La Procuraduría General de la República anunció que inició la averiguación previa número AP/PGR/CHIH/CDJUA/VII/0074/2008 por los hechos ocurridos en el operativo realizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se registraron detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, además de incomunicar a los detenidos, y se impidió a los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ingresar a las instalaciones militares, con lo que cometieron un delito federal.
Por su parte, la CNDH solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional tomar medidas cautelares en favor de los habitantes de Chihuahua, incluidos los agentes de la Policía Ministerial que fueron “resguardados” en las instalaciones militares, con motivo de los operativos de lucha contra el crimen organizado.
La comisión denunció que durante las actuaciones del personal de la CNDH “un servidor público de las oficinas centrales de la PGR obstaculizó su labor y amenazó con iniciar una averiguación previa en su contra”.
También dio a conocer que de los detenidos, entre ellos 18 hombres y cuatro mujeres, éstas se encuentran ya en libertad.
Las quejas recibidas por la CNDH contra elementos castrenses son 11 (tres en la oficina regional de esa comisión en Ciudad Juárez y ocho remitidas, por razón de competencia, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua), en las que se imputan delitos como tratos crueles y/o degradantes, detenciones arbitrarias, retención ilegal e incomunicación de personas.
Las medidas precautorias fueron solicitadas por el término de 30 días, para que se garantice el respeto al derecho a la integridad física, a la seguridad jurídica y personal, así como al patrimonio de los habitantes de la entidad.
Los hechos en Ciudad Juárez ocurrieron el pasado 1 de abril, cuando servidores públicos, entre ellos agentes de la Policía Ministerial de la procuraduría de Chihuahua, fueron citados en las instalaciones de la Coordinación de Investigación Preventiva, Operaciones y Logística, a fin de aplicarles exámenes, sin embargo, fueron detenidos.
De acuerdo con la información proporcionada a la CNDH por parte de la Sedena, la PGR y la procuraduría estatal se conoce que la Procuraduría General de la República no tuvo conocimiento de estos hechos sino hasta la tarde de ayer, cuando las 22 personas “resguardadas” —18 hombres y cuatro mujeres— fueron puestas a su disposición.
Los agraviados manifestaron que les quitaron todas sus pertenencias —dinero, teléfonos celulares, identificaciones, tarjetas de crédito—, y en el caso de las mujeres, fueron despojadas de sus ropas, y a todos se les sometió a interrogatorios por militares encapuchados y dirigidos por una persona de nombre Juan Meza.
Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición de la representación social en calidad de presentados, sin que existiera una averiguación previa.
Los 22 agentes que fueron turnados al Ministerio Público Federal por parte del Ejército, fueron liberados al filo de las nueve de la noche al no encontrar elementos que los vincularan con la delincuencia organizada, “o con bandas del crimen organizado de Ciudad Juárez”, apuntó su abogado Juan Miramontes Caro.
Formal prisión a cinco soldados
Un juez federal dictó auto de formal prisión contra cinco elementos del Ejército mexicano, entre ellos un mayor de Justicia Militar, que se encontraban comisionados en el estado de Sinaloa y que brindaban información a los hermanos Héctor, Arturo y Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, identificados por Estados Unidos y México como los principales dirigentes de la organización criminal que integra Joaquín El Chapo Guzmán.
A los soldados se les detuvo el pasado 30 de enero, nueve días después de la captura de El Mochomo en Culiacán; posteriormente fueron arraigados en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, debido a que sus nombres aparecieron en documentos asegurados al cártel de Sinaloa.
Asimismo, un ex militar los señaló como las personas que ofrecían información a los hermanos Beltrán Leyva de cada una de las acciones que pretendía realizar las tropas de la novena zona militar contra la mencionada organización criminal.
Por esos hechos, la PGR integró la AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/025/2008, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, misma que consignó ante el juez séptimo de distrito de procesos penales federales con sede en el estado de Jalisco, quien libró la orden de aprehensión correspondiente y después los sujetó a proceso penal.
Los militares procesados son el mayor Francisco de Jesús Pérez Chávez, y los soldados Alberto Cortina Herrera, Humberto Ramiro López Cornejo, Ricardo Ramírez León y Humberto Solís Galicia.
Esposa defensora
En entrevista con MILENIO, Heidi Villegas, esposa de Jesús Pérez, denunció que se cometieron irregularidades en la detención de su marido.
De acuerdo con su versión, al mayor se le detuvo y trasladó a la Ciudad de México porque se encontró “su nombre escrito en una hoja durante el cateo en la casa de Alfredo Beltrán Leyva”.
