Defensores de derechos dudan que se desmilitarice el combate al narco

El regreso de los militares a sus cuarteles “no sólo es positivo, sino indispensable”, porque con su presencia en labores de seguridad pública, no sólo han aumentado las violaciones a los derechos humanos de la población civil, sino que “tampoco se ha logrado la efectividad esperada en el combate a los problemas derivados del narcotráfico”, manifestaron Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, y Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

En entrevistas por separado, Arriaga y Cortez expresaron sus dudas respecto a lo comentado el lunes por Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, de que para fines de 2008 se prevé que regresen a sus cuarteles los militares, debido a que se está reforzando la capacitación de elementos de la Policía Federal Preventiva en combate al narcotráfico, actualmente a cargo de los elementos castrenses.

Refirieron que el programa sectorial de seguridad asienta que la presencia militar en esas labores continuará, por lo cual comentaron que si el anuncio de García Luna es real, primero se tendrá que cambiar lo dispuesto en dicho programa.

Buscan atemperar críticas
De igual forma, Cortez comentó que lo que expresó el funcionario federal también puede ser una forma de “atemperar las críticas y la molestia de los ciudadanos por las múltiples violaciones” a las garantías individuales que han encabezado militares en pro del combate al narcotráfico.

Ejemplificaron con “lo ocurrido en Sinaloa, en la comunidad de Santiago de los Caballeros, donde murieron cuatro civiles por acciones de militares, y las detenciones en Ciudad Juárez, donde no se permitió la entrada de personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

Arriaga consideró que con los militares en esas tareas los “riesgos para los derechos humanos (de los civiles) han sido altos, y los resultados en la lucha contra el narco han sido magros”.

Destacó que el gobierno ha desoído recomendaciones de instancias internacionales de derechos humanos, que “han mencionado la inconveniencia de que participen militares en tareas de seguridad pública”. Agregó que esta organización ha insistido en que “se debe presentar de inmediato un programa para desmilitarizar gradualmente al país y reformular la estrategia de seguridad pública”.

En cuanto a la declaración del general Jorge Suárez Loera, encargado del Operativo Conjunto Chihuahua, de que la CNDH debería hacer recomendaciones a los cárteles, Arriaga consideró lo dicho como “poco responsable y no sustentado”, porque los organismos de derechos humanos no se oponen a que se actúe contra el crimen organizado, sino que se haga con respeto a las garantías individuales de la población.

Nota de Carolina Gómez Mena, La Jornada, 9 de abril.