OXNARD, California.- A los 23 años, Juan González ganaba 50 mil dólares al año en Los Ángeles vendiendo seguros de vida. Sin saberlo se preparaba para su ocupación actual: "Ahora le quito el dinero a las aseguradoras".
Administrador ejecutivo del bufete Law Offices of Richard L. Francis and Associates, González, hoy de 49 años, es la imagen que inspira confianza a los mexicanos en Oxnard para hacer sus denuncias: habla español, se sabe las canciones de Maná y es fiel seguidor de las Chivas.
Desde 1988, su rostro sonriente y "congelado" en los 30 años aparece cada jueves en el periódico local Vida, invitando a los lectores a comunicarse con la firma si quieren recibir una indemnización justa en caso de un accidente de trabajo.
El hermano de Ricardo Gutiérrez, nombre ficticio del migrante mexicano que quedó tetrapléjico tras caer en 2005 del techo de una casa en Palmdale, pudo haber visto el anuncio, pero lo pasó por alto. Al bufete llegó por sugerencia del entonces Cónsul de México en Oxnard, Fernando Gamboa.
Así dio inicio un proceso que culminó el 17 de septiembre del año pasado, cuando se falló la indemnización laboral más alta pagada por una aseguradora en el condado de Ventura y una de las 10 mayores de California, según Richard L. Francis, el titular de la firma, un arreglo por 6 millones 997 mil 886 dólares.
Nacido en Guadalajara, González cruzó de mojado a California a los seis años, pero no se enteró de que era ilegal hasta que, cumplidos los 17, su madre lo llevó a sacarse la Green Card.
A los 19 años, después de obtener una utilidad de decenas de miles de dólares en la compraventa de una casa, descubrió que podía ganar dinero fácilmente. Tras estudiar un par de semestres administración en la UCLA y en la Universidad del Sur de California, dejó todo para lanzarse a su sueño americano.
Quería ser actor. Tenía cara de galán o de showman, le dijeron, pero González insistía en ser el malo de la película.
Acabó adaptándose a la profecía, combinando su talento artístico con su habilidad para calcular beneficios: ha hecho comerciales del bufete para televisión por cable; es guitarrista y voz del grupo Angel & Spice -con un repertorio de rock en inglés y español-, y cada semana interactúa con la comunidad en ¡Órale!, un programa radiofónico que se transmite en el condado de Ventura.
Previsor como pocos, González ya ha fijado su retiro. En cuatro años planea irse a vivir a La Manzanilla, Jalisco, donde ha construido una casa. Piensa comprar y parcelar parte de ese pequeño paraíso y venderle a puro estadounidense. El futuro será entonces "sacarle dinero a los gringos".
El bufete de Francis es uno de los cinco contratados por el Consulado de México para atender las necesidades de tipo laboral, migratorio, civil, familiar y penal de una comunidad estimada en 187 mil 500 mexicanos, de los que el 30 por ciento, más de 56 mil, son indocumentados.
A los despachos, explica la cónsul Dulce Zamora -encargada de la representación hasta el arribo en diciembre de 2007 de Rogelio Flores-, se les asigna anualmente de 5 a 7 mil dólares, cantidad de la que van descontando las horas invertidas en cada caso. La primera consulta es gratuita y los honorarios, que en la mayoría de los bufetes de la ciudad pueden alcanzar los 250 dólares la hora, tienen una tarifa máxima de 100 dólares.
Francis, un demócrata que fue alcalde del condado de Ventura en 1989, se asoció con González en diciembre de 1993. Dejó de tramitar divorcios para enfocarse a los accidentes de tipo laboral y civil. Del centenar de casos que atienden cada año, calcula que más del 90 por ciento son de mexicanos.
La fórmula es sencilla: Francis litiga en los juzgados y González trata con los clientes. Cada uno se dirige al grupo al que pertenece, y ambos convencen.
LA ESTRATEGIA
Una semana después de su accidente, ocurrido el 22 de diciembre de 2005, cuando aún permanecía en coma en el hospital, Ricardo fue fotografiado por González para, en caso de entablar una demanda civil, tener un elemento que "impresionara" al jurado.
Lo primero que buscó fue que el migrante contara con la mejor atención posible. Del Providence Saint Joseph Medical Center fue trasladado en febrero de 2006 al Northridge Hospital Medical Center, donde el especialista Thomas L. Hedge aceptó encargarse de su tratamiento. De ahí fue llevado semanas después al Hospital de San Juan en Oxnard.
