Washington, 5 de marzo. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles una resolución que afirma que Colombia violó la soberanía de Ecuador al invadir su territorio para bombardear un campamento de la insurgencia colombiana, pero no condena de forma explícita la acción de Bogotá, acción en la que fue abatido el comandante rebelde Raúl Reyes.
La resolución determina también el establecimiento de una comisión que visitará ambos países y estará encabezada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, e integrada por cuatro embajadores ante el organismo, así como la convocatoria a una reunión regional de los cancilleres del continente en la sede del organismo continental, el próximo 17 de marzo en Washington.
La resolución deja abierto el carácter concreto de la comisión a discreción de Insulza. Ecuador quería que fuese de “investigación”, mientras que Colombia deseaba que fuera sólo “exploratoria” sobre el conflicto en general. En todo caso, deberá “examinar los hechos y formular las recomendaciones pertinentes”.
De esta manera, para la OEA el ataque a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que el sábado dejó 22 guerrilleros muertos, entre ellos el número dos de la organización insurgente, Raúl Reyes, fue una violación de la soberanía y de la integridad territorial de Ecuador y de los principios del derecho internacional, de acuerdo con la resolución.
“Terminamos bien, ojalá que sea un buen presagio”, dijo Insulza al final de la sesión del Consejo Permanente, que esta mañana retomó las discusiones después de que el pasado martes, tras una larga jornada, fueron suspendidas por falta de acuerdo sobre el texto de resolución, respecto del que al final ambas partes cedieron.
Ecuador se declaró satisfecho con el resultado de la resolución, mientras que Colombia remarcó que la comisión liderada por Insulza, que el domingo viajará para comenzar sus trabajos, tendrá mucho trabajo, debido a las diferencias entre los dos países que deben ser resueltas.
La ministra ecuatoriana del Exterior, María Isabel Salvador, afirmó que la resolución es el “primer paso” de un proceso, pero que no es suficiente para restablecer relaciones diplomáticas con Colombia o retirar inmediatamente las tropas que están en la frontera con ese país.
Sobre el hecho de que la OEA no haya incluido una condena a la acción bélica colombiana, destacó que se dio un “rechazo explícito” de los países miembros al acto de Bogotá, al menos verbal, y que el texto atiende a las reivindicaciones de Quito.
“Creo que la resolución ha permitido a Ecuador reivindicar, en conjunto con los demás miembros de la organización su soberanía territorial”, dijo en rueda de prensa, en la que añadió que esto es, “sin duda, un precedente para el resto de la región y garantizará que ningún país, bajo ningún pretexto, atente contra la inviolabilidad del territorio de otro Estado”.
Reiteró también que su país condena las acciones de las FARC y rechazó que sean verdaderas las acusaciones de supuestos vínculos con la guerrilla.
Colombia también expresó su conformidad con el texto, pero indicó que el espíritu de la resolución deberá ser desarrollado aún en la reunión de cancilleres.
El embajador colombiano ante la OEA, Camilo Ospina, dijo que su nación buscará que el organismo interamericano reafirme su compromiso contra el terrorismo, al considerar que la cuestión está “mal tratada por algunos países”, e insistió en que “hay estados que financian el terrorismo”.
Bogotá ha dicho que obtuvo pruebas en computadoras de la guerrilla de que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, financió a las FARC con 300 millones de dólares y armamentos, acusación negada por Caracas.
La mayoría de los países miembros de la OEA coincidió en que el texto supone un paso adelante en la solución de un conflicto, que la resolución calificó de “grave crisis” y origen de una “grave tensión en la región”, pero Estados Unidos no estuvo de acuerdo con que el texto señalara que Colombia violó la soberanía y el territorio ecuatoriano, pues el ataque, según su parecer, estuvo justificado en el ámbito de la lucha contra las FARC.
Argentina, Bolivia, Brasil, México y Perú felicitaron a ambos países. La resolución “es importante para la paz que queremos preservar”, dijo Osmar Chiofi, embajador brasileño ante el organismo regional.
“Quisiéramos haber ido más allá”, dijo sin embargo el embajador de Venezuela, Jorge Valero, quien mencionó que Caracas considera que el Plan Colombia (de lucha antidrogas) y el Plan Patriota (militar), desarrollados por Colombia con apoyo del gobierno de Estados Unidos, “acechan la seguridad hemisférica, constituyen un peligro continental”.
El presidente Hugo Chávez, aliado de Ecuador, mandó tropas a la frontera después del incidente y expulsó al embajador colombiano en Caracas. Quito hizo lo mismo y rompió relaciones diplomáticas con Bogotá.
Nicaragua mostró su desacuerdo con la resolución del organismo regional al argumentar que se siente amenazado por Colombia en un conflicto de límites marítimos, y denunció la actitud “agresiva” de ese país a causa del diferendo sobre las islas San Andrés.
En respuesta, Bogotá lamentó que la delegación de Managua aprovechara “oportunistamente” la crisis bilateral.
