El segundo esposo de la política colombo-francesa Ingrid Bentancourt, secuestrada desde 2002 por las FARC, pidió ayuda ayer al presidente brasileño Lula da Silva para que intervenga ante su par colombiano Álvaro Uribe a fin de lograr su liberación, aunque a éste no le interese, según medios brasileños.
El colombiano Juan Lecompte dijo a la cadena Tv Globo de Brasil que ese país “es una potencia latinoamericana. Pienso que él (Lula) puede efectivamente hacer más. Esta es una situación de emergencia”, dijo el publicitario, cuya esposa es uno de los rehenes más valiosos de las FARC.
El deteriorado estado de salud de su mujer, que según campesinos del Guavire (sureste colombiano) está viva pero muy enferma, debe llevar a acelerar las gestiones, dijo Lecompte. “Este es un momento crítico para la intervención de Lula”, añadió.
Lecompte también acusó a Uribe por el fracaso de las gestiones para liberar a Bentancourt, en especial por el ataque colombiano a una base de las FARC en Ecuador, el 1 de marzo, que llevó a la muerte del líder rebelde Raúl Reyes y congeló la liberación de más rehenes.
A la vez, el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Ramón Rodríguez, descartó la veracidad de los documentos presuntamente hallados en los computadores de Reyes el día de su muerte, que ligarían a las FARC con el presidente Hugo Chávez.
“Lo tuvieron (el computador) en sus manos durante varios días, con toda la tecnología de punta, de vanguardia. ¿Quién puede creer en esas pruebas?”, dijo Rodríguez a la prensa.
Bogotá entregó el sábado a Venezuela informes de esos equipos que demostrarían los lazos entre Chávez y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), indicó ayer el canciller colombiano, Fernando Araújo.
Una comisión de expertos de Australia, Corea y Singapur enviados por Interpol estudia el contenido de los equipos y debe establecer si el mismo fue alterado.
En tanto, el gobierno de Bogotá rechazó ayer en un comunicado la demanda presentada por Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) por fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos en la frontera.
La demanda no se liga con la disputa por el ataque militar, aclaró la canciller ecuatoriana María Salvador, sino que busca “poner fin a las aspersiones de químicos herbicidas altamente tóxicos”.
Según Bogotá, el presidente de Ecuador Rafael Correa “nunca presentó una solicitud con respecto a daños contra su población” por las aspersiones, pese a la oferta de “indemnizar a los ecuatorianos que hubieren sufrido algún perjuicio por su causa”, añadió el comunicado.
El colombiano Juan Lecompte dijo a la cadena Tv Globo de Brasil que ese país “es una potencia latinoamericana. Pienso que él (Lula) puede efectivamente hacer más. Esta es una situación de emergencia”, dijo el publicitario, cuya esposa es uno de los rehenes más valiosos de las FARC.
El deteriorado estado de salud de su mujer, que según campesinos del Guavire (sureste colombiano) está viva pero muy enferma, debe llevar a acelerar las gestiones, dijo Lecompte. “Este es un momento crítico para la intervención de Lula”, añadió.
Lecompte también acusó a Uribe por el fracaso de las gestiones para liberar a Bentancourt, en especial por el ataque colombiano a una base de las FARC en Ecuador, el 1 de marzo, que llevó a la muerte del líder rebelde Raúl Reyes y congeló la liberación de más rehenes.
A la vez, el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Ramón Rodríguez, descartó la veracidad de los documentos presuntamente hallados en los computadores de Reyes el día de su muerte, que ligarían a las FARC con el presidente Hugo Chávez.
“Lo tuvieron (el computador) en sus manos durante varios días, con toda la tecnología de punta, de vanguardia. ¿Quién puede creer en esas pruebas?”, dijo Rodríguez a la prensa.
Bogotá entregó el sábado a Venezuela informes de esos equipos que demostrarían los lazos entre Chávez y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), indicó ayer el canciller colombiano, Fernando Araújo.
Una comisión de expertos de Australia, Corea y Singapur enviados por Interpol estudia el contenido de los equipos y debe establecer si el mismo fue alterado.
En tanto, el gobierno de Bogotá rechazó ayer en un comunicado la demanda presentada por Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) por fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos en la frontera.
La demanda no se liga con la disputa por el ataque militar, aclaró la canciller ecuatoriana María Salvador, sino que busca “poner fin a las aspersiones de químicos herbicidas altamente tóxicos”.
Según Bogotá, el presidente de Ecuador Rafael Correa “nunca presentó una solicitud con respecto a daños contra su población” por las aspersiones, pese a la oferta de “indemnizar a los ecuatorianos que hubieren sufrido algún perjuicio por su causa”, añadió el comunicado.
Nota de agencias en Bogotá, Milenio, 1º de abril.
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