Cada una de las prescripciones de Hedge, sensibilizado con las necesidades de Ricardo por usar él mismo silla de ruedas, debía ser cumplida por la aseguradora State Compensation Insurance Fund (SCIF), una de las más importantes del estado.
En el primer año, González se concentró en que Ricardo obtuviera los beneficios a que tenía derecho presionando a la compañía de seguros, que buscaba recortar los gastos. Durante ese tiempo, la esposa del migrante recibía cheques por dos tercios del sueldo que tenía en la constructora, menos de 700 dólares semanales.
A mediados de 2006, Ricardo fue trasladado a una casa de 200 mil dólares con rampas, refuerzos en los pisos y puertas lo bastante amplias para que pudiera desplazarse en su silla de ruedas eléctrica. Todo fue pagado por la aseguradora.
Una de las principales preocupaciones de los abogados, Francis y Charles Oaks, encargado del departamento de Worker's Compensation, fue impedir que su esposa asumiera su cuidado, después de que le ofrecieran un pago de 150 dólares diarios.
"La compañía de seguros", dice Francis, "normalmente intenta convencer a la esposa de que actúe como enfermera, y cuando acepta, como es una obligación de 24 horas, el costo para el matrimonio es fatal".
El doctor Hedge consideró que Ricardo necesitaba un asistente las 24 horas, para cuidarlo y darle terapia. El migrante pidió que hablara español y fuera mujer. Comenzó así para la familia un nuevo calvario. Se acumularon las faltas de los asistentes, de hasta 15 días por mes; tres empresas llegaron a mandar personal.
"Recibía llamadas (de Ricardo) a todas horas. Lo más difícil era conseguirle el tratamiento que merecía, y no sólo eso: ser su amigo, su consejero, era una parte integral del caso", recuerda González.
Hedge recomendó entonces un cambio de estrategia. Ricardo tenía que controlar su vida. Había que cerrar el caso, llegar a un acuerdo económico con la aseguradora.
EL 'COSTO' DE UNA VIDA
Los abogados pidieron a la aseguradora que calculara cuánto "costaba" la vida de Ricardo. El análisis cifró en 12 millones de dólares sus necesidades.
"La primera oferta que hicieron", recuerda González, "fue casi un insulto: 4 millones 600 mil dólares; la segunda subió a 5 millones 900 mil, hasta que llegamos a la última, casi 7 millones de dólares. El arreglo se cerró en apenas dos semanas".
Ricardo recibirá mientras viva mensualidades de 23 mil dólares y compensaciones mayores cada cinco años, además de un bono anual de 75 mil dólares para otros gastos.
La primera de las compensaciones, de 75 mil dólares, le será entregada en 2012, e irá creciendo en monto hasta 2042, cuando recibirá la última, de 300 mil dólares. Este cálculo se basa en una expectativa de vida de 63 años, 35 más que su edad actual, 28 años; de cumplirse las estadísticas, podría acabar percibiendo un monto mayor a los 15 millones de dólares, pero también podría rebasarlas y, por tanto, superar la cifra, ya que las mensualidades son vitalicias.
El arreglo por 7 millones de dólares permitió la compra de la garantía del seguro por la compañía The Hartford. "Lo que hace la aseguradora es dar dinero ahora para no pagar en el futuro. Y un dólar, si lo inviertes bien, vale lo doble en diez años. Nadie pierde", explica González.
El acuerdo establece también que, si el migrante fallece, su familia tiene derecho a recibir los pagos mensuales y la compensación hasta 2017, lo que garantiza su seguridad.
Para los abogados, este caso significaba unos altos honorarios, admite Francis, pero no estaba exento de riesgos; el principal, que Ricardo muriera durante el proceso. En ese caso, la viuda se quedaría con la casa y recibiría una indemnización de sólo 220 mil dólares.
Una vez fallado el arreglo por el juez, la compañía de seguros entregó a la familia un cheque inicial por 1.5 millones de dólares, de los que 815 mil fueron para el bufete.
Ricardo cuenta ya con una abogada encargada de tramitar su residencia.
Tener una hija nacida en Estados Unidos e ingresos que sólo alcanza el 5 por ciento de la población de ese país, además de cumplir con el pago de impuestos y poderse constituir como empleador, son factores que juegan a su favor.
Pero su fragilidad migratoria no amenaza su patrimonio; si llegaran a deportarlo, continuaría recibiendo los cheques en su cuenta bancaria y para que pudiera cobrarlos en cualquier país bastaría que se identificara con su huella digital.
