La última versión del reglamento en materia de propaganda institucional, político electoral y de servidores públicos que prepara el Instituto Federal Electoral (IFE) ha logrado allanar las principales diferencias entre los consejeros y concitar consenso sobre los alcances del organismo en esta materia. La inclusión de temas como la posibilidad de dictar medidas cautelares, dar vista a otras autoridades cuando se conozca de irregularidades de orden penal o que la actuación del instituto sea sin menoscabo del ejercicio de otras autoridades destrabó la discusión.
Los consejeros se reunieron este jueves para consensuar el proyecto que incorporaba las tres propuestas anteriores que se habían presentado y, según dio a conocer Arturo Sánchez, en el nuevo esquema no se pretende ya interpretar la Constitución, sino enfocarse en lo que se deriva de ésta en el ámbito electoral, que son las facultades que tiene el IFE.
En el reglamento se considera propaganda político-electoral contraria a la ley: la difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto en favor de un servidor público, de un tercero, un partido, candidato o precandidato; la mención de que se aspira a ser precandidato, de que se desea un cargo de elección popular y de alguna fecha relacionada con elecciones federales o internas de los partidos; la referencia a propuestas de carácter político vinculadas con futuros puestos de elección, y hablar en tono favorable o crítico de un servidor, entre otros puntos.
Sin embargo, aún hay temas pendientes, tales como la posible presencia de militantes en los promocionales partidistas o bien las regulaciones que tendrán los legisladores en relación con las restricciones de propaganda institucional que usen imágenes personales. Se estima que el documento consensuado sea remitido hoy a los partidos para discutirlo la próxima semana, previo a su aprobación en la sesión del Consejo General del IFE el día 12 de marzo.
Los consejeros se reunieron este jueves para consensuar el proyecto que incorporaba las tres propuestas anteriores que se habían presentado y, según dio a conocer Arturo Sánchez, en el nuevo esquema no se pretende ya interpretar la Constitución, sino enfocarse en lo que se deriva de ésta en el ámbito electoral, que son las facultades que tiene el IFE.
En el reglamento se considera propaganda político-electoral contraria a la ley: la difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto en favor de un servidor público, de un tercero, un partido, candidato o precandidato; la mención de que se aspira a ser precandidato, de que se desea un cargo de elección popular y de alguna fecha relacionada con elecciones federales o internas de los partidos; la referencia a propuestas de carácter político vinculadas con futuros puestos de elección, y hablar en tono favorable o crítico de un servidor, entre otros puntos.
Sin embargo, aún hay temas pendientes, tales como la posible presencia de militantes en los promocionales partidistas o bien las regulaciones que tendrán los legisladores en relación con las restricciones de propaganda institucional que usen imágenes personales. Se estima que el documento consensuado sea remitido hoy a los partidos para discutirlo la próxima semana, previo a su aprobación en la sesión del Consejo General del IFE el día 12 de marzo.
Nota de Alonso Urrutia, La Jornada, 7 de marzo.
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