Reveló que un ex militar de apellido Callejas, que era investigado por Pérez Chávez, declaró que éste recibía dinero de El Mochomo, situación, dijo, que es totalmente falsa, ya que se puede comprobar el estatus de vida que llevaba su esposo.
Por esta razón, Pérez Chávez pidió un careo con Callejas, pero esta petición le fue rechazada.
Al querer visitar a su esposo en la SIEDO, comentó que se le obligó a rendir una declaración y en ésta fue establecido que Villegas rechazó ser asistida por un abogado. Según ella, en ningún momento se le ofreció asistencia jurídica.
Incluso, declaró estar desconcertada por el actuar de las autoridades, pues el caso tenía que ser investigado por el fuero militar y no civil.
Villegas consideró que violaron las garantías individuales de su esposo porque con los supuestos elementos probatorios no se podía incriminar a un ciudadano.
Por otra parte, la Comisión de Defensa Nacional del Senado sostendrá un encuentro con el secretario de la Defensa, Guillermo Galván, para conocer qué ocurre en Ciudad Juárez, una vez que la CNDH denunció irregularidades. El priista Jorge Mendoza dijo, sin embargo, que el Congreso podría intervenir una vez que el ombudsman haya emitido su recomendación.
Si hay abusos, “alto al operativo”
••• Si comprueban abusos por parte de las fuerzas armadas durante el ejercicio de la Operación Chihuahua, habrá que poner “un alto en el camino” para evitar que se comentan atropellos y se violenten los derechos humanos de las personas detenidas o investigadas durante los operativos que se llevan a cabo en la entidad, por parte de las fuerzas federales, castrenses y policiales, afirmó José Reyes Baeza, gobernador del estado.
Al hablar sobre la denuncia hecha por José Luis Soberanes, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indicando que los soldados secuestraron a los policías detenidos, dijo que la Procuraduría de Justicia local sigue de cerca este proceso, para que aquellos agentes que resulten culpables, sean castigados conforme marca la ley y aquellos que se compruebe que son inocentes, puedan volver a sus puestos de trabajo, sin sanción alguna.
“Nosotros no podemos prejuzgar y vamos a estar muy pendientes para que en el proceso de investigación, que lo queremos en términos de saneamiento, no se cometan excesos o arbitrariedades”, dijo. (Chihuahua • Juan José García y Miguel Torres)
Por su parte, la CNDH solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional tomar medidas cautelares en favor de los habitantes de Chihuahua, incluidos los agentes de la Policía Ministerial que fueron “resguardados” en las instalaciones militares, con motivo de los operativos de lucha contra el crimen organizado.
La comisión denunció que durante las actuaciones del personal de la CNDH “un servidor público de las oficinas centrales de la PGR obstaculizó su labor y amenazó con iniciar una averiguación previa en su contra”.
También dio a conocer que de los detenidos, entre ellos 18 hombres y cuatro mujeres, éstas se encuentran ya en libertad.
Las quejas recibidas por la CNDH contra elementos castrenses son 11 (tres en la oficina regional de esa comisión en Ciudad Juárez y ocho remitidas, por razón de competencia, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua), en las que se imputan delitos como tratos crueles y/o degradantes, detenciones arbitrarias, retención ilegal e incomunicación de personas.
Las medidas precautorias fueron solicitadas por el término de 30 días, para que se garantice el respeto al derecho a la integridad física, a la seguridad jurídica y personal, así como al patrimonio de los habitantes de la entidad.
Los hechos en Ciudad Juárez ocurrieron el pasado 1 de abril, cuando servidores públicos, entre ellos agentes de la Policía Ministerial de la procuraduría de Chihuahua, fueron citados en las instalaciones de la Coordinación de Investigación Preventiva, Operaciones y Logística, a fin de aplicarles exámenes, sin embargo, fueron detenidos.
De acuerdo con la información proporcionada a la CNDH por parte de la Sedena, la PGR y la procuraduría estatal se conoce que la Procuraduría General de la República no tuvo conocimiento de estos hechos sino hasta la tarde de ayer, cuando las 22 personas “resguardadas” —18 hombres y cuatro mujeres— fueron puestas a su disposición.
Los agraviados manifestaron que les quitaron todas sus pertenencias —dinero, teléfonos celulares, identificaciones, tarjetas de crédito—, y en el caso de las mujeres, fueron despojadas de sus ropas, y a todos se les sometió a interrogatorios por militares encapuchados y dirigidos por una persona de nombre Juan Meza.
Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición de la representación social en calidad de presentados, sin que existiera una averiguación previa.
