A las esperadas reacciones ante el envío de la iniciativa del presidente Felipe Calderón Hinojosa en materia energética, sobresalió la del PRI, cuya dirigencia nacional citó mañana a gobernadores y coordinadores parlamentarios para hacer pública su postura en torno a la propuesta federal.
Trascendió que el tricolor intentará presentar una postura de “cohesión” ante las versiones de que hay al menos 50 legisladores opuestos a cualquier modificación, si ésta no corresponde con el contenido de los documentos básicos del partido, en los que se marca una negativa explícita a privatizar la paraestatal.
Por su parte, como se había adelantado ya, el PAN manifestó ayer su total respaldo a la iniciativa de reforma energética, porque consideró que con dicha propuesta se asegura “el crecimiento del país y se fortalece a Petróleos Mexicanos (Pemex)”.
Germán Martínez, presidente de ese partido, pidió analizar la propuesta y discutirla “pensando en las futuras generaciones, en lo que a los mexicanos nos conviene y apartándonos de ideologías y de intereses” particulares.
En contraste, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) rechazó la propuesta y expresó sus dudas respecto de que ésta pueda representar la forma de obtener el petróleo que –se dice– existe en “aguas profundas”.
Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado del organismo laboral, señaló que los denominados bonos ciudadanos son un intento de aparentar que Pemex seguirá siendo en mayor medida de los mexicanos. Esto, dijo, recuerda a la metáfora del “burro tras la zanahoria”.
Benito Bahena, secretario general de la Alianza de Tranviarios de México (ATM) –quien encabeza la brigada número cinco en defensa del petróleo–, catalogó el asunto de los bonos de “cortina de humo” y un “engaño” para que el pueblo crea que “se está democratizando Pemex”.
Para Bahena, la reforma es una “privatización simulada”. Apuntó que si el Congreso la aprueba se concretaría una “traición a la patria”.
A su vez, la Declaración Cristiana sobre la Reforma Energética difundida ayer por el Centro de Acción y Reflexión Laboral (Cereal) señala que sería “inmoral” ceder la operación, utilidades y rentas del sector petrolero a firmas privadas y empresas extranjeras, como lo plantea la iniciativa presidencial. Tales compañías, se indica, ofrecen pésimos salarios, prestaciones y condiciones de trabajo a los obreros mexicanos.
Alertaron que se pretende retocar leyes secundarias, así “como privatizar ganancias en detrimento de los derechos sociales de las mayorías”.
Firmada por los obispos de Saltillo, Raúl Vera, y el emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, 25 organizaciones no gubernamentales, catedráticos, especialistas, y trabajadores petroleros, la declaración propone un proyecto alternativo de modernización de la paraestatal y exhorta a los legisladores a “escuchar a la ciudadanía y no entregar este recurso”.
Mientras el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, consideró deseable la existencia de figuras como el plebiscito y el referéndum para dirimir asuntos como la reforma energética, el gobernador de Sonora, Eduardo Bours, descartó que la Conferencia Nacional de Gobernadores vaya a presentar como agrupación un documento para enriquecer la iniciativa en la materia.
En forma optimista, el líder de los trabajadores de la industria Petroquímica, Gilberto Muñoz Mosqueda, consideró que la reforma energética podría revitalizar al sector, el cual ha sufrido el cierre de al menos cien empresas en los pasados dos sexenios y una pérdida de más de 26 mil empleos.
Fiel a su tradición de apoyar las políticas del gobierno en turno, la dirigencia del Congreso del Trabajo dio su respaldo al proyecto de reforma energética y apuntó que lo fundamental es garantizar la viabilidad financiera de Pemex sin perder soberanía.
Con información de Patricia Muñoz, Ciro Pérez, Carolina Gómez, Georgina Saldierna, Alfredo Méndez y Fabiola Martínez
Trascendió que el tricolor intentará presentar una postura de “cohesión” ante las versiones de que hay al menos 50 legisladores opuestos a cualquier modificación, si ésta no corresponde con el contenido de los documentos básicos del partido, en los que se marca una negativa explícita a privatizar la paraestatal.
Por su parte, como se había adelantado ya, el PAN manifestó ayer su total respaldo a la iniciativa de reforma energética, porque consideró que con dicha propuesta se asegura “el crecimiento del país y se fortalece a Petróleos Mexicanos (Pemex)”.
Germán Martínez, presidente de ese partido, pidió analizar la propuesta y discutirla “pensando en las futuras generaciones, en lo que a los mexicanos nos conviene y apartándonos de ideologías y de intereses” particulares.
En contraste, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) rechazó la propuesta y expresó sus dudas respecto de que ésta pueda representar la forma de obtener el petróleo que –se dice– existe en “aguas profundas”.
Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado del organismo laboral, señaló que los denominados bonos ciudadanos son un intento de aparentar que Pemex seguirá siendo en mayor medida de los mexicanos. Esto, dijo, recuerda a la metáfora del “burro tras la zanahoria”.
Benito Bahena, secretario general de la Alianza de Tranviarios de México (ATM) –quien encabeza la brigada número cinco en defensa del petróleo–, catalogó el asunto de los bonos de “cortina de humo” y un “engaño” para que el pueblo crea que “se está democratizando Pemex”.
Para Bahena, la reforma es una “privatización simulada”. Apuntó que si el Congreso la aprueba se concretaría una “traición a la patria”.
A su vez, la Declaración Cristiana sobre la Reforma Energética difundida ayer por el Centro de Acción y Reflexión Laboral (Cereal) señala que sería “inmoral” ceder la operación, utilidades y rentas del sector petrolero a firmas privadas y empresas extranjeras, como lo plantea la iniciativa presidencial. Tales compañías, se indica, ofrecen pésimos salarios, prestaciones y condiciones de trabajo a los obreros mexicanos.
Alertaron que se pretende retocar leyes secundarias, así “como privatizar ganancias en detrimento de los derechos sociales de las mayorías”.
Firmada por los obispos de Saltillo, Raúl Vera, y el emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, 25 organizaciones no gubernamentales, catedráticos, especialistas, y trabajadores petroleros, la declaración propone un proyecto alternativo de modernización de la paraestatal y exhorta a los legisladores a “escuchar a la ciudadanía y no entregar este recurso”.
Mientras el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, consideró deseable la existencia de figuras como el plebiscito y el referéndum para dirimir asuntos como la reforma energética, el gobernador de Sonora, Eduardo Bours, descartó que la Conferencia Nacional de Gobernadores vaya a presentar como agrupación un documento para enriquecer la iniciativa en la materia.
En forma optimista, el líder de los trabajadores de la industria Petroquímica, Gilberto Muñoz Mosqueda, consideró que la reforma energética podría revitalizar al sector, el cual ha sufrido el cierre de al menos cien empresas en los pasados dos sexenios y una pérdida de más de 26 mil empleos.
Fiel a su tradición de apoyar las políticas del gobierno en turno, la dirigencia del Congreso del Trabajo dio su respaldo al proyecto de reforma energética y apuntó que lo fundamental es garantizar la viabilidad financiera de Pemex sin perder soberanía.
Con información de Patricia Muñoz, Ciro Pérez, Carolina Gómez, Georgina Saldierna, Alfredo Méndez y Fabiola Martínez
Nota de La Jornada, 10 de abril.
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