Hallan graves irregularidades en el proceso contra tzotzil condenado a 60 años de prisión

Alberto Patishtán Gómez, profesor tzotzil y miembro de la Voz del Amate, en huelga de hambre desde el 25 de febrero en el Cereso 14 de Cintalapa, Chiapas, fue sentenciado a 60 años de prisión acusado de dar muerte a siete policías en el paraje Las Limas (El Bosque) en junio de 2000. En la misma sentencia fue exonerado otro acusado, Salvador López González, base de apoyo zapatista, porque el juez consideró que el único sobreviviente, Rosemberg Gómez, “no se condujo con verdad cuando lo señaló”.

“El actual gobierno parece decidido a seguir difamando al sentenciado, quien está dispuesto a morir en el ayuno si no recupera su libertad”, señaló la Otra Jovel.

De acuerdo con su defensa, representada por Gabriela Martínez López, “el único testigo fue inducido a declarar de manera inverosímil contra López y Patishtán”. El juez ignoró las inconsistencias y dio la máxima pena al segundo, quien ofreció pruebas razonables de no haber participado en la emboscada. A pesar de la apelación y el amparo directo, fue sentenciado en mayo de 2003. “Quienes lo conocen saben de su inocencia manifiesta y la fuerza moral que le ha hecho tomar la decisión más importante de su vida: ponerla en riesgo para que su caso sea replanteado. Su condena es una venganza de las autoridades por tratarse de policías muertos”. Necesitaban un “chivo expiatorio”, lo cual recuerda el célebre caso del líder lakota Leonard Peltier, preso de por vida en Estados Unidos “porque alguien tenía que pagar” la muerte de un agente de la FBI.

Patishtán pertenecía a un grupo de comuneros inconformes con el presidente municipal de El Bosque, el priísta Manuel Gómez Ruiz, que los tenía bajo amenaza. Un mes antes de la emboscada marcharon en la capital del estado. El día de los hechos, Patishtán se encontraba en el municipio de Huitiupan reunido con padres de familia, pues dirigía ahí un albergue. Las evidencias obran en el expediente.

Sus representantes solicitan “replantear su caso en el contexto de esos años, cuando la represalia política fue la regla”. Recuérdese que en la zona operaba, fuera de control, el grupo paramilitar-delincuencial Los Plátanos, unos 80 jóvenes entrenados por la policía y por el Ejército federal establecidos en la comunidad Los Plátanos. El periodo del gobernador Roberto Albores Guillén (1998-2000) “fue de represión, muerte y acciones paramilitares”. El 10 de junio de 1998, centenares de policías y soldados atacaron las comunidades Chavajeval, Unión Progreso y El Bosque, con un saldo de 8 muertos y más de 50 detenidos. Para 1999, la violencia en Chiapas se amparaba bajo el Ejército, que aumentó su presencia de 66 a 111 municipios. A finales de 2000 habían ocurrido 8 ejecuciones más, sólo en los Altos.

Las primeras investigaciones de la Procuraduría General de la República indicaban que los autores pudieron ser de uno de los grupos armados que investigaba la (a la postre inútil) Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos de Civiles Armados, que concluyó que el grupo agresor se apoderó de las siete armas que portaban los policías, de uso exclusivo del Ejército. “¿Cómo pudieron hacerlo sólo dos personas? ¿Cómo se unieron un priísta (Patishtán lo era en ese tiempo) y un zapatista (Salvador Gómez) para emboscar policías? Ni siquiera se conocían. Nunca hubo explicación de ello”, cuestionan miembros de la otra campaña.

Patishtán aduce una represalia del entonces alcalde Gómez Ruiz, quien obligó a su hijo Rosemberg a culparlo. “Hoy sabemos por los familiares de Patishtán que el testimonio fue comprado con una camioneta Ford del año. Cada que Rosemberg echa trago confiesa haber sido obligado a ‘mandar a la cárcel’ a Patishtán”, abunda el informe de su defensa.

Nota de Hermann Bellinghausen, La Jornada, 4 de abril.