El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer a los tribunales colegiados que conocen de los juicios de amparo contra la reforma en materia electoral, que detengan cualquier procedimiento judicial en tanto el máximo tribunal determina si ejerce su facultad de atracción sobre esa materia. La mayoría de los amparos fueron solicitados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
Fue el ministro Sergio Valls quien propuso a sus compañeros que se solicitara a los tribunales colegiados de circuito abstenerse de resolver amparos que impugnan las reformas constitucionales en materia electoral.
Los diez ministros presentes en la sesión de ayer aprobaron el acuerdo que obliga a los tribunales a no resolver los juicios de amparo en revisión en tanto la Corte resuelve sobre la facultad de atracción que propuso al pleno José Fernando Franco González Salas.
Valls Hernández, encargado de resolver la solicitud que realizó González Salas de conocer y resolver de fondo los amparos que promovieron tanto el sector empresarial como el civil contra las reformas, fue quien realizó la petición. Ninguno de los ministros se opuso a la propuesta de Valls, por lo que a partir de este martes se enviará la notificación a cada uno de los tribunales colegiados que conocen de ese tipo de recursos.
El CCE pidió amparo en contra de la reforma electoral por considerar que ésta viola garantías constitucionales como la libertad de expresión y vulnera derechos internacionales de los individuos de ejercer plenamente sus ideas y de tomar parte en la vida política de un país.
El organismo empresarial asegura que la reforma atenta contra la democracia y el estado de derecho, al anteponer los intereses de los partidos políticos por encima de los de la sociedad, dejándola amordazada.
En primera instancia, los recursos de petición de amparo han sido desechados por notoriamente improcedentes.
Fue el ministro Sergio Valls quien propuso a sus compañeros que se solicitara a los tribunales colegiados de circuito abstenerse de resolver amparos que impugnan las reformas constitucionales en materia electoral.
Los diez ministros presentes en la sesión de ayer aprobaron el acuerdo que obliga a los tribunales a no resolver los juicios de amparo en revisión en tanto la Corte resuelve sobre la facultad de atracción que propuso al pleno José Fernando Franco González Salas.
Valls Hernández, encargado de resolver la solicitud que realizó González Salas de conocer y resolver de fondo los amparos que promovieron tanto el sector empresarial como el civil contra las reformas, fue quien realizó la petición. Ninguno de los ministros se opuso a la propuesta de Valls, por lo que a partir de este martes se enviará la notificación a cada uno de los tribunales colegiados que conocen de ese tipo de recursos.
El CCE pidió amparo en contra de la reforma electoral por considerar que ésta viola garantías constitucionales como la libertad de expresión y vulnera derechos internacionales de los individuos de ejercer plenamente sus ideas y de tomar parte en la vida política de un país.
El organismo empresarial asegura que la reforma atenta contra la democracia y el estado de derecho, al anteponer los intereses de los partidos políticos por encima de los de la sociedad, dejándola amordazada.
En primera instancia, los recursos de petición de amparo han sido desechados por notoriamente improcedentes.
Nota de Alfredo Méndez, La Jornada, 4 de marzo.
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