La secretaría ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE) informó ayer que abrió seis expedientes relacionados con denuncias contra funcionarios panistas por presunta publicidad personalizada con recursos públicos.
Durante la sesión del Consejo General del IFE detalló que se presentaron denuncias contra los gobernadores de Jalisco y Morelos, Emilio González Márquez y Marco Adame Castillo, y contra los diputados federales Juan Enrique Barrios, Javier Bolaños, José Martín López Cisneros, Óscar Mohamar y Heriberto Orozco.
Las denuncias fueron presentadas por el PRI, el PVEM, Convergencia y autoridades electorales locales.
En todas las quejas se alega que los funcionarios denunciados infringieron el artículo 134 de la Constitución, que señala que en ningún caso la propaganda institucional con fines informativos, educativos o de orientación social "incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público".
El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, remarcó que todas las autoridades están informadas de esa disposición legal.
"Se enviaron oficios a los titulares de los gobiernos de los 31 estados de la República y al Jefe del Gobierno del Distrito Federal, así como a la presidencias del Senado y de la Cámara de Diputados, además de la Secretaría de Gobernación, advirtiendo sobre la fecha para retirar ese tipo de propaganda", apuntó.
El número de quejas por incumplimiento de la disposición, señaló, se ha incrementado en los últimos días.
Indicó, sin embargo, que no ha recibido denuncias relacionadas con la presunta compra de espacios para promoción personal por parte de los titulares de los gobiernos del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
Si la denuncia es presentada, remarcó, el IFE procederá a realizar las investigaciones correspondientes, en uso de sus atribuciones.
El representante del PRD ante el IFE, Rafael Hernández Estrada, llamó a la población a que denuncie ante ese órgano a los funcionarios de los tres niveles de gobierno que utilicen la publicidad oficial para promocionar su imagen.
Sanciones
El Consejo General del IFE aprobó ayer imponer sanciones a los partidos Nueva Alianza y del Trabajo, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El instituto determinó aplicar una multa de un millón 813 mil pesos a Nueva Alianza por irregularidades detectadas en sus informes de ingresos y gastos ordinarios correspondientes al ejercicio 2006.
En el caso del PT, se impuso una sanción de 7 millones 824 mil pesos por no haber acreditado cinco mil 152 spots de radio y televisión durante las campañas electorales de 2006.
Justifican incremento
El incremento salarial para los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), publicado en el Diario Oficial, obedece a una disposición constitucional que establece que sus percepciones deben homologarse con las de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, indicó Leonardo Valdés.
El consejero presidente del IFE aseguró que las medidas de austeridad y racionalidad aprobadas por el Consejo General el pasado 28 de enero siguen vigentes, pero apuntó que en ellas no está incluida ninguna limitación para la renivelación de las percepciones de los funcionarios del instituto.
"El Consejo General está obligado a acatar la Constitución y éste es un mandato constitucional. No es una decisión que el Consejo General haya tomado, no es una decisión de los consejeros electorales, es una orden constitucional", remarcó.
Durante la sesión del Consejo General del IFE detalló que se presentaron denuncias contra los gobernadores de Jalisco y Morelos, Emilio González Márquez y Marco Adame Castillo, y contra los diputados federales Juan Enrique Barrios, Javier Bolaños, José Martín López Cisneros, Óscar Mohamar y Heriberto Orozco.
Las denuncias fueron presentadas por el PRI, el PVEM, Convergencia y autoridades electorales locales.
En todas las quejas se alega que los funcionarios denunciados infringieron el artículo 134 de la Constitución, que señala que en ningún caso la propaganda institucional con fines informativos, educativos o de orientación social "incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público".
El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, remarcó que todas las autoridades están informadas de esa disposición legal.
"Se enviaron oficios a los titulares de los gobiernos de los 31 estados de la República y al Jefe del Gobierno del Distrito Federal, así como a la presidencias del Senado y de la Cámara de Diputados, además de la Secretaría de Gobernación, advirtiendo sobre la fecha para retirar ese tipo de propaganda", apuntó.
El número de quejas por incumplimiento de la disposición, señaló, se ha incrementado en los últimos días.
Indicó, sin embargo, que no ha recibido denuncias relacionadas con la presunta compra de espacios para promoción personal por parte de los titulares de los gobiernos del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
Si la denuncia es presentada, remarcó, el IFE procederá a realizar las investigaciones correspondientes, en uso de sus atribuciones.
El representante del PRD ante el IFE, Rafael Hernández Estrada, llamó a la población a que denuncie ante ese órgano a los funcionarios de los tres niveles de gobierno que utilicen la publicidad oficial para promocionar su imagen.
Sanciones
El Consejo General del IFE aprobó ayer imponer sanciones a los partidos Nueva Alianza y del Trabajo, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El instituto determinó aplicar una multa de un millón 813 mil pesos a Nueva Alianza por irregularidades detectadas en sus informes de ingresos y gastos ordinarios correspondientes al ejercicio 2006.
En el caso del PT, se impuso una sanción de 7 millones 824 mil pesos por no haber acreditado cinco mil 152 spots de radio y televisión durante las campañas electorales de 2006.
Justifican incremento
El incremento salarial para los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), publicado en el Diario Oficial, obedece a una disposición constitucional que establece que sus percepciones deben homologarse con las de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, indicó Leonardo Valdés.
El consejero presidente del IFE aseguró que las medidas de austeridad y racionalidad aprobadas por el Consejo General el pasado 28 de enero siguen vigentes, pero apuntó que en ellas no está incluida ninguna limitación para la renivelación de las percepciones de los funcionarios del instituto.
"El Consejo General está obligado a acatar la Constitución y éste es un mandato constitucional. No es una decisión que el Consejo General haya tomado, no es una decisión de los consejeros electorales, es una orden constitucional", remarcó.
Nota de Guadalupe Irízar, Reforma, 1º de marzo.
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