Crean comisión para resolver pugna Chenalhó-Chalchihuitán

San Cristóbal de las Casas, Chis., 9 de abril. Autoridades municipales y de bienes comunales de Chenalhó aceptaron que el cadáver del indígena Antonio Jiménez Ruiz, asesinado el lunes por habitantes de Chalchihuitán, fuera trasladado la madrugada de este miércoles a su comunidad, Majomut, donde será sepultado el jueves.

Funcionarios de Chenalhó informaron que el cuerpo de Jiménez Ruiz fue trasladado la madrugada de este miércoles.

Los integrantes del ayuntamiento regresaron la noche del martes una reunión efectuada en Tuxtla Gutiérrez con funcionarios estatales e informaron que lograron varios acuerdos, entre los que destaca la formación de una comisión técnica de especialistas para buscar una solución al conflicto de límites, que ha persistido por 34 años.

Los indígenas de Chalchiuitán y Chenalhó aceptaron que la comisión analice los títulos de propiedad y otros documentos agrarios para determinar a cuál de las dos circunscripciones pertenecen las 887 hectáreas que están en disputa.

El Tribunal Unitario Agrario ha evitado emitir un dictamen, ante el temor que el grupo que no resulte beneficiado emprenda acciones que provoquen más enfrentamientos y muertes, confió un funcionario de gobierno.

Andrés Ruiz Arias, secretario de bienes comunales de San Pedro Chenalhó, dijo que, como muestra de buena voluntad, el pleno de la asamblea del municipio decidió “enterrar a nuestro muerto y analizar nuevamente los títulos primordiales que otorgan a este municipio las tierras desde finales del siglo XIX”.

En la reunión, en la que participaron autoridades de los dos municipios, el delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Cesáreo Hernández, y el secretario de Gobierno estatal, Antonio Morales Messner, las partes también acordaron realizar un nuevo deslinde del terreno.

Mientras, autoridades municipales y de bienes comunales de Chenalhó aclararon que el acuerdo de sepultar el cadáver de Jiménez Ruiz, quien deja cinco niños huérfanos y una viuda, está condicionado a que se castigue cuanto antes a los responsables materiales e intelectuales.

Nota de Elio Herníquez y Ángeles Mariscal, La Jornada, 10 de abril.


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