IFE amenaza con retiro de concesiones

El presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, advirtió que serán amonestados, multados, o incluso perderán la concesión de radio o televisión aquellos que se nieguen a transmitir los seis minutos diarios de tiempo oficial.

La misma medida, añadió, será tomada contra quienes vendan espacios para que se transmitan anuncios de partidos u organizaciones políticas sin previa autorización de ese instituto.
Al participar en el coloquio sobre la Reforma del Estado, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, manifestó que el IFE es el único administrador de la parte del tiempo oficial dedicado a la vida política.

“Está prohibido que persona alguna, fiscal o moral, individual o colectiva, de manera directa o por interpósita persona compre tiempo en radio o televisión”, advirtió.

“Para decirlo coloquialmente, nadie puede comprar tiempo en radio o televisión para hacer propaganda política o electoral. No sólo en tiempos de elecciones, en ningún momento”, agregó.

Para hacer la vigilancia y el monitoreo al respecto, dijo que espera que la Secretaría de Hacienda le entregue en junio próximo los más de mil 400 millones de pesos que solicitó como parte de la ampliación presupuestal con base a la Reforma Electoral, señaló.

Valdés Zurita mencionó que se abrirán centros de monitoreo en cada uno de los 300 distritos electorales del país.

Por otra parte, el consejero presidente del IFE indicó que ese organismo ha presentado 540 de las 600 denuncias que investiga la Procuraduría General de la República (PGR) por delitos electorales, entre ellos el trámite de múltiples credenciales con datos falsos.

Para evitar que eso siga sucediendo, afirmó que la Cámara de Diputados debe cambiar el procedimiento para acceder a las credenciales para votar.

“El problema no es la entrega de las credenciales, sino el diseño de la solicitud, pues está basado en la buena fe. Cualquier ciudadano que presente a dos testigos puede obtener su credencial”, aseveró.
En el IFE, aseguró que hay métodos muy estrictos para elegir a los empleados, por lo que no cree que ningún servidor público esté relacionado con la delincuencia organizada o en situaciones de corrupción.
Sin embargo, abundó, que si la PGR encuentra a algún responsable se procederá con todo el rigor de la ley.

Nota de El Economista con información de Notimex, 2 de abril.


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