Las reformas que el gobierno federal pretende hacer a la Ley Federal del Trabajo sólo consolidarán el sistema de corrupción que predomina en el sindicalismo tradicional, ya que impone una serie de obstáculos para que los trabajadores puedan ejercer su derecho democrático a la huelga y a cambiarse de organización sindical, aseguró el reconocido abogado laborista Arturo Alcalde Justiniani.
“Una de las propuestas es que para crear o cambiar de sindicato, los trabajadores deberán cumplir con requisitos que, por sí mismos, anulan ese derecho por la serie de trámites burocráticos. Y lo mismo para acceder a la firma auténtica del contrato colectivo por vía de la huelga.
Para el asesor de sindicatos universitarios lo “inmoral” de toda esta reforma laboral es que el gobierno federal negoció con las grandes centrales el punto relacionado a transparentar el manejo de sus cuentas y de los recursos públicos.
Centrales como la Confederación de Trabajadores de México, el Congreso del Trabajo, el Sindicato Petrolero y de Ferrocarrileros, la CROC “ya les prometieron a los empresarios y al mismo gobierno que van a flexibilizar aún más los contratos colectivos, que van a aceptar las contrataciones temporales, de capacitación y a prueba.
“Que las jornadas de trabajo sean más largas y ajustables, que se reduzcan las protecciones en materia procesal, particularmente, en descarga de la prueba. Todo a cambio de que les permitan seguir con el negocio de los contratos de protección y que se manejen con discrecionalidad”.
Para Alcalde resulta absurdo que no se aplique la actual Ley Federal del Trabajo que obliga a los líderes a rendir cuenta de cada centavo que reciben de los trabajadores y del erario, “eso no viola ninguna autonomía, eso es un cuento chino de algunos sindicatos”.
Sin embargo, desde la etapa de Carlos Abascal, entonces secretario del Trabajo, se renunció a llamar a cuentas a las grandes centrales y a los líderes por ese pacto hecho con las empresas de flexibilizar los contratos colectivos de trabajo, aseguró.
“Una de las propuestas es que para crear o cambiar de sindicato, los trabajadores deberán cumplir con requisitos que, por sí mismos, anulan ese derecho por la serie de trámites burocráticos. Y lo mismo para acceder a la firma auténtica del contrato colectivo por vía de la huelga.
Para el asesor de sindicatos universitarios lo “inmoral” de toda esta reforma laboral es que el gobierno federal negoció con las grandes centrales el punto relacionado a transparentar el manejo de sus cuentas y de los recursos públicos.
Centrales como la Confederación de Trabajadores de México, el Congreso del Trabajo, el Sindicato Petrolero y de Ferrocarrileros, la CROC “ya les prometieron a los empresarios y al mismo gobierno que van a flexibilizar aún más los contratos colectivos, que van a aceptar las contrataciones temporales, de capacitación y a prueba.
“Que las jornadas de trabajo sean más largas y ajustables, que se reduzcan las protecciones en materia procesal, particularmente, en descarga de la prueba. Todo a cambio de que les permitan seguir con el negocio de los contratos de protección y que se manejen con discrecionalidad”.
Para Alcalde resulta absurdo que no se aplique la actual Ley Federal del Trabajo que obliga a los líderes a rendir cuenta de cada centavo que reciben de los trabajadores y del erario, “eso no viola ninguna autonomía, eso es un cuento chino de algunos sindicatos”.
Sin embargo, desde la etapa de Carlos Abascal, entonces secretario del Trabajo, se renunció a llamar a cuentas a las grandes centrales y a los líderes por ese pacto hecho con las empresas de flexibilizar los contratos colectivos de trabajo, aseguró.
Nota de Blanca Valadez, Milenio, 3 de marzo.
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