La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre la gravedad de la situación que prevalece en seis estados de la República, dado que van en aumento las quejas y la crudeza de las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en contra de la población.
Susana Thalía Pedroza, quinta visitadora general de este organismo, aseguró que en el último año, en el cual el gobierno emprendió una guerra contra la delincuencia organizada a través de distintos operativos, se ha acreditado la participación de los militares en la comisión de diversos abusos en Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua.
En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que no sólo existe la certeza de que el Ejército, y no otros grupos, ha abusado de su autoridad, sino que lo hacen con el mismo modus operandi.
Explicó que en 1999 los hechos violatorios de derechos humanos eran el ejercicio indebido de la función pública, no respuesta al derecho de petición y otras cuestiones de materia administrativa.
A partir de 2007, los abusos de mayor incidencia son: privación del derecho a la vida, cateos y visitas domiciliarias ilegales, trato cruel y degradante, detención arbitraria, robo, daño a la propiedad, retención ilegal, intimidación, tortura, amenazas, atentados a la integridad sexual de las mujeres e incomunicación.
Dijo que la tortura, lejos de erradicarse, se retomó en manos de los militares que la están empleando para obtener confesiones.
“Usan choques eléctricos, chicharras eléctricas (que se usan para marcar el ganado), bolsas de plástico para provocar asfixia, dan golpes en los oídos con las dos manos, sumergen a las personas en recipientes grandes con agua, los obligan al ayuno, a permanecer en posiciones forzadas, no los dejan dormir porque los amenazan con violarlos o matarlos, los desnudan, les arrancan las uñas, les machacan los dedos y los amenazan de muerte a ellos y a sus familiares”, explicó.
En cuanto al modus operandi, este organismo a cargo de José Luis Soberanes ha constatado que cuando va un grupo de militares a las comunidades y están hacen cateos acompañados por autoridades ministeriales y la AFI no ocurren dichas violaciones a los derechos humanos.
Los abusos se cometen cuando grupos de tres militares se apartan de esos cateos oficiales.
“Se van a cuidar la otra calle y, abusando de sus uniformes y sus armas, piden a cualquier conductor que se pare y si no lo hacen los matan. Son tres militares los que siguen el mismo modus operandi. En los casos que hemos investigado en Sinaloa se repite siempre el número de militares involucrados y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) empieza a manejar la información como si se tratara de incidentes y, al decir incidente, se presta a decir que fue un enfrentamiento, cuando eso no es así”, señaló.
Otra forma de actuar de los militares ocurre cuando realizan cateos y visitas domiciliarias ilegales sin la inspección de otras agrupaciones.
“Llega un grupo de 10 militares, golpean a las personas y por la noche, que están durmiendo, roban las pertenencias y causan daños a la propiedad, después detienen a las personas y se las llevan a instalaciones militares, en donde se ha acreditado que hay tortura” como los ya descritos.
En otras ocasiones, agregó, después de ingresar por la fuerza a las viviendas, golpean a los moradores, roban y antes de irse matan a los perros.
Susana Thalía Pedroza, quinta visitadora general de este organismo, aseguró que en el último año, en el cual el gobierno emprendió una guerra contra la delincuencia organizada a través de distintos operativos, se ha acreditado la participación de los militares en la comisión de diversos abusos en Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua.
En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que no sólo existe la certeza de que el Ejército, y no otros grupos, ha abusado de su autoridad, sino que lo hacen con el mismo modus operandi.
Explicó que en 1999 los hechos violatorios de derechos humanos eran el ejercicio indebido de la función pública, no respuesta al derecho de petición y otras cuestiones de materia administrativa.
A partir de 2007, los abusos de mayor incidencia son: privación del derecho a la vida, cateos y visitas domiciliarias ilegales, trato cruel y degradante, detención arbitraria, robo, daño a la propiedad, retención ilegal, intimidación, tortura, amenazas, atentados a la integridad sexual de las mujeres e incomunicación.
Dijo que la tortura, lejos de erradicarse, se retomó en manos de los militares que la están empleando para obtener confesiones.
“Usan choques eléctricos, chicharras eléctricas (que se usan para marcar el ganado), bolsas de plástico para provocar asfixia, dan golpes en los oídos con las dos manos, sumergen a las personas en recipientes grandes con agua, los obligan al ayuno, a permanecer en posiciones forzadas, no los dejan dormir porque los amenazan con violarlos o matarlos, los desnudan, les arrancan las uñas, les machacan los dedos y los amenazan de muerte a ellos y a sus familiares”, explicó.
En cuanto al modus operandi, este organismo a cargo de José Luis Soberanes ha constatado que cuando va un grupo de militares a las comunidades y están hacen cateos acompañados por autoridades ministeriales y la AFI no ocurren dichas violaciones a los derechos humanos.
Los abusos se cometen cuando grupos de tres militares se apartan de esos cateos oficiales.
“Se van a cuidar la otra calle y, abusando de sus uniformes y sus armas, piden a cualquier conductor que se pare y si no lo hacen los matan. Son tres militares los que siguen el mismo modus operandi. En los casos que hemos investigado en Sinaloa se repite siempre el número de militares involucrados y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) empieza a manejar la información como si se tratara de incidentes y, al decir incidente, se presta a decir que fue un enfrentamiento, cuando eso no es así”, señaló.
Otra forma de actuar de los militares ocurre cuando realizan cateos y visitas domiciliarias ilegales sin la inspección de otras agrupaciones.
“Llega un grupo de 10 militares, golpean a las personas y por la noche, que están durmiendo, roban las pertenencias y causan daños a la propiedad, después detienen a las personas y se las llevan a instalaciones militares, en donde se ha acreditado que hay tortura” como los ya descritos.
En otras ocasiones, agregó, después de ingresar por la fuerza a las viviendas, golpean a los moradores, roban y antes de irse matan a los perros.
Nota de Liliana Alcántara, El Universal, 23 de abril.
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