La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deploró el reciente asesinato de las dos indígenas triqui que eran locutoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio, del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca.
Ante este crimen, el organismo internacional exigió a las autoridades federal y estatal realizar una investigación “rápida y eficaz para que los responsables sean debidamente sancionados”.
El pasado 7 de abril Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez fueron ultimadas por un grupo de individuos no identificados –aunque diversas organizaciones de derechos humanos de la zona los relacionan con el Partido Unidad Popular y acusan al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz– quienes emboscaron el vehículo en el que viajaban al dispararles con armas automáticas.
Al respecto, la CIDH –organismo de la Organización de Estados Americanos– aseguró que conforme a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, los Estados “tienen el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación a los derechos” establecidos en ese acuerdo internacional signado por México.
El organismo internacional agregó que “el principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH señala que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción de material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.
Por ello, la CIDH exigió al Estado mexicano investigar y sancionar el crimen en contra de las locutoras triques, quienes fueron asesinadas cuando regresaban de realizar varios reportajes en pueblos vecinos y de hablar sobre la radio comunitaria para la que colaboraban.
Ante este crimen, el organismo internacional exigió a las autoridades federal y estatal realizar una investigación “rápida y eficaz para que los responsables sean debidamente sancionados”.
El pasado 7 de abril Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez fueron ultimadas por un grupo de individuos no identificados –aunque diversas organizaciones de derechos humanos de la zona los relacionan con el Partido Unidad Popular y acusan al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz– quienes emboscaron el vehículo en el que viajaban al dispararles con armas automáticas.
Al respecto, la CIDH –organismo de la Organización de Estados Americanos– aseguró que conforme a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, los Estados “tienen el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación a los derechos” establecidos en ese acuerdo internacional signado por México.
El organismo internacional agregó que “el principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH señala que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción de material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.
Por ello, la CIDH exigió al Estado mexicano investigar y sancionar el crimen en contra de las locutoras triques, quienes fueron asesinadas cuando regresaban de realizar varios reportajes en pueblos vecinos y de hablar sobre la radio comunitaria para la que colaboraban.
Nota de Emir Olivares Alonso, La Jornada, 19 de abril.
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