siendo víctimas del secuestro en su modalidad de delincuencia organizada”.
La CEM expuso ante el relator que agentes de la pastoral, personas afectadas y periódicos de circulación nacional han dado cuenta de diversos plagios, y testigos de los hechos “argumentan que los autores del delito pertenecen a un grupo llamado Los Zetas, al que se ubica como brazo armado del cártel del Golfo. Y en información periodística se habla de complicidad de la policía auxiliar del estado y de la ausencia de las autoridades.
“Un sinnúmero de extranjeros son objeto de detenciones arbitrarias por policías municipales en diversas ciudades del país, con el pretexto de que los migrantes se encuentran cometiendo una falta administrativa o han mostrado alguna actitud sospechosa.”
Leticia Gutiérrez denunció que sistemáticamente intervienen en las detenciones y los abusos “miembros del Ejército, las policías estatales, judiciales, sectoriales y los guardias de seguridad privada que trabajan en los ferrocarriles; estos últimos, al interceptar a los migrantes para extorsionarlos y robarlos les han ocasionado daños irreparables, como la mutilación de brazos y piernas”.
También ante el relator, la organización civil Sin Fronteras expuso el caso de los menores de edad no acompañados.
Destacó que en los dos años anterios se ha observado un aumento considerable en el número de migrantes adolescentes no acompañados “que han sido detenidos en las estaciones migratorias de la ciudad de México y Tapachula. Se les detuvo mientras migraban hacia Estados Unidos y/o a Canadá.
“Durante su viaje son sujetos de actos de discriminación, violencia y extorsión por bandas delictivas, traficantes, tratantes y autoridades, y son además objeto de violaciones a sus derechos humanos durante su detención, deportación y recepción.”
Sin Fronteras refirió que en el monitoreo realizado durante 2006 y 2007 “los abusos y las violaciones manifestados por los migrantes de nacionalidad centroamericana son robo de pertenencias, abusos físicos y verbales, intimidación, extorsión y engaño, entre otros. La mayoría de estos actos se efectuó durante el viaje y en el momento de la verificación” de la identidad.
Añadió que los adolescentes detenidos en las estaciones migratoria de Iztapalapa y de Tapachula manifestaron no tener información sobre el proceso al que eran sujetos.
Las organizaciones sociales propusieron al relator que en el caso de los secuestros de migrantes “realice una visita a la región de Tierra Blanca para conocer más a fondo la problemática que se vive en el Golfo de México, solicitar al Instituto Nacional de Migración una presencia más constante de los grupos Beta donde se cometen los secuestros y que solicite a la Procuraduría General de la República su intervención para detener estas agresiones contra migrantes”.
Encuentros con funcionarios
Por otra parte, Bustamante se reunió ayer con la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación, Ana Teresa Aranda, y en los próximos días lo hará con altos funcionarios de las secretarías de Seguridad Pública y del Trabajo y Previsión Social.
También tendrá encuentros con funcionarios del Instituto Nacional de Migración y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. De igual forma, se entrevistará con representantes de gobiernos estatales, organismos autónomos y organizaciones de la sociedad civil.
Nota de Víctor Ballinas, La Jornada, 11 de marzo.
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