JUCHITÁN, Oax.— Los asesinatos cometidos en contra de las periodistas comunitarias Felícitas Martínez y Teresa Bautista revivieron las rencillas del pasado y los viejos anhelos a favor de la paz en la zona triqui de la empobrecida mixteca oaxaqueña.
A 18 días de la emboscada en Llano Juárez, donde fallecieron las comunicadoras, decenas de organizaciones políticas y de derechos humanos del país exigieron que la Procuraduría General de la República (PGR), atraiga las investigaciones.
Mientras tanto, el municipio autónomo de San Juan Copala llamó a la creación de una mesa de diálogo que derive en la firma de un acuerdo de paz, que posibilite el combate contra la pobreza y la impunidad, la discriminación y la violencia y contribuya al desarrollo de la región triqui.
En los últimos días, tras la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso, el Congreso local creó una comisión especial, mientras que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz se reunió con dirigentes del MULT y la Ubisort, a quienes convocó a suscribir un pacto de no agresión.
Al respecto, el municipio autónomo de Copala se excusó por no asistir al encuentro celebrado el 22 de abril, debido a que en años anteriores se firmaron varios acuerdos de pacificación que fueron violentados y porque en la región triqui prevalece la impunidad ante casi mil asesinatos en los últimos 60 años.
Tras el asesinato de las periodistas, las viejas rencillas entre el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), la Unión por el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y el municipio autónomo de Copala resurgieron en forma de mutuas acusaciones.
Pese a ello, los dirigentes del MULT, Heriberto Pazos y de la Ubisort, Rufino Juárez Hernández, expresaron por separado su disposición a suscribir un pacto de no agresión. Incluso, Juárez Hernández fue mucho más lejos al exigir la presencia del Ejército mexicano en esa región.
El miércoles, el municipio autónomo de Copala fijó su postura ante los últimos acontecimientos y expresó su deseo para el restablecimiento de condiciones de seguridad y respeto en esa zona; sin embargo, condicionó cualquier pacto a la creación de una mesa de diálogo.
En dicha mesa, señaló el municipio autónomo, deben participar personalidades de la vida política del país con suficiente autoridad moral, como el obispo Samuel Ruiz y la senadora Rosario Ibarra de Piedra.
A 19 días del doble asesinato, todos los actores políticos de la región triqui, los legisladores locales y federales y el gobierno de Oaxaca se manifestaron a favor del establecimiento de un plan integral para el desarrollo de esa zona ubicada en la mixteca oaxaqueña.
“Desde hace más de un mes y medio nosotros ya presentamos ante el gobierno de Oaxaca un plan de combate a la pobreza”, dijo el dirigente del MULT, quien señaló que “la violencia en la zona triqui es provocada por la pobreza y la marginación”.
Ayer, organizaciones sociales y de derechos humanos del país, solidarios con la causa del municipio autónomo de Copala, expresaron que “la paz en la región triqui solo será posible si se erradican la pobreza y la injusticia”.
A 18 días de la emboscada en Llano Juárez, donde fallecieron las comunicadoras, decenas de organizaciones políticas y de derechos humanos del país exigieron que la Procuraduría General de la República (PGR), atraiga las investigaciones.
Mientras tanto, el municipio autónomo de San Juan Copala llamó a la creación de una mesa de diálogo que derive en la firma de un acuerdo de paz, que posibilite el combate contra la pobreza y la impunidad, la discriminación y la violencia y contribuya al desarrollo de la región triqui.
En los últimos días, tras la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso, el Congreso local creó una comisión especial, mientras que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz se reunió con dirigentes del MULT y la Ubisort, a quienes convocó a suscribir un pacto de no agresión.
Al respecto, el municipio autónomo de Copala se excusó por no asistir al encuentro celebrado el 22 de abril, debido a que en años anteriores se firmaron varios acuerdos de pacificación que fueron violentados y porque en la región triqui prevalece la impunidad ante casi mil asesinatos en los últimos 60 años.
Tras el asesinato de las periodistas, las viejas rencillas entre el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), la Unión por el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y el municipio autónomo de Copala resurgieron en forma de mutuas acusaciones.
Pese a ello, los dirigentes del MULT, Heriberto Pazos y de la Ubisort, Rufino Juárez Hernández, expresaron por separado su disposición a suscribir un pacto de no agresión. Incluso, Juárez Hernández fue mucho más lejos al exigir la presencia del Ejército mexicano en esa región.
El miércoles, el municipio autónomo de Copala fijó su postura ante los últimos acontecimientos y expresó su deseo para el restablecimiento de condiciones de seguridad y respeto en esa zona; sin embargo, condicionó cualquier pacto a la creación de una mesa de diálogo.
En dicha mesa, señaló el municipio autónomo, deben participar personalidades de la vida política del país con suficiente autoridad moral, como el obispo Samuel Ruiz y la senadora Rosario Ibarra de Piedra.
A 19 días del doble asesinato, todos los actores políticos de la región triqui, los legisladores locales y federales y el gobierno de Oaxaca se manifestaron a favor del establecimiento de un plan integral para el desarrollo de esa zona ubicada en la mixteca oaxaqueña.
“Desde hace más de un mes y medio nosotros ya presentamos ante el gobierno de Oaxaca un plan de combate a la pobreza”, dijo el dirigente del MULT, quien señaló que “la violencia en la zona triqui es provocada por la pobreza y la marginación”.
Ayer, organizaciones sociales y de derechos humanos del país, solidarios con la causa del municipio autónomo de Copala, expresaron que “la paz en la región triqui solo será posible si se erradican la pobreza y la injusticia”.
Nota de Alberto López, El Universal, 27 de abril.
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