Al presentar el Informe especial sobre las pandillas delictivas trasnacionales conocidas como maras, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, denunció que ha habido negligencia del gobierno federal para “resolver este problema que es ya de seguridad nacional”. Se estima, subrayó, que en el país hay 200 bandas, que aglutinan a alrededor de 5 mil mareros y que se encuentran en 24 entidades, incluido el Distrito Federal.
Se trata, subrayó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Soberanes Fernández, de bandas delictivas que cometen delitos como allanamiento de domicilio, asalto, extorsión, homicidio calificado, lenocinio, lesiones calificadas, privación ilegal de la libertad, robo, tentativa de lesiones, violación, falsificación de documentos, asociación delictuosa, desobediencia y resistencia de particulares, portación de arma prohibida y narcotráfico, y atacan a migrantes a los que incluso llegan a asesinar.
El titular de la CNDH destacó que esas pandillas tienen habilidad en el manejo de armas e incluso algunos han recibido adiestramiento en técnicas militares y de guerrilla, por lo que generan violencia brutal y sanguinaria, que ultrajan a sus víctimas e incluso a sus propios miembros que por algún motivo infringen las reglas internas por ellos establecidas.
Soberanes dijo que el avance de estas bandas, que también se relacionan con el narcotráfico y el crimen organizado, no ha sido detenido por negligencia del gobierno federal. “Pareciera que el gobierno federal es monotemático en el tema de seguridad pública, sólo se limita a combatir al narcotráfico y se olvida de otros problemas importantes como el de las maras.”
Precisó que es necesario que no se confunda a las maras con una expresión simple de la contracultura y de la protesta juvenil o social, ya que son agrupaciones delictivas que asumen los códigos de una organización criminal. Llamó la atención respecto a que “estas bandas han elevado su presencia y su peligrosidad en la última década como parte de un arribo masivo de inmigrantes centroamericanos en el área limítrofe entre México y Guatemala, pero con finalidades distintas a la de la búsqueda de empleo y de mejores oportunidades”.
Aunque 90 por ciento de esas 200 bandas, con unos 5 mil integrantes, se ubican en Chiapas, su presencia se ha incrementado y ya están en 24 entidades.
Se trata, subrayó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Soberanes Fernández, de bandas delictivas que cometen delitos como allanamiento de domicilio, asalto, extorsión, homicidio calificado, lenocinio, lesiones calificadas, privación ilegal de la libertad, robo, tentativa de lesiones, violación, falsificación de documentos, asociación delictuosa, desobediencia y resistencia de particulares, portación de arma prohibida y narcotráfico, y atacan a migrantes a los que incluso llegan a asesinar.
El titular de la CNDH destacó que esas pandillas tienen habilidad en el manejo de armas e incluso algunos han recibido adiestramiento en técnicas militares y de guerrilla, por lo que generan violencia brutal y sanguinaria, que ultrajan a sus víctimas e incluso a sus propios miembros que por algún motivo infringen las reglas internas por ellos establecidas.
Soberanes dijo que el avance de estas bandas, que también se relacionan con el narcotráfico y el crimen organizado, no ha sido detenido por negligencia del gobierno federal. “Pareciera que el gobierno federal es monotemático en el tema de seguridad pública, sólo se limita a combatir al narcotráfico y se olvida de otros problemas importantes como el de las maras.”
Precisó que es necesario que no se confunda a las maras con una expresión simple de la contracultura y de la protesta juvenil o social, ya que son agrupaciones delictivas que asumen los códigos de una organización criminal. Llamó la atención respecto a que “estas bandas han elevado su presencia y su peligrosidad en la última década como parte de un arribo masivo de inmigrantes centroamericanos en el área limítrofe entre México y Guatemala, pero con finalidades distintas a la de la búsqueda de empleo y de mejores oportunidades”.
Aunque 90 por ciento de esas 200 bandas, con unos 5 mil integrantes, se ubican en Chiapas, su presencia se ha incrementado y ya están en 24 entidades.
Nota de Víctor Ballinas, La Jornada, 3 de abril.
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