Desdeñan denuncias de la CNDH por la violación de garantías en Juárez

Los integrantes del gabinete de seguridad nacional presentaron ayer una primera evaluación del operativo en Ciudad Juárez, sustentado en la participación de unos 2 mil 500 militares.

Reunidos en la Secretaría de Gobernación precisaron que se mantiene un fuerte cerco de seguridad en aquella ciudad fronteriza y que a menos de una semana del arranque de este operativo han sido decomisadas casi 100 armas y dos toneladas de droga.

La denuncia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de que la presencia militar representa una violación a las garantías básicas, principalmente por la actuación de militares en tareas de seguridad pública, no fue tema de discusión entre los funcionarios de alto nivel que integran el Consejo Nacional de Seguridad.

Tampoco mereció discusión o análisis –de acuerdo con fuentes consultadas– el señalamiento del ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, respecto de los obstá- culos que se han puesto a la labor de los visitadores de esa comisión, en particular en los sitios en los que se ha arraigado a presuntos delincuentes o a policías locales, a los que se adjudica la comisión de ilícitos.

En cambio, ratificaron, dentro del operativo, se ha dado la revisión de armas y exámenes antidopaje a los elementos de las corporaciones locales y, en coordinación con la Procuraduría General de la República, la agilización los procesos para la liberación de órdenes de cateo.

El gobierno federal ratificó ayer la utilización de militares y policías para detener el incremento de la violencia vinculada al crimen organizado, en este tramo fronterizo con Estados Unidos.

La semana pasada, cuando se puso en marcha este operativo, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, justificó la operación –apoyada fundamentalmente en elementos castrenses– ante el “incremento extraordinario” de la violencia.

En reunión del Consejo de Seguridad Nacional (conocido como gabinete de seguridad) participaron los titulares de Gobernación, Seguridad Pública, Defensa Nacional, Marina y la Procuraduría General de la República, así como los responsables de las áreas de inteligencia civil y militar.

Nota de Fabiola Martínez, La Jornada, 4 de abril.


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