Debate en dos tiempos

En la sede alterna de la Suprema Corte, aire acondicionado y alfombra de terciopelo tono dorado. Solícitas, edecanes llevan agua a quien la pide al inicio de la segunda audiencia pública organizada por los ministros sobre la constitucionalidad o no del aborto en la Ciudad de México.

Después de los argumentos en contra, hoy toca defender la legalidad de la interrupción del embarazo.

“Si la CNDH y la PGR pretenden otorgarle personalidad a un genoma, entonces hay que sacarle pasaporte a todos los embriones, entonces denunciemos que en los bancos y en los laboratorios donde se almacenan células troncales del cordón umbilical, o bien óvulos fecundados in vitro, se constituyen en privaciones ilegales de la libertad en escala masiva”, reta Víctor Hugo Círigo, presidente de la ALDF.

Pero hay quienes no siguen de cerca la defensa. Leticia Bonifaz, consejera jurídica de Servicios Legales del GDF, cabecea somnolienta frente a 11 ministros que debaten, desde la altura de un estrado, el futuro de miles de mujeres.

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Otro extremo de la balanza.

En el hospital Gregorio Salas —una de las clínicas donde a diario se interrumpen decenas de embarazos en la ciudad—, hay quienes, lejos de las discusiones filosóficas de la Corte, sólo atinan a romper en llanto en medio de la polvareda.

Carmen, menor a los 20 años, se colapsa en lágrimas en las escalinatas del hospital, cocinadas con el sol a plomo. Está sola. Tenía previsto dar hoy el paso y terminarlo todo sin su pareja. Lleva hasta los papeles necesarios —una copia de su identificación, su comprobante de domicilio— bajo el brazo.

Sólo falta entrar por la puerta de cristal astillado.

Pero dos activistas cristianas que vienen a diario a la clínica notan su titubeo. Le cierran el paso antes de que entre. En las escalinatas le explican lo que sucederá al embrión que lleva en su interior. La charla dura media hora, tiempo en el que Carmen solloza audiblemente.

“Sólo le dijimos lo que le iba a pasar al feto”, suelta una de las activistas, que niega identificarse. “Le explicamos que le iban a hacer daño a su bebé”.

La explicación fue gráfica. Tanto, tan completa, que Carmen huyó de la clínica sin voltear la mirada.

Victoriosas, las dos activistas anónimas resumen su patrullaje.

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El paso de Víctor Hugo Círigo es lento sobre la alfombra dorada del salón de plenos de la Corte. Es su turno para defenderse de los señalamientos hechos en su contra por el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, y por el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora. La víspera le calificaron, junto a los legisladores que aprobaron la despenalización del aborto en la capital del país, de genocidas y esclavistas.

Sabe que éste es su desquite. Por eso apura la lectura de las 14 cuartillas que le preparó la consultoría jurídica Madrazo Lajous. Su lectura es pausada y con voz entonada sólo en aquellas partes donde dirige sus dardos contra Soberanes y Medina Mora:

“Hace dos semanas en este recinto hablaron de la mujer como un medio ambiente; hablaron del feto como si fuera persona. Los argumentos de quienes demandan inconstitucionalidad por despenalizar el aborto en el Distrito Federal se caen por sí solos, por endebles e insostenibles”.

Círigo ajusta los lentes a su rostro. En tono de mofa, suelta: “De aceptarse el genoma como titular de derechos fundamentales, hasta los embriones requerirían pasaporte para pasar de un país a otro en el vientre de una mujer embarazada”.

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Magnificados por un altavoz instalado frente al hospital por un par de creyentes guadalupanas, los rezos retumban hoy en la calle del Carmen, que parece haber sufrido un bombardeo: las cloacas descargan sus contenidos al aire libre y el pavimento ha sido levantado por tareas de reparación.

Las banquetas no están rotas, están despedazadas.

Aun así, la gente se acerca para participar, cada quien a su manera, en esta batalla cultural muy particular, ajena casi en su totalidad al mundo aséptico del debate que al otro lado de la ciudad, en las zonas acomodadas del sur, se desarrolla en el edificio alterno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Santa María, bendito es el fruto de tu vientre”, repiten Brenda Vélez y Carmen Lucas, integrantes de Peregrinas Guadalupanas, una organización no gubernamental provida que ha instalado a sus militantes a las puertas de las clínicas del Gobierno del Distrito Federal.

Al amparo de una sombrilla negra, escudadas por un enorme cuadro de la Virgen de Guadalupe, Vélez y Lucas buscan convencer mediante al rezo de no cometer “un homicidio” y no seguir adelante con la interrupción del embarazo a las mujeres que de vez en vez ingresan a la clínica.

“¡Es una masacre lo que pasa allá adentro!”, grita Vélez.

A las 12:45, mientras en la Suprema Corte se habla en abstracto, el hospital hierve en concreto, tanto adentro como afuera. En las escalinatas, el dúo de activistas anónimas mantiene la vigilancia y reparte folletos. “¿Problemas por un embarazo inesperado? ¡Tenemos la solución!”, dice su propaganda.

“Están aquí todos los días”, confía una trabajadora de la clínica, quien calcula que hasta 20 mujeres llegan a diario a pedir informes sobre la interrupción del embarazo, sin importar las palabras de las luchadoras anónimas. Del total, sólo unas tres harán lo que Carmen: dar la vuelta y salir a la calle.

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Pero ellas siguen con su pelea.

“Momento”, pide, implora a los ministros la titular del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Martha Lucía Mícher. “Por principio de cuentas, ninguna mujer se embaraza para abortar. Decidir interrumpir su embarazo no es sencillo ni se toma a la ligera. Lo hace después de una amplia reflexión, por eso el gobierno de la Ciudad de México se ha propuesto romper con las complicidades de un Estado patriarcal, un Estado que obliga, bajo amenaza de la privación de su libertad, a continuar con el embarazo”.

La funcionaria del gobierno capitalino dirige su mirada a todos y cada uno de los ministros. A ellos dice que le resulta increíble que a escala internacional no sólo el aborto no se considera prohibido, sino que se insta a los Estados a garantizar el acceso a servicios de aborto seguros y sin obstáculos. “Y aquí se pretende dar pasos hacia atrás”.

El constitucionalista Jesús Zamora Pierce abona a lo dicho por Lucía Mícher: “Además, encontrar un proceso penal por aborto es casi tan difícil como encontrar un unicornio, y quienes lo encuentran no lo denuncian”.


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En el Hospital General Balbuena nadie quiere hablar de abortos. Fue aquí donde Vianey N., una adolescente de 15 años, murió en febrero pasado como resultado de una profusa hemorragia.

“Hasta nuevo aviso no hay abortos aquí”, responde secamente una enfermera que atiende el mostrador de urgencias. “No se están practicando interrupciones en este hospital”.

En el interior, entre descascarilladas sillas de plástico azul, algunas parejas de jóvenes esperan sentadas. Pero la ventanilla de Trabajo Social, en la que se atienden las dudas sobre la interrupción del embarazo, permanece cerrada.

Y, pese a esto, la gente sigue viniendo. Madres con hijas tomadas de la mano. Mujeres maduras y adolescentes por igual.
Crónica de Víctor Hugo Michel y Rodolfo Montes, Milenio, 26 de abril.

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