Ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados que integraron la comisión encargada de investigar los enfrentamientos del 3 y 4 de mayo de 2006, en San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, documentaron que policías federales y estatales, “sin control alguno”, agredieron de forma violenta a manifestantes que nunca opusieron resistencia a las fuerzas del orden.
Sin dar a conocer nombres, los magistrados Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé puntualizaron que el operativo que culminó con el ingreso de más de 2 mil 500 uniformados a San Salvador Atenco fue planeado por “mandos del más alto nivel”, tanto estatal como federal.
Luego de más de un año de haber iniciado la investigación y que constan en un expediente de 205 mil 600 fojas, los comisionados entregaron los resultados que contienen declaraciones de policías y denunciantes, así como entrevistas con 10 altos funcionarios públicos tanto del Estado de México y de la federación, que por las funciones que desempeñaban en esa época, tuvieron intervención en los hechos.
Por los cargos mencionados estos corresponden a los del gobernador Enrique Peña Nieto, y del actual procurador general, Eduardo Medina Mora, quien tenía el cargo de secretario de Seguridad Pública Federal.
Los comisionados señalaron que derivado de los enfrentamientos, las autoridades detuvieron a 207 personas, de los cuales sólo nueve resultaron ilesos, mientras que el resto presentaron lesiones en diferentes partes del cuerpo, y de ellos 27 requirieron atención hospitalaria; mientras que otros aseguraron haber recibido amenazas por parte de los agentes.
Asimismo, dos personas perdieron la vida, uno a consecuencia de disparo de arma de fuego y otro por una lesión craneoencefálica.
Por este caso 301 personas comparecieron: 228 elementos policiales, nueves agentes federales de migración, 19 detenidos, además de 26 personas que fueron visitadas en centros penitenciarias y nueve relacionadas con los hechos; así como los 10 altos funcionarios. públicos
Ahora corresponderá al ministro José de Jesús Gudiño Pelayo elaborar el dictamen de la indagatoria presentada que obra en 13 tomos, en la que también se aportó documentación de organizaciones no gubernamentales y de instancias internacionales, éstas últimas que a decir de los magistrados deben ser tomadas en cuenta.
Sin dar a conocer nombres, los magistrados Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé puntualizaron que el operativo que culminó con el ingreso de más de 2 mil 500 uniformados a San Salvador Atenco fue planeado por “mandos del más alto nivel”, tanto estatal como federal.
Luego de más de un año de haber iniciado la investigación y que constan en un expediente de 205 mil 600 fojas, los comisionados entregaron los resultados que contienen declaraciones de policías y denunciantes, así como entrevistas con 10 altos funcionarios públicos tanto del Estado de México y de la federación, que por las funciones que desempeñaban en esa época, tuvieron intervención en los hechos.
Por los cargos mencionados estos corresponden a los del gobernador Enrique Peña Nieto, y del actual procurador general, Eduardo Medina Mora, quien tenía el cargo de secretario de Seguridad Pública Federal.
Los comisionados señalaron que derivado de los enfrentamientos, las autoridades detuvieron a 207 personas, de los cuales sólo nueve resultaron ilesos, mientras que el resto presentaron lesiones en diferentes partes del cuerpo, y de ellos 27 requirieron atención hospitalaria; mientras que otros aseguraron haber recibido amenazas por parte de los agentes.
Asimismo, dos personas perdieron la vida, uno a consecuencia de disparo de arma de fuego y otro por una lesión craneoencefálica.
Por este caso 301 personas comparecieron: 228 elementos policiales, nueves agentes federales de migración, 19 detenidos, además de 26 personas que fueron visitadas en centros penitenciarias y nueve relacionadas con los hechos; así como los 10 altos funcionarios. públicos
Ahora corresponderá al ministro José de Jesús Gudiño Pelayo elaborar el dictamen de la indagatoria presentada que obra en 13 tomos, en la que también se aportó documentación de organizaciones no gubernamentales y de instancias internacionales, éstas últimas que a decir de los magistrados deben ser tomadas en cuenta.
Nota de Rubén Mosso, Milenio, 14 de marzo.
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