De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la iniciativa de reforma laboral se frenó a petición de los presidentes de las comisiones del Trabajo de las cámaras de Diputados y Senadores, "para dar paso a la reforma energética".
Especialistas consultados aseguraron que "no sabemos si va a presentarse o no la iniciativa, ni cuando; pero el hecho es que ya existe un documento con una propuesta que viene de la dependencia laboral", aseguró Alfonso Bouzas, abogado laboral e investigador de la UNAM.
Según la dependencia, aún falta que se defina el formato en el que se va entregar el documento de diagnóstico que elaboró la STPS en coordinación con representantes de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), así como representantes del Congreso del Trabajo.
Al respecto, Tomás Natividad Sánchez, representante de la Concamin, dijo que el interés de la representación patronal es claro, porque "a nosotros si nos urge, pero la decisión está en el Congreso", mencionó.
Por su parte, el abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani, mencionó que de manera "repentina se empezó a filtrar en su integridad la iniciativa que ya se empieza a llamar la Reforma Lozano".
Indicó que "el dichoso análisis que se comprometió a hacer el secretario del trabajo, se redujo a comparar la iniciativa del 2002 (presentada por el ex secretario, Carlos Abascal) y le incluye la propuesta de la dependencia, "dejando afuera las opiniones de las organizaciones sindicales independientes".
Por ejemplo, destacó, para el caso de la transparencia de los sindicatos sólo "sugiere" a las organizaciones que den a conocer sus contratos colectivos de trabajo, y que los actualicen cada tres meses, pero nunca prevé alguna sanción en caso de que no lo hagan.
Comentó que los aspectos positivos que le encuentra a la que han llamado "reforma Lozano", son eliminar la distribución unilateral de la jornada de trabajo bajo el denominado "sistema de banco de horas", considerar nula la clasificación de confianza a trabajadores, e intentar regular a las empresas subcontratistas al obligarlas a registrarse ante la autoridad laboral.
En tanto, expuso que al limitar los emplazamientos a huelga, las empresas que iniciarán actividades podrán tener menos "amagos" de sindicatos "blancos" que se disputan la titularidad de un contrato sin que haya un padrón de trabajadores registrado.
Especialistas consultados aseguraron que "no sabemos si va a presentarse o no la iniciativa, ni cuando; pero el hecho es que ya existe un documento con una propuesta que viene de la dependencia laboral", aseguró Alfonso Bouzas, abogado laboral e investigador de la UNAM.
Según la dependencia, aún falta que se defina el formato en el que se va entregar el documento de diagnóstico que elaboró la STPS en coordinación con representantes de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), así como representantes del Congreso del Trabajo.
Al respecto, Tomás Natividad Sánchez, representante de la Concamin, dijo que el interés de la representación patronal es claro, porque "a nosotros si nos urge, pero la decisión está en el Congreso", mencionó.
Por su parte, el abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani, mencionó que de manera "repentina se empezó a filtrar en su integridad la iniciativa que ya se empieza a llamar la Reforma Lozano".
Indicó que "el dichoso análisis que se comprometió a hacer el secretario del trabajo, se redujo a comparar la iniciativa del 2002 (presentada por el ex secretario, Carlos Abascal) y le incluye la propuesta de la dependencia, "dejando afuera las opiniones de las organizaciones sindicales independientes".
Por ejemplo, destacó, para el caso de la transparencia de los sindicatos sólo "sugiere" a las organizaciones que den a conocer sus contratos colectivos de trabajo, y que los actualicen cada tres meses, pero nunca prevé alguna sanción en caso de que no lo hagan.
Comentó que los aspectos positivos que le encuentra a la que han llamado "reforma Lozano", son eliminar la distribución unilateral de la jornada de trabajo bajo el denominado "sistema de banco de horas", considerar nula la clasificación de confianza a trabajadores, e intentar regular a las empresas subcontratistas al obligarlas a registrarse ante la autoridad laboral.
En tanto, expuso que al limitar los emplazamientos a huelga, las empresas que iniciarán actividades podrán tener menos "amagos" de sindicatos "blancos" que se disputan la titularidad de un contrato sin que haya un padrón de trabajadores registrado.
Nota de María del Pilar Martínez, El Economista, 17 de abril.
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