El gobierno colombiano presentó ayer al cuerpo diplomático acreditado y a delegados de organismos internacionales un decreto de reparación que beneficiará a unas 200 mil víctimas y cerca de 2.2 millones de desplazados por el conflicto armado interno.
El proyecto tendrá un costo de hasta cuatro mil millones de dólares y comenzará a aplicarse en el segundo semestre de 2008 con un plazo de unos 10 años para su completo desarrollo.
En un acto en la sede de la Cancillería en Bogotá, los ministros de Relaciones Exteriores, Fernando Araújo, y del Interior y Justicia, Carlos Holguín, expusieron ante los diplomáticos las características de la norma que hoy será divulgada por el presidente Álvaro Uribe.
Ambos funcionarios destacaron que se trata de un “decreto de reparación por vía administrativa y del modelo de atención a las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley”. Con esta norma, se subrayó, Colombia “quiere ratificar su compromiso con los derechos humanos”.
El ministro Holguín destacó que la reparación es “responsabilidad de los victimarios con sus víctimas” pero, mientras tanto, el gobierno lo hará “por vía solidaria”.
Los funcionarios no detallaron si este decreto amparará también a las víctimas más recientes del conflicto, entre ellas los cuatro jóvenes mexicanos muertos y la estudiante mexicana herida en los sucesos del 1 de marzo en un campamento de las FARC en Ecuador, atacado por la aviación colombiana.
El programa de reparación por vía administrativa contó con asesoría de expertos internacionales como el Centro de Justicia Transaccional del Gobierno español y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros.
La Corte Suprema de Justicia, entre tanto, ordenó la detención del senador Ricardo Elcure Chacón por presuntos nexos con paramilitares de derecha, con lo que ascendió a 32 la cifra de parlamentarios aprehendidos desde finales de 2006.
Por su parte, en declaraciones al diario O Estado de Sao Paulo, el general Augusto Ribeiro, comandante de la Amazonia brasileña, señaló que guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entran como “ciudadanos comunes” a Brasil para “abastecerse”.
Este martes la Corte Suprema de Justicia decidirá si el jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez (alias Macaco) debe ser extraditado a Estados Unidos y perder los beneficios que se le habían otorgado bajo el amparo de la ley 975 (de Justicia y Paz), bajo la cual se rigió la desmovilización de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Según los organismos de seguridad del Estado, alias Macaco dirigió desde la cárcel de Itagüí, en Antioquia, la conformación de una banda ilegal conocida como La Cordillera, que continuó los negocios de narcotráfico que el jefe ilegal manejaba desde antes de su desarme. La norma establecía que los ilegales que dejaran las armas e incumplieran su compromiso de no volver a delinquir no sólo perderían los beneficios penales sino que, en caso de tener en su contra procesos en algún país con el que Colombia tuviera tratado de extradición, podrían ser juzgados en el exterior.
Es por eso que en la audiencia de hoy la Corte Suprema determinará hasta qué punto es competente el presidente Álvaro Uribe para decidir si un ex combatiente pierde los beneficios de la ley, teniendo en cuenta que un magistrado de Justicia y Paz de Barranquilla señaló que Macaco aún está cobijado por la ley y que él es su juez natural para determinar si pierde o no los beneficios.
Hasta el momento Macaco, quien fue el jefe del Bloque Central Bolívar ha confesado a la Fiscalía haber ordenado 300 muertes durante su militancia en las AUC.
El proyecto tendrá un costo de hasta cuatro mil millones de dólares y comenzará a aplicarse en el segundo semestre de 2008 con un plazo de unos 10 años para su completo desarrollo.
En un acto en la sede de la Cancillería en Bogotá, los ministros de Relaciones Exteriores, Fernando Araújo, y del Interior y Justicia, Carlos Holguín, expusieron ante los diplomáticos las características de la norma que hoy será divulgada por el presidente Álvaro Uribe.
Ambos funcionarios destacaron que se trata de un “decreto de reparación por vía administrativa y del modelo de atención a las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley”. Con esta norma, se subrayó, Colombia “quiere ratificar su compromiso con los derechos humanos”.
El ministro Holguín destacó que la reparación es “responsabilidad de los victimarios con sus víctimas” pero, mientras tanto, el gobierno lo hará “por vía solidaria”.
Los funcionarios no detallaron si este decreto amparará también a las víctimas más recientes del conflicto, entre ellas los cuatro jóvenes mexicanos muertos y la estudiante mexicana herida en los sucesos del 1 de marzo en un campamento de las FARC en Ecuador, atacado por la aviación colombiana.
El programa de reparación por vía administrativa contó con asesoría de expertos internacionales como el Centro de Justicia Transaccional del Gobierno español y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros.
La Corte Suprema de Justicia, entre tanto, ordenó la detención del senador Ricardo Elcure Chacón por presuntos nexos con paramilitares de derecha, con lo que ascendió a 32 la cifra de parlamentarios aprehendidos desde finales de 2006.
Por su parte, en declaraciones al diario O Estado de Sao Paulo, el general Augusto Ribeiro, comandante de la Amazonia brasileña, señaló que guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entran como “ciudadanos comunes” a Brasil para “abastecerse”.
Este martes la Corte Suprema de Justicia decidirá si el jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez (alias Macaco) debe ser extraditado a Estados Unidos y perder los beneficios que se le habían otorgado bajo el amparo de la ley 975 (de Justicia y Paz), bajo la cual se rigió la desmovilización de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Según los organismos de seguridad del Estado, alias Macaco dirigió desde la cárcel de Itagüí, en Antioquia, la conformación de una banda ilegal conocida como La Cordillera, que continuó los negocios de narcotráfico que el jefe ilegal manejaba desde antes de su desarme. La norma establecía que los ilegales que dejaran las armas e incumplieran su compromiso de no volver a delinquir no sólo perderían los beneficios penales sino que, en caso de tener en su contra procesos en algún país con el que Colombia tuviera tratado de extradición, podrían ser juzgados en el exterior.
Es por eso que en la audiencia de hoy la Corte Suprema determinará hasta qué punto es competente el presidente Álvaro Uribe para decidir si un ex combatiente pierde los beneficios de la ley, teniendo en cuenta que un magistrado de Justicia y Paz de Barranquilla señaló que Macaco aún está cobijado por la ley y que él es su juez natural para determinar si pierde o no los beneficios.
Hasta el momento Macaco, quien fue el jefe del Bloque Central Bolívar ha confesado a la Fiscalía haber ordenado 300 muertes durante su militancia en las AUC.
Nota de Clara Isabel Vélez, Milenio, 22 de abril.
0 Responses to "Indemnizará Uribe a víctimas de guerra"
Publicar un comentario