Acción Nacional embiste contra la libre expresión y la verdad, advierte el PVEM

Las reformas que propone el Partido Acción Nacional (PAN) a la Ley Reglamentaria del Artículo Sexto de la Constitución, en el que se establecen las condiciones para el uso del derecho de réplica sobre información que se considere inexacta, es un grave retroceso en la libertad de expresión, pues se plantea que el afectado puede decirse agraviado y demandar hasta por un millón de pesos al medio, sea escrito o electrónico, aun cuando la información de referencia sea verídica, advirtieron diputados y senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En conferencia de prensa conjunta ofrecida en la Cámara de Diputados, los legisladores del PVEM, en voz del senador Francisco Agundis, enfatizaron que el hecho de que una información sea agraviante, como establece el citado proyecto de dictamen, no significa que sea imprecisa, inexacta o falsa, “por lo que sin duda se coarta el derecho a la libertad de expresión”.

Señaló que todos los medios de comunicación, que publiquen de manera periódica o transmitan en una frecuencia determinada, se ven coartados en su libertad, y destacó otros puntos controversiales de la propuesta de reforma que el PAN ha hecho circular en el Senado.

Menciona que en el artículo noveno de la propuesta de reforma, la ley establece que será objeto de replica la edición de fotografías o de imágenes informativas que distorsionen los hechos, causando perjuicios. “Aquí estamos hablando, inclusive, de los cartones o caricaturas que puede imprimir algún medio de comunicación. Sin duda, los caricaturistas, los cartonistas de este país hacen una labor muy importante, en la que establecen hechos de una manera distinta, realidades que sin duda alguien pudieran considerar un agravio, aun cuando se trate de una verdad”.

Otro artículo, el 21, hace referencia, dentro del procedimiento administrativo para presentar este tipo de recursos, que la persona legitimada para ejercer el derecho de replica tendrá que presentar una queja administrativa ante la Secretaría de Gobernación.

“Sin duda, lo que buscamos es la libertad, necesitamos ampliarla, buscamos recortar el poder, necesitamos que el Ejecutivo sea uno de los tres poderes y no otra vez el poder absoluto que siempre fue, por lo que nos parece que no es adecuado que el Ejecutivo, por medio de su Secretaría de Gobernación, pueda dar cauce a las quejas que se presenten contra medios de comunicación que hayan publicado o emitido información que alguien pueda considerar agraviante”.

Es, además, discriminatoria, añaden, pues en el artículo 29 de dicha ley se establece que se duplicarán las sanciones que establece la legislación, cuando el derecho de réplica verse sobre información, menciones, referencias relacionadas con cuestiones electorales.

“Esto quiere decir que si algún medio de comunicación emitiera alguna opinión, publicara o transmitiera alguna nota que afecte la campaña o precampaña de un candidato o un partido, aun cuando la opinión o publicación sea veraz, las sanciones serán el doble de lo que serían si estas notas se publicaran en contra de alguna persona física o moral o de algún funcionario público”, dijo.

Dicha iniciativa panista, abundó el senador Agundis, “nos lleva para atrás”, pues el hecho de señalar a una información como agraviante, pese a ser cierta, significa que a los medios de comunicación se les coartará su manera de informar”.

Nota de Ciro Pérez y Roberto Garduño, La Jornada, 18 de abril.


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