Los 22 agentes que fueron turnados al Ministerio Público Federal por parte del Ejército, fueron liberados al filo de las nueve de la noche al no encontrar elementos que los vincularan con la delincuencia organizada, “o con bandas del crimen organizado de Ciudad Juárez”, apuntó su abogado Juan Miramontes Caro.
Formal prisión a cinco soldados
Un juez federal dictó auto de formal prisión contra cinco elementos del Ejército mexicano, entre ellos un mayor de Justicia Militar, que se encontraban comisionados en el estado de Sinaloa y que brindaban información a los hermanos Héctor, Arturo y Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, identificados por Estados Unidos y México como los principales dirigentes de la organización criminal que integra Joaquín El Chapo Guzmán.
A los soldados se les detuvo el pasado 30 de enero, nueve días después de la captura de El Mochomo en Culiacán; posteriormente fueron arraigados en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, debido a que sus nombres aparecieron en documentos asegurados al cártel de Sinaloa.
Asimismo, un ex militar los señaló como las personas que ofrecían información a los hermanos Beltrán Leyva de cada una de las acciones que pretendía realizar las tropas de la novena zona militar contra la mencionada organización criminal.
Por esos hechos, la PGR integró la AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/025/2008, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, misma que consignó ante el juez séptimo de distrito de procesos penales federales con sede en el estado de Jalisco, quien libró la orden de aprehensión correspondiente y después los sujetó a proceso penal.
Los militares procesados son el mayor Francisco de Jesús Pérez Chávez, y los soldados Alberto Cortina Herrera, Humberto Ramiro López Cornejo, Ricardo Ramírez León y Humberto Solís Galicia.
Esposa defensora
En entrevista con MILENIO, Heidi Villegas, esposa de Jesús Pérez, denunció que se cometieron irregularidades en la detención de su marido.
De acuerdo con su versión, al mayor se le detuvo y trasladó a la Ciudad de México porque se encontró “su nombre escrito en una hoja durante el cateo en la casa de Alfredo Beltrán Leyva”.
Reveló que un ex militar de apellido Callejas, que era investigado por Pérez Chávez, declaró que éste recibía dinero de El Mochomo, situación, dijo, que es totalmente falsa, ya que se puede comprobar el estatus de vida que llevaba su esposo.
Por esta razón, Pérez Chávez pidió un careo con Callejas, pero esta petición le fue rechazada.
Al querer visitar a su esposo en la SIEDO, comentó que se le obligó a rendir una declaración y en ésta fue establecido que Villegas rechazó ser asistida por un abogado. Según ella, en ningún momento se le ofreció asistencia jurídica.
Incluso, declaró estar desconcertada por el actuar de las autoridades, pues el caso tenía que ser investigado por el fuero militar y no civil.
Villegas consideró que violaron las garantías individuales de su esposo porque con los supuestos elementos probatorios no se podía incriminar a un ciudadano.
Por otra parte, la Comisión de Defensa Nacional del Senado sostendrá un encuentro con el secretario de la Defensa, Guillermo Galván, para conocer qué ocurre en Ciudad Juárez, una vez que la CNDH denunció irregularidades. El priista Jorge Mendoza dijo, sin embargo, que el Congreso podría intervenir una vez que el ombudsman haya emitido su recomendación.
Si hay abusos, “alto al operativo”
••• Si comprueban abusos por parte de las fuerzas armadas durante el ejercicio de la Operación Chihuahua, habrá que poner “un alto en el camino” para evitar que se comentan atropellos y se violenten los derechos humanos de las personas detenidas o investigadas durante los operativos que se llevan a cabo en la entidad, por parte de las fuerzas federales, castrenses y policiales, afirmó José Reyes Baeza, gobernador del estado.
Al hablar sobre la denuncia hecha por José Luis Soberanes, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indicando que los soldados secuestraron a los policías detenidos, dijo que la Procuraduría de Justicia local sigue de cerca este proceso, para que aquellos agentes que resulten culpables, sean castigados conforme marca la ley y aquellos que se compruebe que son inocentes, puedan volver a sus puestos de trabajo, sin sanción alguna.
“Nosotros no podemos prejuzgar y vamos a estar muy pendientes para que en el proceso de investigación, que lo queremos en términos de saneamiento, no se cometan excesos o arbitrariedades”, dijo. (Chihuahua • Juan José García y Miguel Torres)
Nota de Eugenia Jiménez Rubén Mosso, Angélica Mercado y Juan José García Amaro, Milenio, 4 de abril.
0 Responses to "Investiga la PGR abusos militares en Chihuahua"
Publicar un comentario