Administrador ejecutivo del bufete Law Offices of Richard L. Francis and Associates, González, hoy de 49 años, es la imagen que inspira confianza a los mexicanos en Oxnard para hacer sus denuncias: habla español, se sabe las canciones de Maná y es fiel seguidor de las Chivas.
Desde 1988, su rostro sonriente y "congelado" en los 30 años aparece cada jueves en el periódico local Vida, invitando a los lectores a comunicarse con la firma si quieren recibir una indemnización justa en caso de un accidente de trabajo.
El hermano de Ricardo Gutiérrez, nombre ficticio del migrante mexicano que quedó tetrapléjico tras caer en 2005 del techo de una casa en Palmdale, pudo haber visto el anuncio, pero lo pasó por alto. Al bufete llegó por sugerencia del entonces Cónsul de México en Oxnard, Fernando Gamboa.
Así dio inicio un proceso que culminó el 17 de septiembre del año pasado, cuando se falló la indemnización laboral más alta pagada por una aseguradora en el condado de Ventura y una de las 10 mayores de California, según Richard L. Francis, el titular de la firma, un arreglo por 6 millones 997 mil 886 dólares.
Nacido en Guadalajara, González cruzó de mojado a California a los seis años, pero no se enteró de que era ilegal hasta que, cumplidos los 17, su madre lo llevó a sacarse la Green Card.
A los 19 años, después de obtener una utilidad de decenas de miles de dólares en la compraventa de una casa, descubrió que podía ganar dinero fácilmente. Tras estudiar un par de semestres administración en la UCLA y en la Universidad del Sur de California, dejó todo para lanzarse a su sueño americano.
Quería ser actor. Tenía cara de galán o de showman, le dijeron, pero González insistía en ser el malo de la película.
Acabó adaptándose a la profecía, combinando su talento artístico con su habilidad para calcular beneficios: ha hecho comerciales del bufete para televisión por cable; es guitarrista y voz del grupo Angel & Spice -con un repertorio de rock en inglés y español-, y cada semana interactúa con la comunidad en ¡Órale!, un programa radiofónico que se transmite en el condado de Ventura.
Previsor como pocos, González ya ha fijado su retiro. En cuatro años planea irse a vivir a La Manzanilla, Jalisco, donde ha construido una casa. Piensa comprar y parcelar parte de ese pequeño paraíso y venderle a puro estadounidense. El futuro será entonces "sacarle dinero a los gringos".
El bufete de Francis es uno de los cinco contratados por el Consulado de México para atender las necesidades de tipo laboral, migratorio, civil, familiar y penal de una comunidad estimada en 187 mil 500 mexicanos, de los que el 30 por ciento, más de 56 mil, son indocumentados.
A los despachos, explica la cónsul Dulce Zamora -encargada de la representación hasta el arribo en diciembre de 2007 de Rogelio Flores-, se les asigna anualmente de 5 a 7 mil dólares, cantidad de la que van descontando las horas invertidas en cada caso. La primera consulta es gratuita y los honorarios, que en la mayoría de los bufetes de la ciudad pueden alcanzar los 250 dólares la hora, tienen una tarifa máxima de 100 dólares.
Francis, un demócrata que fue alcalde del condado de Ventura en 1989, se asoció con González en diciembre de 1993. Dejó de tramitar divorcios para enfocarse a los accidentes de tipo laboral y civil. Del centenar de casos que atienden cada año, calcula que más del 90 por ciento son de mexicanos.
La fórmula es sencilla: Francis litiga en los juzgados y González trata con los clientes. Cada uno se dirige al grupo al que pertenece, y ambos convencen.
LA ESTRATEGIA
Una semana después de su accidente, ocurrido el 22 de diciembre de 2005, cuando aún permanecía en coma en el hospital, Ricardo fue fotografiado por González para, en caso de entablar una demanda civil, tener un elemento que "impresionara" al jurado.
Lo primero que buscó fue que el migrante contara con la mejor atención posible. Del Providence Saint Joseph Medical Center fue trasladado en febrero de 2006 al Northridge Hospital Medical Center, donde el especialista Thomas L. Hedge aceptó encargarse de su tratamiento. De ahí fue llevado semanas después al Hospital de San Juan en Oxnard.
Cada una de las prescripciones de Hedge, sensibilizado con las necesidades de Ricardo por usar él mismo silla de ruedas, debía ser cumplida por la aseguradora State Compensation Insurance Fund (SCIF), una de las más importantes del estado.