En Brasil, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva calificó de “madura” y bastante rápida la resolución de la OEA, y abogó por que pronto se restablezca la armonía entre Quito y Bogotá.
La resolución determina también el establecimiento de una comisión que visitará ambos países y estará encabezada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, e integrada por cuatro embajadores ante el organismo, así como la convocatoria a una reunión regional de los cancilleres del continente en la sede del organismo continental, el próximo 17 de marzo en Washington.
La resolución deja abierto el carácter concreto de la comisión a discreción de Insulza. Ecuador quería que fuese de “investigación”, mientras que Colombia deseaba que fuera sólo “exploratoria” sobre el conflicto en general. En todo caso, deberá “examinar los hechos y formular las recomendaciones pertinentes”.
De esta manera, para la OEA el ataque a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que el sábado dejó 22 guerrilleros muertos, entre ellos el número dos de la organización insurgente, Raúl Reyes, fue una violación de la soberanía y de la integridad territorial de Ecuador y de los principios del derecho internacional, de acuerdo con la resolución.
“Terminamos bien, ojalá que sea un buen presagio”, dijo Insulza al final de la sesión del Consejo Permanente, que esta mañana retomó las discusiones después de que el pasado martes, tras una larga jornada, fueron suspendidas por falta de acuerdo sobre el texto de resolución, respecto del que al final ambas partes cedieron.
Ecuador se declaró satisfecho con el resultado de la resolución, mientras que Colombia remarcó que la comisión liderada por Insulza, que el domingo viajará para comenzar sus trabajos, tendrá mucho trabajo, debido a las diferencias entre los dos países que deben ser resueltas.
La ministra ecuatoriana del Exterior, María Isabel Salvador, afirmó que la resolución es el “primer paso” de un proceso, pero que no es suficiente para restablecer relaciones diplomáticas con Colombia o retirar inmediatamente las tropas que están en la frontera con ese país.
Sobre el hecho de que la OEA no haya incluido una condena a la acción bélica colombiana, destacó que se dio un “rechazo explícito” de los países miembros al acto de Bogotá, al menos verbal, y que el texto atiende a las reivindicaciones de Quito.
“Creo que la resolución ha permitido a Ecuador reivindicar, en conjunto con los demás miembros de la organización su soberanía territorial”, dijo en rueda de prensa, en la que añadió que esto es, “sin duda, un precedente para el resto de la región y garantizará que ningún país, bajo ningún pretexto, atente contra la inviolabilidad del territorio de otro Estado”.
Reiteró también que su país condena las acciones de las FARC y rechazó que sean verdaderas las acusaciones de supuestos vínculos con la guerrilla.
Colombia también expresó su conformidad con el texto, pero indicó que el espíritu de la resolución deberá ser desarrollado aún en la reunión de cancilleres.
El embajador colombiano ante la OEA, Camilo Ospina, dijo que su nación buscará que el organismo interamericano reafirme su compromiso contra el terrorismo, al considerar que la cuestión está “mal tratada por algunos países”, e insistió en que “hay estados que financian el terrorismo”.
Bogotá ha dicho que obtuvo pruebas en computadoras de la guerrilla de que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, financió a las FARC con 300 millones de dólares y armamentos, acusación negada por Caracas.
La mayoría de los países miembros de la OEA coincidió en que el texto supone un paso adelante en la solución de un conflicto, que la resolución calificó de “grave crisis” y origen de una “grave tensión en la región”, pero Estados Unidos no estuvo de acuerdo con que el texto señalara que Colombia violó la soberanía y el territorio ecuatoriano, pues el ataque, según su parecer, estuvo justificado en el ámbito de la lucha contra las FARC.
Argentina, Bolivia, Brasil, México y Perú felicitaron a ambos países. La resolución “es importante para la paz que queremos preservar”, dijo Osmar Chiofi, embajador brasileño ante el organismo regional.
“Quisiéramos haber ido más allá”, dijo sin embargo el embajador de Venezuela, Jorge Valero, quien mencionó que Caracas considera que el Plan Colombia (de lucha antidrogas) y el Plan Patriota (militar), desarrollados por Colombia con apoyo del gobierno de Estados Unidos, “acechan la seguridad hemisférica, constituyen un peligro continental”.
El presidente Hugo Chávez, aliado de Ecuador, mandó tropas a la frontera después del incidente y expulsó al embajador colombiano en Caracas. Quito hizo lo mismo y rompió relaciones diplomáticas con Bogotá.
Nicaragua mostró su desacuerdo con la resolución del organismo regional al argumentar que se siente amenazado por Colombia en un conflicto de límites marítimos, y denunció la actitud “agresiva” de ese país a causa del diferendo sobre las islas San Andrés.
En respuesta, Bogotá lamentó que la delegación de Managua aprovechara “oportunistamente” la crisis bilateral.
En Brasil, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva calificó de “madura” y bastante rápida la resolución de la OEA, y abogó por que pronto se restablezca la armonía entre Quito y Bogotá.
Nota de Reuters, AFP y DPA, La Jornada, 6 de marzo.
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