Busca Poder Judicial aterrizar reforma en el país

En el proceso de aprobación de la reforma constitucional en materia de justicia por los congresos estatales, el Poder Judicial de la Federación (PJF) ya comenzó con la creación de una agenda que establecerá tiempos y formas para adaptar los cambios que traerá la aplicación del nuevo sistema acusatorio en el país.

En entrevista con este diario, el maestro Alfonso Oñate Laborde, secretario ejecutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), explicó los rubros principales que deberán trabajarse durante los ocho años que tiene como tiempo la reforma para entrar en vigor, con la finalidad de que se cumpla en su totalidad.

"Porque una vez que llegare a aprobarse por la mayoría de las legislaturas estatales, no quiere decir que ya se dio la reforma, para que esto logre traducirse a la ciudadanía hace falta un proceso de implementación muy complicado", dice Oñate; entre ellos, la necesidad de desarrollar recursos humanos capaces de actuar conforme a un sistema totalmente distinto, fortalecer las defensorías públicas y, "otro aspecto que no es trivial, tener instalaciones adecuadas para el nuevo sistema".


Modernizar el sistema.

De entrada, dice, se tiene que comenzar con la preparación del Ministerio Público.

Y es que, la averiguación previa en la forma como se ha entendido hasta ahora desaparecería; actualmente el Ministerio Público, en una parte previa al juicio, se dedica a allegarse de pruebas.

Con la transición del sistema jurídico, la policía ministerial tendría que hacer más una labor de investigación "que hoy por hoy ni está habituada a hacer ni capacitada para realizar", detalla.

A las defensorías públicas se buscará fortalecerlas, por un lado capacitándolos y, por otro, garantizándoles un equilibrio económico; en el Artículo 17 constitucional se detalla que las percepciones de los defensores públicos no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes ministeriales.

También podrán contar con acceso a un sistema pericial que les ayude a desvirtuar las pruebas que aporte el Ministerio Público.

Oñate Laborde explicó que la mayoría de los casos penales en México son defendidos por defensores públicos. "A nivel estatal, atienden un número de casos que es imposible que les den la atención debida, no pueden prepararlos adecuadamente y menos aún, tienen elementos para hacer una defensa adecuada".

Y reconoce que "desarrollar capital humano requerirá de un periodo muy prolongado".

En cuanto al tema de las instalaciones, Oñate Laborde aclara que la adopción de los juicios orales significa modificar la arquitectura actual de los juzgados, ya que tendrán que adecuarse para ese tipo de audiencias, en donde estarán presentes: el órgano acusador (que es el MP), el defendido, su defensor y realizarlo a la luz pública".

Nota de Paloma Alcántara, El Economista, 2 de abril.