Con 71 votos en favor y 25 en contra, el Senado aprobó la Reforma Judicial que establece los requisitos para grabar comunicaciones entre particulares y eleva a rango constitucional el arraigo hasta por 80 días.
Así los legisladores validaron la eliminación del párrafo 12 del Artículo 16 hecha por la Cámara de Diputados, por lo que se descarta la posibilidad de que los cuerpos policiacos puedan hacer cateos sin orden judicial.
Los grupos del PRI, PAN y PVEM sufragaron en favor del dictamen, mientras los legisladores del PRD, PT, PVEM y Convergencia lo hicieron en contra.
Al hablar en favor del dictamen el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Ulises Ramírez, del PAN, indicó que con esas modificaciones constitucionales se otorga al Estado de mejores mecanismos para combatir a la delincuencia organizada.
No obstante los senadores Ricardo Monreal y Pablo Gómez, del PRD, opinaron que la reforma implica retrocesos en materia de garantías individuales y es persecutoria de los derechos humanos.
La Reforma Judicial, que fue enviada a los congresos locales de todo el país, eleva a rango constitucional el arraigo para que un detenido pueda ser retenido hasta por 80 días para ser investigado, y crea el sistema de juicios orales.
También legaliza la grabación de comunicaciones telefónicas entre particulares, las cuales podrán servir de evidencia si son aportadas de forma voluntaria por alguna de las partes en conflicto.
La Reforma Judicial autoriza, previa orden de un juez, la intervención de comunicaciones privadas, siempre y cuando no se trate de cuestiones electorales, fiscales, mercantiles, civiles, laborales o administrativas.
De igual manera crea la figura de los “jueces de control”, quienes resolverán, de manera inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares que hagan las autoridades para continuar sus investigaciones.
Así los legisladores validaron la eliminación del párrafo 12 del Artículo 16 hecha por la Cámara de Diputados, por lo que se descarta la posibilidad de que los cuerpos policiacos puedan hacer cateos sin orden judicial.
Los grupos del PRI, PAN y PVEM sufragaron en favor del dictamen, mientras los legisladores del PRD, PT, PVEM y Convergencia lo hicieron en contra.
Al hablar en favor del dictamen el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Ulises Ramírez, del PAN, indicó que con esas modificaciones constitucionales se otorga al Estado de mejores mecanismos para combatir a la delincuencia organizada.
No obstante los senadores Ricardo Monreal y Pablo Gómez, del PRD, opinaron que la reforma implica retrocesos en materia de garantías individuales y es persecutoria de los derechos humanos.
La Reforma Judicial, que fue enviada a los congresos locales de todo el país, eleva a rango constitucional el arraigo para que un detenido pueda ser retenido hasta por 80 días para ser investigado, y crea el sistema de juicios orales.
También legaliza la grabación de comunicaciones telefónicas entre particulares, las cuales podrán servir de evidencia si son aportadas de forma voluntaria por alguna de las partes en conflicto.
La Reforma Judicial autoriza, previa orden de un juez, la intervención de comunicaciones privadas, siempre y cuando no se trate de cuestiones electorales, fiscales, mercantiles, civiles, laborales o administrativas.
De igual manera crea la figura de los “jueces de control”, quienes resolverán, de manera inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares que hagan las autoridades para continuar sus investigaciones.
Nota de El Economista, 7 de marzo.
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