La causa de ese recurso fue el otorgamiento de un contrato para la participación de terceros, con el fin de transportar y distribuir hidrocarburos y gas para la empresa privada EMS (Energy Management Services), a través de 66 ductos en una longitud total de mil 281 kilómetros que abarcan cuatro estados.
Ramírez demandó “castigo a los responsables de haber hecho esa licitación que no es legal, que es violatoria en la Constitución y de la Ley de Obras Públicas, de las responsabilidades mismas que tiene Pemex y de usar Pidiregas porque no son obras de carácter productivo”.
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