Con 71 votos a favor y 25 en contra —de los partidos del Frente Amplio—, el Senado aprobó el último tramo de la reforma penal, al suprimir del artículo 16 la posibilidad de que la policía allane un domicilio sin orden judicial.
Desde tribuna, los perredistas Ricardo Monreal y Pablo Gómez afirmaron que esta reforma es regresiva y sigue siendo violatoria de los derechos humanos, porque constitucionaliza el “secuestro” al permitir los arraigos policiacos hasta por 80 días, la confiscación de bienes sin concluir un juicio al modificar la extinción de dominio, mientras que la definición de delincuencia organizada es ambigua e inexacta.
Se esperaba que el tema generara una amplia discusión, pero sólo PRD, PT y Acción Nacional defendieron sus puntos de vista, tras lo cual, se votó para ser enviado a los Congresos estatales, a fin de concluir el proceso del constituyente permanente y ser promulgado.
La reforma aprobada establece un estándar de pruebas para librar una orden de aprehensión, un concepto constitucional de flagrancia, reduce los requisitos para declarar el arraigo; define a nivel de la Carta Magna el concepto de delincuencia organizada y las excepciones en su tratamiento procesal.
Precisa los requisitos y alcances de las órdenes de cateo; establece los requisitos para grabar comunicaciones entre particulares; se crea la figura y establece facultades de los jueces de control, señala mecanismos alternativos de solución de controversias y fija las bases para crear una defensoría pública más eficaz y eficiente, entre otros ajustes.
En la discusión de ayer, Monreal y Gómez cuestionaron la ambigüedad del término de delincuencia organizada, según el cual, ésta se entenderá como la comisión de delitos de manera continuada en en el que intervienen más de tres personas.
Acusaron que “cualquier definición que se ponga con el propósito de suspender derechos fundamentales siempre será un abuso”.
Asimismo, se cuestionó que se prive de la libertad a los presuntos delincuentes con arraigos de hasta 80 días, sin contar la presunción de inocencia.
En ese sentido, la petista Rosario Ibarra impugnó la reforma al señalar que con ella México va a contracorriente del mundo en lo que se refiere a derechos humanos.
A favor del dictamen, sólo el panista Ulises Ramírez destacó que con esta modificación se confirma que el Senado atiende los reclamos ciudadanos, que urgieron a eliminar los allanamientos sin orden judicial.
Desde tribuna, los perredistas Ricardo Monreal y Pablo Gómez afirmaron que esta reforma es regresiva y sigue siendo violatoria de los derechos humanos, porque constitucionaliza el “secuestro” al permitir los arraigos policiacos hasta por 80 días, la confiscación de bienes sin concluir un juicio al modificar la extinción de dominio, mientras que la definición de delincuencia organizada es ambigua e inexacta.
Se esperaba que el tema generara una amplia discusión, pero sólo PRD, PT y Acción Nacional defendieron sus puntos de vista, tras lo cual, se votó para ser enviado a los Congresos estatales, a fin de concluir el proceso del constituyente permanente y ser promulgado.
La reforma aprobada establece un estándar de pruebas para librar una orden de aprehensión, un concepto constitucional de flagrancia, reduce los requisitos para declarar el arraigo; define a nivel de la Carta Magna el concepto de delincuencia organizada y las excepciones en su tratamiento procesal.
Precisa los requisitos y alcances de las órdenes de cateo; establece los requisitos para grabar comunicaciones entre particulares; se crea la figura y establece facultades de los jueces de control, señala mecanismos alternativos de solución de controversias y fija las bases para crear una defensoría pública más eficaz y eficiente, entre otros ajustes.
En la discusión de ayer, Monreal y Gómez cuestionaron la ambigüedad del término de delincuencia organizada, según el cual, ésta se entenderá como la comisión de delitos de manera continuada en en el que intervienen más de tres personas.
Acusaron que “cualquier definición que se ponga con el propósito de suspender derechos fundamentales siempre será un abuso”.
Asimismo, se cuestionó que se prive de la libertad a los presuntos delincuentes con arraigos de hasta 80 días, sin contar la presunción de inocencia.
En ese sentido, la petista Rosario Ibarra impugnó la reforma al señalar que con ella México va a contracorriente del mundo en lo que se refiere a derechos humanos.
A favor del dictamen, sólo el panista Ulises Ramírez destacó que con esta modificación se confirma que el Senado atiende los reclamos ciudadanos, que urgieron a eliminar los allanamientos sin orden judicial.
Nota de Angélica Mercado, Milenio, 7 de marzo.
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