Antes de cualquier propuesta de reforma energética, la Comisión Federal de Competencia (CFC) abrió la puerta a una mayor permanencia de los actuales contratistas y proveedores de Petróleos Mexicanos (Pemex), nacionales y extranjeros, al autorizar la asignación de contratos multianuales en las obras y servicios por adjudicación pública o mediante invitación directa.
Por medio de la dirección corporativa de Finanzas, Pemex pidió a la CFC su opinión sobre la “justificación de que los contratos plurianuales no afectarán negativamente la competencia económica”, así como la “interpretación” de ese mecanismo al amparo del artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La respuesta de la CFC fue enviada el 3 de marzo a la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex. La opinión sobre los contratos plurianuales, de la que se tiene copia, resultó “favorable”.
La asignación de contratos es uno de los procesos más criticados de la paraestatal, por la concentración en unos cuantos proveedores (sólo las trasnacionales Halliburton y Schlumberger concentran más de 500 contratos vigentes, según información de la paraestatal) y donde hasta el sindicato de Pemex participa como proveedor de obras y servicios, así como por la supuesta corrupción que se genera en este ámbito.
De acuerdo con el oficio de respuesta a Pemex, la CFC observó con buenos ojos los contratos plurianuales, con la advertencia de que “la presente no prejuzga sobre aspectos de otra índole que esta disposición pudiera tener, toda vez que no son competencia de esta autoridad”.
No obstante esa perspectiva, la CFC advirtió que este tipo de mecanismos “pueden facilitar una mayor continuidad en la actividad de las empresas” y “bajo ciertas circunstancias este tipo de contratos podrían reducir el número de participantes y los niveles de competencia”, se reconoce en la resolución.
Desde el punto de vista del organismo antimonopolios, “el objetivo principal de la política de gasto público debe ser la adquisición de bienes o servicios de manera eficiente, en términos de seleccionar al proveedor que ofrezca las mejores condiciones de precio y calidad. Por ello, es importante que los procesos de contratación de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos o servicios que realizan los ejecutores de gasto se realicen mediante un procedimiento competitivo como la licitación pública, que garantice resultados eficientes”.
En el caso particular de los contratos plurianuales, la CFC consideró que, de forma general “no restringen la competencia y la libre concurrencia en los procesos de contratación de obra pública, adquisiciones, arrendamientos o servicios”. Agregó que “en diversas circunstancias estos contratos podrían promover un ambiente de mayor competencia ya que, por ejemplo, pueden facilitar una mayor continuidad en la actividad de las empresas y el gobierno”.
Por medio de la dirección corporativa de Finanzas, Pemex pidió a la CFC su opinión sobre la “justificación de que los contratos plurianuales no afectarán negativamente la competencia económica”, así como la “interpretación” de ese mecanismo al amparo del artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La respuesta de la CFC fue enviada el 3 de marzo a la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex. La opinión sobre los contratos plurianuales, de la que se tiene copia, resultó “favorable”.
La asignación de contratos es uno de los procesos más criticados de la paraestatal, por la concentración en unos cuantos proveedores (sólo las trasnacionales Halliburton y Schlumberger concentran más de 500 contratos vigentes, según información de la paraestatal) y donde hasta el sindicato de Pemex participa como proveedor de obras y servicios, así como por la supuesta corrupción que se genera en este ámbito.
De acuerdo con el oficio de respuesta a Pemex, la CFC observó con buenos ojos los contratos plurianuales, con la advertencia de que “la presente no prejuzga sobre aspectos de otra índole que esta disposición pudiera tener, toda vez que no son competencia de esta autoridad”.
No obstante esa perspectiva, la CFC advirtió que este tipo de mecanismos “pueden facilitar una mayor continuidad en la actividad de las empresas” y “bajo ciertas circunstancias este tipo de contratos podrían reducir el número de participantes y los niveles de competencia”, se reconoce en la resolución.
Desde el punto de vista del organismo antimonopolios, “el objetivo principal de la política de gasto público debe ser la adquisición de bienes o servicios de manera eficiente, en términos de seleccionar al proveedor que ofrezca las mejores condiciones de precio y calidad. Por ello, es importante que los procesos de contratación de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos o servicios que realizan los ejecutores de gasto se realicen mediante un procedimiento competitivo como la licitación pública, que garantice resultados eficientes”.
En el caso particular de los contratos plurianuales, la CFC consideró que, de forma general “no restringen la competencia y la libre concurrencia en los procesos de contratación de obra pública, adquisiciones, arrendamientos o servicios”. Agregó que “en diversas circunstancias estos contratos podrían promover un ambiente de mayor competencia ya que, por ejemplo, pueden facilitar una mayor continuidad en la actividad de las empresas y el gobierno”.
Nota de Víctor Cardoso, La Jornada, 24 de abril.
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