Bajo la lupa, la reelección de Uribe

La reelección, en 2006, del presidente colombiano Álvaro Uribe, quedó en la mira de la justicia con la orden de captura de la ex congresista oficialista Yidis Medina, quien asegura que el gobierno le ofreció prebendas para que cambiara su posición contraria y votara a favor una reforma constitucional que posibilitó su reelección. La Corte Suprema de Justicia ordenó el viernes arrestar a Medina, cuyo voto en la comisión primera de la Cámara de Representantes, en 2005, junto con el de su colega Teodolindo Avendaño fueron determinantes para aprobar la reelección presidencial que finalmente le permitió a Uribe un segundo mandato. En mayo de 2006 Uribe fue reelegido en primera vuelta con 62.3% de los sufragios.

Yidis Medina anunció ayer a través de sus abogados que se entregará en los próximos días a las autoridades colombianas, después que la Justicia le dictara una orden de captura por el presunto delito de cohecho. La Corte Suprema de Justicia dictó una medida de aseguramiento a Medina tras haber dicho que el gobierno le ofreció puestos públicos si votaba a favor de la enmienda constitucional que permitió la reelección de Uribe.

Según los abogados, ella está ultimando algunos asuntos personales antes de presentarse ante las autoridades el próximo lunes o martes. Por su lado, el periodista Alfredo Serrano, biógrafo de Medina, sostuvo que ésta entregará a las autoridades las pruebas que confirmarían que el gobierno le ofreció puestos públicos a cambio de su voto en el Congreso en 2004, cuando se aprobó la reelección presidencial. La Fiscalía tomó la determinación de investigarla después que la ex congresista anunciara que entregaría a la Corte Suprema de Justicia las pruebas para demostrar las irregularidades que se habrían presentado en la aprobación de la reforma constitucional. Medina afirma desde hace varios meses que el gobierno le pidió votar favorablemente el acto legislativo a cambio de dádivas, lo cual también pasó en el caso de otros congresistas.

Según la ex congresista del Partido Conservador, que forma parte de la coalición de gobierno, los ofrecimientos consistieron en asignar cargos a amigos suyos en dependencias públicas del Magdalena Medio, una región del interior del país. Los ofrecimientos fueron hechos por el entonces ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, y el secretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez, así como por el actual ministro de Protección Social, Diego Palacio, según la ex parlamentaria. Palacio y Pretelt, actual embajador en Italia, rechazaron las acusaciones. Según la ex congresista, Uribe estaba al tanto de los ofrecimientos que sus funcionarios le hicieron y que finalmente no le fueron cumplidos. “Fui engañada por el gobierno; somos responsables tanto ellos por ofrecer como yo por recibir”, dijo en una reciente entrevista al diario El Tiempo.

En consecuencia, Uribe queda expuesto a un nuevo escándalo en medio del creciente de la “parapolítica”, que enfrenta por vínculos de congresistas y funcionarios públicos con los otrora jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha), cuyo grueso se desmovilizó por una iniciativa del gobierno.

Desde Ecuador
El comandante del Ejército de Colombia, general Mario Montoya, denunció ayer que las FARC lanzaron el viernes desde Ecuador un ataque con explosivos que dejó un uniformado herido, en un incidente que Bogotá informará a la OEA.

El general, que calificó el ataque como un “atentado terrorista”, lo atribuyó al frente 48 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ecuador aseguró que controla militarmente la frontera.

Nota de Agencias en Bogotá, Milenio, 27 de abril.