En el primer año, González se concentró en que Ricardo obtuviera los beneficios a que tenía derecho presionando a la compañía de seguros, que buscaba recortar los gastos. Durante ese tiempo, la esposa del migrante recibía cheques por dos tercios del sueldo que tenía en la constructora, menos de 700 dólares semanales.
A mediados de 2006, Ricardo fue trasladado a una casa de 200 mil dólares con rampas, refuerzos en los pisos y puertas lo bastante amplias para que pudiera desplazarse en su silla de ruedas eléctrica. Todo fue pagado por la aseguradora.
Una de las principales preocupaciones de los abogados, Francis y Charles Oaks, encargado del departamento de Worker's Compensation, fue impedir que su esposa asumiera su cuidado, después de que le ofrecieran un pago de 150 dólares diarios.
"La compañía de seguros", dice Francis, "normalmente intenta convencer a la esposa de que actúe como enfermera, y cuando acepta, como es una obligación de 24 horas, el costo para el matrimonio es fatal".
El doctor Hedge consideró que Ricardo necesitaba un asistente las 24 horas, para cuidarlo y darle terapia. El migrante pidió que hablara español y fuera mujer. Comenzó así para la familia un nuevo calvario. Se acumularon las faltas de los asistentes, de hasta 15 días por mes; tres empresas llegaron a mandar personal.
"Recibía llamadas (de Ricardo) a todas horas. Lo más difícil era conseguirle el tratamiento que merecía, y no sólo eso: ser su amigo, su consejero, era una parte integral del caso", recuerda González.
Hedge recomendó entonces un cambio de estrategia. Ricardo tenía que controlar su vida. Había que cerrar el caso, llegar a un acuerdo económico con la aseguradora.
EL 'COSTO' DE UNA VIDA
Los abogados pidieron a la aseguradora que calculara cuánto "costaba" la vida de Ricardo. El análisis cifró en 12 millones de dólares sus necesidades.
"La primera oferta que hicieron", recuerda González, "fue casi un insulto: 4 millones 600 mil dólares; la segunda subió a 5 millones 900 mil, hasta que llegamos a la última, casi 7 millones de dólares. El arreglo se cerró en apenas dos semanas".
Ricardo recibirá mientras viva mensualidades de 23 mil dólares y compensaciones mayores cada cinco años, además de un bono anual de 75 mil dólares para otros gastos.
La primera de las compensaciones, de 75 mil dólares, le será entregada en 2012, e irá creciendo en monto hasta 2042, cuando recibirá la última, de 300 mil dólares. Este cálculo se basa en una expectativa de vida de 63 años, 35 más que su edad actual, 28 años; de cumplirse las estadísticas, podría acabar percibiendo un monto mayor a los 15 millones de dólares, pero también podría rebasarlas y, por tanto, superar la cifra, ya que las mensualidades son vitalicias.
El arreglo por 7 millones de dólares permitió la compra de la garantía del seguro por la compañía The Hartford. "Lo que hace la aseguradora es dar dinero ahora para no pagar en el futuro. Y un dólar, si lo inviertes bien, vale lo doble en diez años. Nadie pierde", explica González.
El acuerdo establece también que, si el migrante fallece, su familia tiene derecho a recibir los pagos mensuales y la compensación hasta 2017, lo que garantiza su seguridad.
Para los abogados, este caso significaba unos altos honorarios, admite Francis, pero no estaba exento de riesgos; el principal, que Ricardo muriera durante el proceso. En ese caso, la viuda se quedaría con la casa y recibiría una indemnización de sólo 220 mil dólares.
Una vez fallado el arreglo por el juez, la compañía de seguros entregó a la familia un cheque inicial por 1.5 millones de dólares, de los que 815 mil fueron para el bufete.
Ricardo cuenta ya con una abogada encargada de tramitar su residencia.
Tener una hija nacida en Estados Unidos e ingresos que sólo alcanza el 5 por ciento de la población de ese país, además de cumplir con el pago de impuestos y poderse constituir como empleador, son factores que juegan a su favor.
Pero su fragilidad migratoria no amenaza su patrimonio; si llegaran a deportarlo, continuaría recibiendo los cheques en su cuenta bancaria y para que pudiera cobrarlos en cualquier país bastaría que se identificara con su huella digital.
Reportaje de Silvia Isabel Gámez, Reforma, 14 de abril.
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