La creación de una policía democrática, que se rija con valores, reglas y normas, es urgente en la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), consideró Emilio Álvarez Icaza, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
En el Informe anual 2007, la Comisión señaló a la Procuraduría como una de las dependencias que encabezan las quejas por violaciones a las garantías individuales de los capitalinos, y del total de acusaciones contra la dependencia, la Policía Judicial fue mencionada en el 20 por ciento de los casos.
El Ombudsman de la Ciudad de México consideró que un cuerpo policiaco debe ser un órgano civil y profesional del Estado, que se base en procedimientos y términos de relación.
"Debe ser responsable de hacer cumplir la ley de manera imparcial en estricto respeto a los derechos humanos, sujeta a control, obligada a rendir cuentas y capaz de fomentar una convivencia democrática", solicitó.
Álvarez Icaza urgió a que las prácticas de la institución sean democráticas, sin que esto lleve a la ausencia de autoridad.
Explicó que las nuevas generaciones de agentes judiciales tienen que enfrentar las herencias e inercias añejas de la corporación, aunque la situación parece mejorar, ya que hoy en día uno de cada cuatro policías proviene del Instituto de Formación Profesional, de donde egresan con otros perfiles, capacidades y visiones.
"La sociedad tiene una deuda pendiente con los buenos elementos policiacos, por lo que su función es vital para la agenda de los derechos humanos, de modo que si a los agentes de seguridad les va bien, a la sociedad también le irá bien", dijo el Ombudsman capitalino.
En el Informe anual 2007, la Comisión señaló a la Procuraduría como una de las dependencias que encabezan las quejas por violaciones a las garantías individuales de los capitalinos, y del total de acusaciones contra la dependencia, la Policía Judicial fue mencionada en el 20 por ciento de los casos.
El Ombudsman de la Ciudad de México consideró que un cuerpo policiaco debe ser un órgano civil y profesional del Estado, que se base en procedimientos y términos de relación.
"Debe ser responsable de hacer cumplir la ley de manera imparcial en estricto respeto a los derechos humanos, sujeta a control, obligada a rendir cuentas y capaz de fomentar una convivencia democrática", solicitó.
Álvarez Icaza urgió a que las prácticas de la institución sean democráticas, sin que esto lleve a la ausencia de autoridad.
Explicó que las nuevas generaciones de agentes judiciales tienen que enfrentar las herencias e inercias añejas de la corporación, aunque la situación parece mejorar, ya que hoy en día uno de cada cuatro policías proviene del Instituto de Formación Profesional, de donde egresan con otros perfiles, capacidades y visiones.
"La sociedad tiene una deuda pendiente con los buenos elementos policiacos, por lo que su función es vital para la agenda de los derechos humanos, de modo que si a los agentes de seguridad les va bien, a la sociedad también le irá bien", dijo el Ombudsman capitalino.
Nota de Yáscara López, Reforma, 17 de marzo.
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