“El EPR y Calderón negocian en lo oscurito”

El 24 de enero de este año, el empresario Eduardo García Valseca salió del cautiverio en que permaneció durante seis meses en algún lugar de Guanajuato. Un amigo acudió a negociar con sus captores, pero fue tomado como rehén para que García Valseca —hijo de un coronel y ex dueño de la poderosa Organización Editorial Mexicana en los años 60— pudiera vaciar sus cuentas bancarias y pagar su propio rescate.

“El EPR está realizando secuestros y no pasa nada. Ellos realizaron este secuestro”, asegura José Antonio Ortega, el abogado que preside el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública. “A mí me lo dijeron el procurador general (Eduardo Medina Mora) y Nicandra Castro, titular de la unidad antisecuestros de la PGR: ‘por las características de este plagio se trata del EPR’. Pedían 10 millones de dólares”, cuenta.

El caso del empresario García Valseca, pendiente de resolver, forma parte, según Ortega, “del mensaje que se envía a los terroristas y demás partidarios de la violencia y la subversión: el Estado mexicano está dispuesto a tolerarles todo; está de rodillas ante ellos”.

Ortega, quien tiene en su oficina fotografías personales con el entonces presidente Vicente Fox, el papa Juan Pablo II, el obispo Onésimo Cepeda y el ex secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña, añade que, “por desgracia”, el gobierno de Felipe Calderón “no tiene voluntad de hacer cumplir la ley y de actuar contra la grave amenaza a la seguridad nacional que representa el terrorismo”.

No sólo eso. Señala que el activista que se reunió en privado la semana pasada en Cancún, Quintana Roo, con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, denuncia que en la actual administración “se negocia en lo oscurito con el EPR para que ya no cometa más atentados contra Pemex”.

MILENIO quiso saber la posición del gobierno federal sobre esta denuncia de Ortega. Las fuentes consultadas señalaron que “la actual administración ha hecho su mayor esfuerzo para mantener la estabilidad y seguridad nacional”.

Debido a la desaparición de dos líderes, el EPR comenzó el año pasado una campaña de hostigamiento, que incluyó la detonación de bombas en instalaciones petroleras en Guanajuato y Querétaro; sin embargo, a estas acciones siguieron otras en Tlaxcala y Veracruz, lo que generó pérdidas económicas por varios millones de dólares a la iniciativa privada y a la paraestatal Pemex.

Senadores del PAN vinculados al tema de seguridad nacional reconocen que en reuniones de trabajo con el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, el funcionario les ha informado que la dependencia a su cargo tiene “algunos contactos con miembros del EPR para evitar nuevos atentados”.

Salvo amagues que ha difundido el grupo armado mediante comunicados a la opinión pública, en los seis meses recientes no ha habido nuevas agresiones.

“¡Que den la cara! El gobierno no ha dado ninguna explicación de esa situación y debe hacerlo”, señala José Antonio Ortega. “¿Que nos digan cuál va a ser el precio que vamos a pagar los mexicanos por estos acuerdos con el EPR”. Critica que desde 1999 “ningún terrorista ha sido detenido, porque o no se quiere, o no se dispone de la inteligencia indispensable para localizar y capturar a los integrantes de esos grupos armados clandestinos”, añade.

Sescuestro y guerrilla

Citando fuentes cercanas a la Presidencia de la República, en septiembre de 2007 el diario estadunidense The New York Times aseguró que desde 1999 el EPR y otros grupos guerrilleros habían llevado a cabo en México al menos 100 secuestros, por los cuales obtuvieron ganancias cercanas a 70 millones de dólares.

Ortega sospecha que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han asesorado a grupos guerrilleros mexicanos para cometer estas acciones.

Según el abogado, esta inferencia es la que lo llevó a interponer una denuncia por terrorismo contra los 16 estudiantes mexicanos que acudieron en febrero pasado a diversos actos bolivarianos en Ecuador. Cinco de esos universitarios estaban en el campamento guerrillero bombardeado por el ejército de Colombia el 1 de marzo, pero sólo Lucía Morett, ahora refugiada en Nicaragua, salió con vida. La denuncia fue interpuesta por Ortega el pasado 24 de marzo ante la PGR.

“La cancillería mexicana se hunde en la ignominia al reclamar a Colombia una indemnización para los familiares de los mexicanos que tomaban un curso terrorista en el campamento de las FARC en Ecuador, haciendo eco de la impar abyección de diputados y senadores, los mismos que no dicen ni pío cuando el EPR amenaza con asesinarlos si no legislan como los terroristas quieren”, critica Ortega.

Habiendo muchos problemas en el país, ¿cuál es la razón de que el Consejo de Seguridad tenga tanto interés en el caso de Lucía Morett?

No es nada más Lucía Morett; son 16 estudiantes más. La razón es que sería muy grave que, además del narcotráfico, empecemos a padecer el terrorismo del EPR. Me parece grave que mexicanos vayan a campamentos de las FARC. Es traer un plus al problema del narcotráfico. Colombia ya viene de regreso; nosotros apenas vamos. La inquietud del consejo es evitar ese deterioro, que se alíen el narco y los grupos armados.

¿También hay una batalla ideológica?

El problema no es de izquierda ni de derecha. El gobernador o presidente que solucione la amenaza que tenemos de inseguridad e injusticia será reconocido. La seguridad es lo que más le importa a la gente.

Pero hay distintas visiones. Para la izquierda hay que combatir primero la pobreza…

El problema es el contubernio, la corrupción, no la pobreza.

¿Usted es parte de la ultraderecha mexicana?

Soy un hombre que lucha por vivir en paz y tranquilidad por mis hijos, por tus hijos. Esta lucha no tiene ningún color.

Nota de Diego Osorno, Milenio, 20 de abril.