Luego de seis meses de trabajo entre instituciones federales y organismos de la sociedad civil, el anteproyecto del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) fue turnado a la Secretaría de Gobernación (Segob) para su aprobación.
A petición de algunas dependencias federales y participantes de la sociedad civil, la entrega del anteproyecto a la Segob, prevista para el 11 de abril, fue pospuesta para ayer, por lo que las últimas semanas dependencias y organismos involucrados en la redacción del plan trabajaron en sesión permanente en Bucareli.
El proyecto parte del objetivo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo que pretende asegurar el respeto a los derechos humanos, y pugnar por su protección, promoción, garantía y defensa.
Organismos de la sociedad civil involucrados en el proceso esperan que el Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, apruebe en el programa fortalecer la perspectiva de derechos humanos en la política pública e institucionalizar mecanismos jurídicos y administrativos para garantizar su promoción y defensa.
Asimismo, buscan que se apruebe fortalecer el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en la materia y consolidar una cultura de respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos.
Según organismos consultados por REFORMA, la propuesta toma en cuenta tanto derechos civiles y políticos como económicos, sociales, culturales y ambientales; y a diferencia del programa de la administración de Vicente Fox, propone una serie de indicadores y metas, de manera que en 2012 se pueda "calificar" el avance logrado.
En apego a los instrumentos internacionales de derechos humanos, el proyecto intenta que haya una mayor congruencia en la materia entre los Poderes de la Unión y los tres niveles de Gobierno, pese a que únicamente delinea las acciones de la administración federal.
A juicio de organismos civiles, entre los puntos más controversiales a aprobar por la Segob se encuentran garantizar respeto a los derechos humanos en materia de seguridad pública; incluir los derechos sexuales y reproductivos; garantizar la laicidad del Estado y reconocer los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).
A petición de algunas dependencias federales y participantes de la sociedad civil, la entrega del anteproyecto a la Segob, prevista para el 11 de abril, fue pospuesta para ayer, por lo que las últimas semanas dependencias y organismos involucrados en la redacción del plan trabajaron en sesión permanente en Bucareli.
El proyecto parte del objetivo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo que pretende asegurar el respeto a los derechos humanos, y pugnar por su protección, promoción, garantía y defensa.
Organismos de la sociedad civil involucrados en el proceso esperan que el Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, apruebe en el programa fortalecer la perspectiva de derechos humanos en la política pública e institucionalizar mecanismos jurídicos y administrativos para garantizar su promoción y defensa.
Asimismo, buscan que se apruebe fortalecer el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en la materia y consolidar una cultura de respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos.
Según organismos consultados por REFORMA, la propuesta toma en cuenta tanto derechos civiles y políticos como económicos, sociales, culturales y ambientales; y a diferencia del programa de la administración de Vicente Fox, propone una serie de indicadores y metas, de manera que en 2012 se pueda "calificar" el avance logrado.
En apego a los instrumentos internacionales de derechos humanos, el proyecto intenta que haya una mayor congruencia en la materia entre los Poderes de la Unión y los tres niveles de Gobierno, pese a que únicamente delinea las acciones de la administración federal.
A juicio de organismos civiles, entre los puntos más controversiales a aprobar por la Segob se encuentran garantizar respeto a los derechos humanos en materia de seguridad pública; incluir los derechos sexuales y reproductivos; garantizar la laicidad del Estado y reconocer los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).
Nota de Silvia Garduño, Reforma, 26 de abril.
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